DT tiene 36 años y cursaba un embarazo múltiple. Su deseo no era maternar, por lo que practicó un aborto con pastillas el pasado miércoles 2 de noviembre. Para la fiscal de Cañada de Gómez, Gabriela Lescano, lo hizo fuera de los plazos establecidos por la ley y bajo ese argumento la acusó de homicidio calificado además de solicitar su prisión preventiva. El juez Álvaro Campos lo aceptó, con lo que la mujer está puérpera y presa. Desde La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas cuestionaron el accionar judicial y lo denunciaron ante el Ministerio Público de la Acusación. Pidieron medidas correctivas y sancionatorias, además de capacitaciones en materia de género con un enfoque interseccional para los agentes fiscales.
“Es violencia institucional de género. La fiscal decidió que esa mujer atraviese una audiencia, donde se la acusó de asesina y se la llevó presa. Se toma al aborto como un delito sin tener en cuenta las particularidades del caso y que la interrupción del embarazo más allá de la semana 14 es legal por causales. Es un retroceso en los debates jurídicos en relación al acceso al aborto que termina criminalizando y doblemente vulnerando a una mujer”, dijo a El Ciudadano Vanesa Vargas, abogada de La Colectiva.
Según explicaron, la joven se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad económica y social, con un consumo problemático de estupefacientes y transitando un puerperio. Cursaba un embarazo múltiple, pero nunca se había hecho controles médicos, por lo que desconocía la semana que estaba atravesando. En un audio enviado a una amiga, y reproducido en la audiencia, DT dijo que no sabía que era un embarazo múltiple y que le angustiaba lo que había sucedido.
“Su deseo era abortar, no parir, no maternar, desconocemos en qué condiciones se produjo el embarazo. Nosotras lo desconocemos y la fiscal también. En este contexto, se realizó un aborto en la clandestinidad, porque aunque haya algunos derechos elementales garantizados depende de las oportunidades reales que tienen las personas”, señalaron desde La Colectiva.
La fiscal de Cañada de Gómez, Gabriela Lescano, la acusó de homicidio calificado y justificó el pedido de prisión preventiva diciendo que la pena máxima del mismo es la prisión perpetua. El juez Álvaro Campos hizo lugar al pedido de la fiscal.
“Campos se desempeñó como fiscal en la Oficina tematizada en Género del Ministerio Público de la Acusación (MPA) previo a su designación como juez. Sin embargo, pareciera que en esta oportunidad decidió no aplicar perspectiva de género o tiene una interpretación muy particular de la misma”, cuestionaron desde La Colectiva. Denunciaron el caso ante el Ministerio Público de la Acusación y solicitaron a la Fiscal Regional María Eugenia Iribarren la adopción de medidas correctivas y sancionatorias, además de capacitaciones efectivas en materia de género con un enfoque interseccional para agentes fiscales.
“Este es un claro escenario de abuso de poder punitivo que pone en riesgo derechos conquistados por la historia de los movimientos sociales feministas. No sólo resulta absurda la prisión preventiva sino que además resulta inconstitucional, arbitraria, en extremo punitivista y carente de sentido. La postura que tomó la Fiscalía es una postura clasista y antiderechos. El rol del Estado no debe ser, en este caso, mediante una intervención punitivista. El Estado debe acompañar y garantizar derechos a esta mujer altamente vulnerable”, concluyeron.
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