Ezequiel Nieva
Con el envío del proyecto de reforma constitucional a la Legislatura, el gobernador Miguel Lifschitz inició una carrera contra el tiempo. Los plazos que prevé el propio proyecto para la elección de convencionales –siempre que las cámaras primero aprueben la necesidad de la reforma– son muy ajustados; para lograr su cometido, el gobierno necesita que la ley sea sancionada dentro del primer semestre del año.
La sanción de la ley en la Legislatura es el primer paso hacia la reforma. Una vez promulgada la norma, corre un plazo de 120 días (cuatro meses) para la elección de convencionales constituyentes (el día de esa elección lo fija el Ejecutivo provincial) y luego hay un plazo máximo de 60 días para que sesione la convención.
En el proyecto se establece que la elección de los convencionales (69 en total, con criterio de paridad de género y lista de distrito único) “no podrá coincidir con otra elección”. En otros términos: la reforma sólo será posible si la ley se aprueba entre mayo y junio. En febrero de 2019 comenzará formalmente el proceso electoral provincial con la inscripción de las listas para las primarias de abril.
Ingreso formal
En primer lugar, si bien el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados el lunes 16 de abril, se le dará ingreso formal recién el jueves 3 de mayo, en la primera sesión ordinaria del año luego del mensaje del gobernador a la asamblea legislativa del 1º de mayo. Recién el 3 de mayo el proyecto tendrá estado parlamentario y será girado, en principio, a tres comisiones: Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Derechos y Garantías.
A partir de allí comenzará el debate en comisiones sobre los cambios que pretende introducir el gobierno en la Carta Magna vigente desde 1962. Para la sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma se necesita el voto de los dos tercios de cada cámara. El Frente Progresista no cuenta con esos números y deberá negociar con la oposición si pretende avanzar con el proyecto.
En la Cámara de Diputados, el gobierno cuenta con 25 votos propios, entre socialistas y aliados. Y requiere de 34 para darle media sanción a la iniciativa. Hasta el momento el único espacio que se expresó con claridad en contra de la reforma es el Partido del Progreso Social, que cuenta con un solo diputado: Héctor Cavallero. El resto de las fuerzas –Cambiemos, el PJ y el interbloque Igualdad– se manifestaron reformistas pero han sido muy críticos respecto del “apuro” del gobierno en lograr una reforma constitucional con reelección incluida.
Tampoco la tiene fácil Lifschitz en el Senado, donde el Frente Progresista cuenta con ocho representantes (seis radicales y dos socialistas) deberá negociar con la oposición para conseguir los dos tercios. El interbloque del PJ, que tiene 11 bancas en el Senado y muy buena relación con la Casa Gris, tiene la llave para la segunda parte del trámite legislativo. Contra reloj, el Ejecutivo deberá lograr ambos acuerdos en apenas dos meses.
Listas con caras conocidas
La propia ley que declara la necesidad de la reforma constitucional fija cómo será el procedimiento. La elección de convencionales constituyentes se hará por distrito único. Eso significa que todos los ciudadanos de la provincia elegirán entre las mismas listas, como ocurre con la elección del gobernador y los diputados provinciales.
La elección de convencionales se realizará sin primarias. Cada partido o frente deberá presentar una sola lista de 69 candidatos titulares y en la composición de la nómina se deberá respetar el criterio de paridad de género: un candidato varón y una candidata mujer en forma alternada.
El reparto de las 69 bancas de la Convención Reformadora se hará de acuerdo al sistema D’Hondt (proporcional a la cantidad de votos de cada partido) entre todas las listas que hayan superado el umbral del 1,5 por ciento del total del padrón electoral. En las listas habrá muchas caras conocidas, ya que el cargo de convencional es compatible con cualquier otro cargo nacional, provincial o municipal.
La fecha de la elección de convencionales la determinará el gobierno y deberá ser dentro de los 120 días a partir de la promulgación de la ley “y no podrá coincidir con elección alguna”, según establece el proyecto. Son cuatro meses que corren a partir de la sanción, por la Legislatura , de la necesidad de la reforma.
Si sale la ley, el resto del proceso será en tiempos muy acotados. El proyecto determina que “la Convención Reformadora se instalará en la ciudad de Santa Fe e iniciará su labor dentro de los 10 días posteriores a las elecciones generales de convencionales constituyentes y finalizará sus sesiones a los 40 días de su instalación, pudiendo prorrogar el término de su duración una sola vez y por la mitad del plazo fijado”. Dicho de otro modo: la Convención Reformadora tiene un máximo de dos meses para definir el nuevo texto de la Constitución provincial.
Convención Reformadora
La Convención Reformadora tiene similitudes y diferencias con la Asamblea Legislativa. Esta última, que tiene entre otras potestades la de designar jueces, fiscales y defensores, se compone por la totalidad de los diputados (50) y los senadores provinciales (19). En cambio, la Convención Reformadora se integra con 69 miembros electos en forma directa por la ciudadanía a través de una sola elección de distrito único.
Para zanjar los posibles problemas de falta de representación territorial, el proyecto que envió el gobierno a la Legislatura establece que los partidos o frentes políticos deberán incluir en sus listas a por lo menos un candidato con residencia en cada departamento de la provincia. Con esa disposición se busca otorgar una representación mínima a los departamentos con menor población.
