Los colegios de jueces de primera y segunda instancia se reunirán esta mañana con un tema urgente en agenda: la Cámara de Diputados de la provincia sesionó por última vez el jueves y no sancionó la llamada ley de herramientas, que contiene los últimos detalles normativos imprescindibles para que el 10 de febrero entre en vigencia el nuevo sistema de enjuiciamiento penal.
Es probable que tras la reunión se dé a conocer un documento con un fuerte reclamo de los magistrados del fuero penal, desde el jueves a la noche en alerta porque la ley, que tiene media sanción del Senado provincial, se traspapeló de la agenda de los Diputados.
Además, fuentes del gobierno provincial confirmaron a El Ciudadano que hoy mismo el gobernador enviará una nota a la Legislatura solicitando que los diputados sesionen una vez más por este tema. Además, desde el viernes hubo intensas conversaciones de miembros de la Corte Suprema con legisladores y el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, para ponerlos al tanto de la necesidad de conseguir el aval a esa ley, que si bien la giró el Ejecutivo, tiene respaldo total del máximo tribunal de la provincia.
En Tribunales creen que uno de los motivos que relegaron el tratamiento de la ley es el lobby de los colegios de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santa Fe y Rosario, cuyas autoridades objetan uno de los cuatro puntos centrales que trata el proyecto de ley. No es que los diputados le hicieran lugar a sus planteos, pero ante la duda prefirieron estudiarlo con más detenimiento, sin saber que de no aprobarse ahora estarían paralizando la implementación del Código procesal Penal.
El punto que objetan ambos colegios es el que refiere al rol de los actuales secretarios de juzgados en el futuro sistema. En la actualidad, esos secretarios son fedatarios de las audiencias cuando el juez no está presente. A partir de que todo el sistema de enjuiciamiento cambia y los juicios y audiencias previas pasan a ser orales y públicas con registro digital, esa labor de fedatarios de los secretarios ya no tiene sentido. Además, de ahora en más toda la información necesaria la producen las partes.
Por lo tanto la ley a aprobar dice que los secretarios se desempeñarán en la tramitación de las causas residuales del viejo sistema hasta que éstas se extingan. Y que cuando esto ocurra podrán optar por desempeñarse como defensores adjuntos o pasar a integrar la Oficina de Gestión Judicial, que reunirá de forma centralizada buena parte de las labores que antes hacía cada secretario en su juzgado. De hacerse lugar al planteo de los colegios se necesitarían sumar más de 70 secretarios.
Tanto este, como los demás temas incluidos en el proyecto de ley (sistema de recusación de jueces, audiencias imputativas) requieren aprobación antes de que termine el año.
La reunión de los colegios de jueces de primera y segunda instancia del fuero penal es justamente para alertar a la Legislatura sobre lo trascendente de la norma y la imposibilidad de implementar el nuevo Código Procesal Penal a partir del 10 de diciembre, fecha fijada por el gobernador Bonfatti por decreto y con acuerdo del Poder Judicial.
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