Ciudad, Edición Impresa

Diciembre trágico

Recuerdos de la represión policial y la investigación

El Ciudadano recuperó la pesquisa realizada por el entonces juez Barbero durante el 19 y el 20 de diciembre.


Hace 17 años, mientras muchos miraban absortos por televisión cómo Fernando De la Rúa se alejaba de la presidencia de la Nación en un helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada, la muerte y el caos habían ganado las calles. Rosario fue la ciudad que más sangre dejó en el asfalto, ya que de las 33 muertes que se produjeron en todo el país, siete fueron en las calles rosarinas y dos en la ciudad de Santa Fe, una cifra escalofriante si se tiene en cuenta la cantidad de habitantes. Las cacerolas se hicieron escuchar por primera vez y al clamor de los habitantes de la periferia que reclamaban comida, la clase media tomó las calles que siguieron transitando por el anuncio del corralito financiero que acabó con sus ahorros. Mientras tanto una de las víctimas de la masacre recorría un estrecho camino hacia la inmortalidad. Se trata de Claudio “Pocho” Lepratti, quien desde el techo de una escuela alcanzó a gritar antes de que un disparo terminara con su vida: “No tiren que acá sólo hay pibes comiendo”. Primero, el dibujo de su bicicleta y las hormigas que lo representan se apoderaron de las paredes de la ciudad hasta convertirse en un ícono reconocible por un ciudadano incauto. Y la empecinada tarea de sus herederas hormigas de pintar hasta el hartazgo el nombre del Pocho por encima de donde figura la calle presidente Roca. Fue el gran ícono de la muerte injusta, pero también la manera de mantener viva en la memoria para siempre la masacre y el incansable intento de pedir justicia y de decir una vez más Nunca Más.

Para que los crímenes no quedaran impunes, gremios, Organizaciones No Gubernamentales y de Derechos Humanos formaron una comisión investigadora que se encargó de juntar información para saber qué paso y de investigar la responsabilidad política de los funcionarios del Gobierno. Si bien tres de los casos fueron esclarecidos en Rosario, nunca se investigó la responsabilidad política de los gobernantes.

Entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 Rubén Pereyra, Yanina García, Juan Delgado, Walter Campos, Claudio Pocho Lepratti, y Ricardo Villalba fueron asesinados en Rosario, mientras que Graciela Acosta corría la misma suerte en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Sólo las muertes de Lepratti y Acosta lograron una condena, mientras que el caso de Walter Campos fue esclarecido, pero no hubo condena hacia el policía que lo mató.

Deudas

Al calor de un nuevo gobierno en la provincia con un signo diferente al que gobernó Santa Fe desde el 83 hasta el 2007, la comisión investigadora se reunió varias veces con el ex gobernador Hermes Binner, a quien la imagen del Pocho Lepratti lo acompañó en gran parte de su campaña. Fue también este cambio lo que llevó a las organizaciones a esperanzarse en lograr justicia. En la ciudad de Santa Fe se inició una causa a partir de una denuncia sobre la responsabilidad política del entonces gobernador Carlos Reutemann y los funcionarios de su cartera, pero no hubo avances. Otras de las cuentas pendientes tienen que ver con la actuación de la Fiscalía de Estado durante todo el proceso. Para muchos críticos del reutemismo además de la reparación económica a familiares debía haber una solución política. Sólo como ejemplo, la defensa de los policías que mataron a Lepratti pidió a través de la Fiscalía de Estado que se los absuelva.

La pesquisa local

El juez que investigó en Rosario los siete homicidios que se sucedieron en esos días en su jurisdicción es Edgardo Barbero. El mismo en el cual recayó el homicidio del sindicalista Abel Beroiz, otras de las causas calientes en Rosario, y las de causas por los saqueos de 1989. Sobre ese año el magistrado confesó en una entrevista concedida a 7 años de la masacre que fue difícil actuar ante la enorme dificultad emergente de una situación social caótica, con una multitud de personas actuando simultáneamente. Se tornó complejo, insistió Barbero, dar directivas relacionadas con los sumarios de prevención y de los eventuales excesos policiales.

Después de los hechos, comenzó la investigación. Primero había que identificar a los autores de los disparos. En la causa de Lepratti fueron procesados dos policías y uno de ellos, el agente Esteban Velázquez, fue condenado por el crimen a 14 años de prisión. Hoy Velázquez recuperó la libertad, vive en Arroyo Seco y milita en el PRO.

En el homicidio de Graciela Acosta, se estableció gracias al proyectil que salió del arma del policía Luis Armando Quiroz. Cuando la sentencia contra Quiroz quedó firme, ya que fue motivo de apelaciones y terminó resolviendo la Cámara Penal, Barbero avanzó sobre el encubrimiento. Después de siete años la Justicia procesó a los policías José Abraham y Alberto Sifredi, ambos a cargo de la comisaría 29a de Villa Gobernador Gálvez, por encubrir a Quiroz en el caso Acosta.

El tercer caso que tomó Barbero fue el de Walter Campos, asesinado por un francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) en defensa de otro policía, versión que fue apelada por los familiares del joven. El juez había dicho tras la pesquisa que “fue un delito común en el marco del saqueo. Mientras la gente hacía cola para comer, había gente armada. Fue un francotirador el que lo mata y no hubo condena”, recordó Barbero. Según el ex juez también se investigaron la gran cantidad de heridos y lesionados que se produjeron en esos días, casos que en su mayoría terminaron en juzgado correccional. “Hubo gente con mucha necesidad, y gente que no necesitaba y aprovechó la oportunidad. No hubo muchos saqueos, pero el costo que se pagó fue muy alto”, sostuvo Barbero en una entrevista realizada tras años de investigación.

Sobre la responsabilidad que le cabe a las autoridades en las muertes, Barbero fue tajante: “Sostengo por cuestiones doctrinarias que una cosa es la responsabilidad política y otra la responsabilidad delictual. Sino se acredita que ellos mandaron a matar a esas personas tienen responsabilidad política, pero no penal”.

La muerte y la tuna

Entre el 19 by el 20 de diciembre de 2001 Rubén Pereyra, Yanina García, Juan Delgado, Walter Campos, Claudio Pocho Lepratti,  Ricardo Villalba y Graciela Acosta  fueron asesinados . Sólo las muertes de Lepratti y Acosta lograron una condena, mientras que el caso de Walter Campos fue esclarecido, pero no hubo condena hacia el policía que lo mató. En Cabal y Olivé, donde fue asesinado Walter Campos se pintó un mural hace siete años. Un tío de Walter Campos, llegó desde el Chaco, de donde es oriunda toda la familia y trajo con él una hoja de tuna que colocó en la tumba del chico a modo de despedida. Esa tuna creció, Y cuando trasladaron el cuerpo de Walter para que los siete estuviesen juntos, la tuna quedó lejos pero siguió creciendo.

Actos a 15 años de la masacre

A 15 años de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que dejó nueve personas asesinadas en la provincia de Santa Fe, Rosario es sede de los actos para recordar las víctimas y exigir justicia.

Familiares y organizaciones sociales, políticas y gremiales se concentraron en la puerta de los Tribunales provinciales ayer a la mañana. Entre los oradores estuvo Celeste, concejal y hermana de Claudio “Pocho” Lepratti, uno de los símbolos de la resistencia en el diciembre trágico, que marcó el final del gobierno de Fernando De la Rúa.

Durante la tarde se realizó una marcha desde la plaza San Martín al Monumento a la Bandera, en donde se desarrolló un festival donde actuaron con distintas bandas.

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