El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, se pronunció en contra de un planteo de nulidad presentado por el ex ministro de Economía de la última dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz, contra el procesamiento dictado en su contra por delitos de lesa humanidad.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal así lo expresó mediante un dictamen presentado ante la Cámara Federal, en el cual pide rechazar la nulidad del procesamiento del ex ministro, quien había pedido que la causa se retrotraiga a 1988 cuando fue beneficiado con una falta de mérito.
Martínez de Hoz está procesado con prisión preventiva por orden del juez federal Norberto Oyarbide, en la causa por el secuestro de los empresarios Miguel y Federico Gutheim en 1976.
Mientras tanto, el ex ministro continúa internado en la clínica de Los Arcos del barrio porteño de Palermo, por problemas de salud.
El procesamiento con prisión preventiva dictado por Oyarbide se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara el indulto firmado por el entonces presidente Carlos Menem, con el cual se había archivado la investigación en su contra.
Los abogados de Martínez de Hoz argumentaron que desde esa resolución en que fue favorecido con la “falta de mérito” no hubo ningún elemento nuevo en la causa que justificase el procesamiento.
No obstante, el fiscal Moldes se pronunció en contra de la nulidad planteada por la defensa.
“La actuación (de Oyarbide) no ha generado perjuicio al procesado”, aseguró el fiscal, quien afirmó que “seguramente lo que decidió (el magistrado) no es del agrado de su defensa, pero en lo estrictamente procesal hay que reconocer que el juez actuó con solvencia y apego a la ley”.
“No encuentro datos objetivos que permitan sostener lo esgrimido por la defensa”, añadió Moldes en su dictamen.
Ahora, será la Cámara la que deberá pronunciarse sobre el recurso interpuesto por los abogados del ex ministro, a quien se acusa de estar detrás del secuestro de los empresarios Gutheim.
Los ejecutivos permanecieron cautivos en forma ilegal por un plazo de casi un año, para ser obligados a cerrar un acuerdo comercial con China, y sobre el cual tenía interés el Poder Ejecutivo, en ese momento a cargo de Jorge Rafael Videla.
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