Ezequiel Nieva
Los diputados del Frente Progresista esperan señales del gobernador Miguel Lifschitz para decidir los próximos pasos en torno al tratamiento legislativo del proyecto de reforma de la Constitución provincial. Ante las demoras en las comisiones a las que fue asignada la iniciativa, se reunieron este jueves en la Legislatura para analizar el tema y esperan una convocatoria por parte del mandatario provincial, principal impulsor de la reforma.
El proyecto quedó trabado en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados luego de obtener dictamen favorable en Asuntos Constitucionales. La segunda de las cinco comisiones que deben estudiarlo está presidida por el socialista Julio Garibaldi, pero allí el oficialismo no tiene mayoría y requiere de un acuerdo con la oposición para darle dictamen al proyecto.
“Es un tema muy trascendente y lo estamos analizando permanentemente”, señaló el socialista Eduardo Di Pollina, uno de los jefes del interbloque del Frente Progresista. “La reforma constitucional la ha jerarquizado el gobierno así que siempre es materia de análisis. En algún momento nos vamos a tener que reunir con el gobernador para analizar el tema”.
Aunque las demoras en las comisiones alejan la posibilidad de que la reforma se realice durante 2018, para el oficialismo el tema no está caído. “Un proyecto de semejante trascendencia requiere de consenso entre todos los bloques políticos, eso es inevitable. Y lo que ocurre en las comisiones es un reflejo de la posición política que tiene cada bloque”, evaluó Di Pollina.
“El problema no está en las comisiones, sino en el hecho de que el proyecto tenga el suficiente consenso para que pueda ser tratado en tiempo y forma. Cuando un tema se demora en alguna comisión, es porque lo están analizando y hay bloques que prefieren estudiarlo detenidamente. Si esto tuviera un consenso unánime, ya lo estaríamos tratando”, agregó.
Para lograr la reforma durante 2018, el gobierno necesitaba la sanción de la ley que declara la necesidad de actualizar la Carta Magna durante el primer semestre del año. Eso no ocurrió y los tiempos se dilatarán aún más ante la decisión de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados que de convocar a cuatro reuniones informativas para analizar el tema (la primera se hizo el miércoles, la segunda será la semana que viene y las otras dos recién después del receso invernal, ya en agosto).
“Son los tiempos de la política”, consideró Di Pollina. Y lanzó un mensaje a la oposición: “En algún momento habrá que tomar alguna decisión política. Por supuesto, estamos en consulta permanente con el gobernador y en función de lo que vayamos hablando vamos a resolver; la idea es llegar a alguna síntesis en algún momento”.
—¿Esperaban que los sectores de la oposición que antes se manifestaban a favor de la reforma luego acompañaran el proyecto?
—Reformistas son todos los bloques y esto ocurrió durante todos los períodos de los gobiernos peronistas y del Frente Progresista. El proyecto de reforma constitucional siempre fue un anhelo de todos los gobiernos. Pero son proyectos que requieren mucho consenso y coincidencias, no es un proyecto más. Nadie está en contra de una reforma constitucional. Pero hay que ver los tiempos, los contenidos.
“Atraviesa dificultades”
El otro jefe del interbloque oficialista, Rubén Galassi, reconoció “las dificultades que atraviesa el proceso de reforma a partir de que sectores de la oposición utilizan mecanismos para demorar su tratamiento”, pero negó que el tema esté terminado: “Si no se puede dar en los próximos meses, seguiremos insistiendo en la necesidad de avanzar en un proyecto de reforma y la realidad política determinará cuándo se hará”.
Para sancionar la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional el gobierno necesita del voto positivo de los dos tercios de cada cámara, por lo cual es clave el apoyo de al menos una parte de la oposición para llegar a ese número. “Hay que tener un acuerdo prácticamente con todos los actores políticos”, admitió el diputado socialista.
“De ninguna manera bregamos por no tratar la reforma. No nos damos por vencidos, aunque se nos está haciendo difícil”, concluyó Galassi.
La Asamblea se volvió a quedar sin quórum
Por tercera vez al hilo, fracasó por falta de quórum la sesión de la Asamblea Legislativa en la que se debía discutir el nuevo reglamento para el control y la sanción de los fiscales y defensores del nuevo sistema penal. Solo los legisladores del interbloque Igualdad y dos diputadas del Frente Progresista dieron el presente a la hora de la convocatoria.
La asamblea había sido convocada para debatir el reglamento de sanciones para los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal: un tema que se viene discutiendo desde el año pasado a raíz del escándalo que envolvió al ministro Maximiliano Pullaro cuando se filtraron escuchas telefónicas en el marco de una investigación judicial por irregularidades en la Policía.
La comisión bicameral de Acuerdos, a raíz de las implicancias de ese caso, empezó a discutir un mecanismo de sanciones para fiscales y defensores, pero hasta el momento no se logró acuerdo para votarlo en asamblea.
Las últimas dos semanas también fue convocada la asamblea para votar los pliegos de los postulantes al Tribunal de Cuentas. Tampoco sesionó en esas ocasiones, pero fue por el faltazo masivo de legisladores del oficialismo. Esos pliegos quedaron aprobados sin debate ni votación.
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