El Ministerio de Trabajo, bajo la tutela de Jorge Triaca, impulsó un pedido de juicio político a los jueces que dieron luz verde al aumento del gremio Asociación Bancaria. El fallo que garantizó el aumento fue dictado por los camaristas Graciela Marino y su par Enrique Arias Gibert, y obligó al gobierno a aceptar el acuerdo paritario entre los bancos y los trabajadores de ese sector. Se trata de un aumento del 23,5 por ciento, que fue avalado luego de que el gremio bancario presentara una medida cautelar ante la negativa del gobierno, que intentó poner un techo del 20 por ciento.
“Esto es como crear una policía del pensamiento”, le dijo en entrevista al matutino Página|12 el juez Arias Gibert. La maniobra también apuntó contra su par Marino.
El sindicato de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la Comisión por la Defensa del Fuero del Trabajo emitieron un comunicado para repudiar la ofensiva de la cartera laboral de Triaca. Se reproduce a continuación.
REPUDIAMOS EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO EFECTUADO POR EL MINISTRO DE TRABAJO A LOS JUECES DE LA CÁMARA LABORAL
Desde la Comisión por la Defensa del Fuero del Trabajo repudiamos el pedido de juicio político efectuado por el Ministro de Trabajo Jorge Triaca a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, jueces que fallaron a favor de la aplicación de la paritaria lograda por la Asociación Gremial Bancaria. Dicho acuerdo era bloqueado por el gobierno nacional porque superaba el arbitrario 18 por ciento que pretenden poner como tope a las negociaciones colectivas.
Este avasallamiento a la justicia del trabajo busca aniquilar los derechos laborales, presionando a todo aquel juez que aplique las normas protectorias que garantizan esos derechos. Se intenta así llevar adelante la flexibilización laboral que ha pregonado el presidente de la Nación cuando manifestó que los salarios de los trabajadores son un costo que se tiene que limitar.
Este pedido de juicio político va en consonancia con el intento de traspaso de la justicia del trabajo a la ciudad de Buenos Aires, la que pretenden colonizar con funcionarios que le nieguen los derechos a los trabajadores, favoreciendo a las patronales que históricamente han sido reticentes a aplicarlos.
Lamentable nos encontramos nuevamente con un gobierno que pretende limitar la independencia de la Justicia, rechazando todo fallo contrario a sus intereses. Este pedido de juicio político es un hecho de suma gravedad institucional que no puede ser permitido, por lo que rechazamos este nuevo intento de avasallar los derechos del conjunto de los trabajadores de nuestra patria.
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