El ministro de Justicia, Héctor Superti, se reunió ayer con los jueces de la Corte Suprema de la provincia, ante quienes expuso los avances de la reforma penal en marcha, además de pedirles mayor colaboración para la implementación del nuevo sistema. El encuentro fue breve y, tras la salida de Superti, los ministros del máximo tribunal provincial siguieron reunidos, pero para decidir la continuidad de Rafael Gutiérrez como presidente de la Corte durante 2011.
En votación dividida y por escaso margen, los ministros de la Corte Suprema reeligieron a Rafael Gutiérrez como presidente del cuerpo para el año próximo: es que el conteo terminó tres a tres y en forma insólita el propio Gutiérrez desempató sufragando por su continuidad. “La Oficina de Prensa del Poder Judicial informa que el doctor Rafael Francisco Gutiérrez ha sido reelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe para el año 2011, de acuerdo a lo previsto en la ley 10160. El electo presidente ejercerá el cargo entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011”, dice el escueto parte difundido por los voceros del Poder Judicial.
Las especulaciones previas sobre un cambio en la conducción –sonaban los nombres de los rosarinos Daniel Erbetta, el último en ingresar a la Corte, en 2007, y de María Angélica Gastaldi– quedaron de lado: Gutiérrez terminó reeligiéndose a sí mismo. Es el abanderado del ala dura de la “resistencia” judicial que viene denunciando el gobierno del Frente Progresista desde su asunción y, en particular, desde que comenzó a implementarse el nuevo Código Procesal Penal. La decisión rompió con la alternancia entre rosarinos y santafesinos (un año cada uno) que venía dándose entre Gutiérrez y Roberto Falistocco en los últimos años y promete traer cola, tanto en el propio máximo tribunal como en su relación con el gobierno en un año electoral.
Reunión suprema
Superti dialogó con los seis ministros –Gutiérrez, Gastaldi, Erbetta, Falistocco, Eduardo Spuler y Mario Netri–, con el procurador general, Agustín Bassó, y con el secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas. “Vamos a hacerles llegar a los miembros de la Corte todo el material que hemos elaborado y que puede servirle para las decisiones que deben tomar y esperamos que, a la brevedad, ello ocurra para que cuanto antes Santa Fe tenga el proceso penal que se merece”, comentó tras el encuentro Superti.
La visita del ministro fue para tratar de agilizar algunos aspectos vinculados con el nuevo Código Procesal Penal, para los cuales es necesaria la actuación de la cúpula del Poder Judicial. El funcionario del gabinete de Hermes Binner acordó con los supremos que la construcción del nuevo Centro de Justicia Penal de la ciudad de Santa Fe se hará respetando los planteos previos del tribunal; para ello se modificarán los planos del nuevo edificio, que se levantará en la parte posterior de los Tribunales. Los costos de esa modificación –unos 400 mil pesos– quedarán a cargo de la Corte; el Ejecutivo llamará a licitación una vez que esté sancionado el Presupuesto 2011, que incluye las partidas para comenzar esas obras.
Otro de los temas conversados en el encuentro fue el de los concursos para designar a los directores de la Oficina de Gestión Judicial, quienes deben diseñar los mecanismos de funcionamiento de los colegios de jueces. Los ministros de la Corte Suprema se comprometieron a concretar el pedido una vez que se resuelvan las cuestiones administrativas necesarias para la transferencia de fondos para afrontar los costos que esos cargos representan.
Pliegos y prórroga
Además, analizaron aspectos técnicos vinculados con el cronograma de pases de jueces del sistema antiguo al nuevo y a la localización de los juzgados. Superti explicó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modificar algunas cuestiones operativas relacionadas con la suplencia de los jueces penales y que aborda, a la vez, el procedimiento abreviado, la audiencia imputativa y las medidas cautelares.
También hablaron sobre la organización de los tribunales penales, una tarea que incumbe a la Corte, y sobre la organización de las flamantes fiscalías y del nuevo sistema de defensa. El Ejecutivo ya envió a las cámaras los pliegos para la designación de sus autoridades, que serán tratados en Asamblea Legislativa el 16 de diciembre. Recién cuando esas estructuras estén definidas se fijará la fecha para la entrada en vigencia, en forma integral, del nuevo Código Penal; la intención del gobierno es que la Legislatura conceda una prórroga de 180 días a partir de la designación de los fiscales y defensores provinciales y regionales.
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