La jueza Hebe Marcogliese resolvió rechazar el habeas corpus interpuesto por el Defensor Provincial, Gabriel Ganón, en favor del adolescente B.F, quien desde el año pasado sufre permanente acoso y violencia institucional por parte de miembros de la fuerza policial de Santa Fe y sobre quien pesa a favor una medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien, entre otras cuestiones, solicitó al Estado provincial que evite continuar con los hostigamientos hacia el joven.
El viernes último, Ganón fue anoticiado por la familia de B.F sobre la detención por parte del personal policial del adolescente mientras repartía bolsas de residuo en el barrio junto a su primo, derivándolo a la comisaría 13ª para averiguar sus antecedentes. A las 17 fue liberado tal como lo informó la familia del adolescente.
Ganón, amparándose en estándares constitucionales, de pactos internacionales de Derechos Humanos y de la medida cautelar dispuesta por la CIDH en mayo pasado, interpuso un habeas corpus preventivo, a los fines de evitar que continúe profundizándose el estado de desamparo y persecución que sufre el joven.
Desde la Defensoría sostiene que más allá de la medida cautelar ordenada por la CIDH y el fallo del juez Alejandro Negroni, quien había ordenado que cese el acoso contra B.F, la magistrada Hebe Marcogliese resolvió rechazar de forma “in limine”, sin audiencia oral y pública, sin fundamentos y dando por cierta la palabra de la Policía, quien sólo presentó un escueto informe aclarando que el joven no había sido detenido y no pesaba sobre él ningún pedido de captura. “El fallo resume la ilegalidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad del mismo sin más”, afirman desde la Defensoría.
“Esta actitud sistemática de parte de jueces penales que rechazan habeas corpus de esta forma, muestra a las claras el poco apego que manifiestan ante la Constitución Nacional, Provincial y los tratados internacionales de Derechos Humanos. De esta forma, violan los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, el Pacto de Derechos, Civiles y Políticos, entre otros”, afirman.
Y agregan que toda detención debe estar justificada, incluso la detención por averiguación de antecedentes. Asimismo, sostienen desde la Defensoría, esta detención debe ser controlada judicialmente. “El artículo 13 de la Ley Nacional de Habeas Corpus (23.098) y el artículo 377 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe (12.734) son realmente claros cuando especifican que deberá citarse a audiencia oral para que comparezca la autoridad requerida y el denunciante a los fines de que se lea el recurso y los informes pertinentes sobre la detención del adolescente”, aseguran.
“Marcogliese solicitó un informe a la Unidad Regional II requiriendo el estado de situación del adolescente, en cuanto a si fue detenido o no. La autoridad requerida contestó que no había sido detenido ese día ni se encontraba librada orden de captura alguna contra B.F. Esta actitud mostrada por la jueza, es paralela a la que desarrollaban los magistrados de la última dictadura cívico militar, quienes ante los habeas corpus interpuestos en favor de personas que se encontraban desaparecidas, rechazaban de forma “in limine” las presentaciones con el solo informe policial, sin escuchar los desesperados pedidos de los familiares de las víctimas”, analizan desde el Ministerio Público de la Defensa.
“La jueza Hebe Marcogliese debería haber llamado a audiencia oral y pública para discernir bajo qué circunstancias había sido detenido B.F a los fines de que pueda tomarse contacto con los informes brindados por el personal policial”, sostienen.
Y recordaron que el Juez Penal Alejandro Negroni, había resuelto hacer lugar a un recurso de habeas corpus interpuesto por la Defensa Pública en diciembre de 2015 en favor del adolescente en cuestión. Previo a aquella resolución, el recurso había sido inicialmente rechazado de forma “in limine” y sin audiencia por el Juez Hernán Postma. Luego de presentada la apelación, el Juez de Cámara, Dr. Daniel Acosta revocó la grosera decisión de 1era. Instancia y ordenó que sea realizada la audiencia con todas las partes presentes. El 21 de junio de este año se celebró la mencionada audiencia donde quedó claro que B.F había sido detenido ilegalmente aquel día.
Desde el año pasado este Ministerio Público de la Defensa trabaja arduamente para que B.F deje de ser hostigado, violentado, acosado y vulnerado por parte de personal policial. Fue baleado, detenido y golpeado luego de que denunciara al uniformado que lo baleó.
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