El gobierno de Santa Fe reglamentó la ley provincial número 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el decreto 619/10, informaron hoy fuentes oficiales.
Con la reglamentación, la norma tendrá operatividad y será más sencilla su aplicación, ya que se regularon procedimientos para lograr una real protección de la infancia y la adolescencia santafesina.
Los voceros aclararon que la ley estaba en plena vigencia desde su publicación y que cumple acabadamente con todos los requerimientos emanados de la Convención Internacional de Derechos del Niño y de la ley nacional número 26.061.
En términos generales, la ley brinda un amplio marco de derechos para los niños, niñas y adolescentes, hasta los 18 años.
Además de reconocer formalmente los derechos de los que son titulares las niñas, niños y adolescentes, la ley define los criterios y modos de actuación del Estado provincial adecuados al modelo de protección integral de derechos.
El gobierno provincial llevó adelante el proceso de reglamentación de la ley de manera conjunta con los ámbitos institucionales que tienen responsabilidades y competencias específicas a la hora de garantizar los derechos de la infancia.
Se trata de municipios, escuelas, efectores de salud, de seguridad, jueces de Familia y de Menores, entre otras organizaciones de la sociedad civil.
Por ello, a partir del mes de mayo de 2009, se formalizaron espacios de participación institucional, además de crearse un sitio web para recepcionar aportes a la reglamentación de la ley.
La importancia de la complejidad de la ley provincial 12.967, al igual que la ley nacional 26.061, radica en que rompe con el paradigma del patronado instaurado desde hace casi 90 años en el país e instaura el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta transformación implica generar un modo completamente distinto de trabajo, junto con el Poder Judicial, la Policía y con todos los actores que se relacionan con la infancia.
También supone desarmar un circuito que involucraba a los juzgados de Menores, la Policía y los hogares de internación; y pensar alternativas donde la institucionalización del niño en un hogar sea el último recurso.
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