Ernesto Ávila
Las repercusiones después de las duras declaraciones del gobernador Hermes Binner contra parte del Poder Judicial continuaron ayer aunque por fuera del ámbito de la Corte Suprema, que mantuvo el silencio y que recién se expedirá hoy tras su habitual reunión semanal en Santa Fe. Desde el Colegio de Magistrados, que quedó en el foco de la tormenta por un documento de la semana pasada en donde salió a cuestionar al gobierno provincial y su reforma judicial, su titular, María del Carmen Álvarez, confesó “estar desalentada y no salir del estupor” por los dichos del mandatario. Cabe recordar que el jefe de la Casa Gris había expresado que “si fuera juez de la Corte renunciaría”, “avergonzado” por la Justicia santafesina luego de la absolución de Carlos Fraticelli, quien según el fallo fue procesado sin las garantías constitucionales correspondientes. También salió a replicar a Binner el presidente del PJ santafesino, el senador provincial Ricardo Spinozzi. En tanto, Arturo Araujo, titular del Colegio de Abogados de Rosario, pidió “prudencia”. Por otra parte el ministro de Justicia, Héctor Superti, dijo que hay que tener en cuenta el contexto en el que Binner hizo las declaraciones.
La reacción de Binner fue leída en diferentes ámbitos como una respuesta al crítico documento que emitiera el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe mientras el gobernador cumplía su gira por Malasia. El texto apuntaba a la actual gestión de gobierno por la falta de respuestas a los problemas del Poder Judicial y advertía sobre una “profunda crisis” por la que atraviesa, “en algunos aspectos incontrolable”.
Álvarez salió en defensa de aquella declaración y consideró que “el comunicado no fue bien leído por el gobernador”.
“Los que lo redactamos integramos un poder del Estado pero no somos la Corte; en todo caso somos un grupo de magistrados y funcionarios interesados en mejorar el Poder Judicial en aras de que la comunidad tenga el mejor servicio jurídico”, expresó.
Además, Álvarez señaló que el cuerpo que representa no tiene “intencionalidad política”. “Somos independientes y decimos lo que pensamos”, añadió.
En tanto, sobre el manto de sospecha que Binner desplegó al expresar que el caso Fraticelli “fue producto del contubernio entre el Poder Judicial y el poder político”, la presidenta del Colegio de Magistrados dijo que “si hay jueces corruptos lo que tiene que hacer el gobernador es pedir juicio político”.
“Creo que se mezclaron un montón de cosas. No se puede poner a todos los jueces en una misma bolsa. No es correcto”, advirtió la funcionaria.
Álvarez también respondió las acusaciones del gobernador, quien deslizó que existen quienes quieren frenar la reforma judicial y una “corporación” que no quiere una Justicia “transparente”.
“En ningún momento dijimos que no queremos la reforma. Pero es cierto que hay funcionarios que se volvieron progresistas de golpe y que uno sabe que no eran adeptos al cambio de paradigma”, replicó.
Cabe recordar que el documento de los magistrados también incluyó cuestionamientos a la reforma del Código Procesal Penal y advirtió que “sin la suficiente asignación de recursos presupuestarios para cubrir designaciones, personal, capacitación, edificios, entre otras necesidades, la reforma lejos estará de satisfacer las expectativas generadas en la sociedad y será de casi imposible aplicación”.
“Araujo pide prudencia”
En tanto, Arturo Araujo, presidente del Colegio de Abogados, sostuvo que lo que más le impactó de las declaraciones de Binner es la afirmación de que habría existido, en el caso Fraticelli, un contubernio entre el Poder Judicial y el político.
“Las otras cuestiones, está bien: son materia opinables; puedo pedir la renuncia, no lo puedo pedir, son cuestiones morales, cuestiones éticas, que son importantes pero no hacen a las cuestiones que pueden tener trascendencia”, dijo el letrado, y aclaró que no hablaba en nombre del Colegio sino de modo personal ya que hoy se reunirá la comisión de asuntos tribunalicios de la entidad para emitir un comunicado oficial.
“Es el Poder Ejecutivo en la cabeza en la persona del gobernador que expresa estas circunstancias y éstas no pueden quedar simplemente como una declaración, un exabrupto; si hay razones hay prueba, hay materia; el gobernador como funcionario público tiene que promover la actuación jurisdiccional o política que corresponda, de lo contrario tendrá que dar una explicación también a la comunidad de que no quiso expresar lo que quiso expresar o lo que fuere”, analizó Araujo.
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