Mientras el gobierno evita una confrontación directa con la Corte Suprema por la definición de fondo sobre el tarifazo, activó mecanismos más sutiles de presión con el propósito de lograr, como objetivo de mínima, un aval parcial a los aumentos.
Con el anuncio de jura de Carlos Rosenkrantz –el quinto integrante del tribunal– para el próximo 22 de agosto, el cronograma previsto para el fallo podría estirarse y pasar más allá de esta semana, algo que posibilitaría un margen para una decisión que no deje al Ejecutivo con las manos vacías.
Los magistrados le dedicaron todo el fin de semana largo a trabajar en los distintos enfoques sobre el caso que vienen discutiendo desde la semana pasada. Si no se arriba a una mayoría para este jueves, habrá cinco firmas en la sentencia final.
El primer mojón del caso será la presentación, antes del jueves, del dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. El paso formal y técnico será incorporar la opinión no vinculante de la jefa de los fiscales. Los supremos trabajan sobre sus votos como si ya se imaginaran la dirección de su pronunciamiento. El tratamiento del caso –con dictamen o no– fue el primer límite especificado por la Corte en la providencia que giró a la Procuración General la fecha en la que volverá a tratar el tema: 18 de agosto.
Primera firma
En realidad, también lo habían tratado antes y nada obstaculizaría que lo sigan haciendo. Pero el anuncio de la jura de Rosenkrantz en plena discusión por tarifas tuvo una lectura ambigua, sobre todo porque su incorporación fue echada a rodar como un rumor desde la Casa Rosada en momentos en que nadie se acordaba que un supremo había diferido su jura para terminar cuestiones vinculadas con su actividad privada.
Si la Corte no resuelve el próximo jueves –y podría no hacerlo a partir de los matices que cada uno de los jueces entiende que contempla el caso, tales como retroactividad en el cobro, tarifa social, audiencia pública, porcentaje del aumento que podría aplicarse sin necesidad de la audiencia pública previa–, la incorporación de Rosenkrantz a la discusión será un hecho. El lunes 22 será su jura. El martes 23 podría estampar su firma en la primera sentencia, un escenario posible que deparará una polémica para el propio tribunal. La suspicacia se incrementa cuando la fecha de jura que quería la Casa Rosada era hoy mismo.
A fines de la semana pasada, Ceremonial de la Corte no había sido siquiera avisada de poner en marcha todo el procedimiento organizativo y logístico que requiere un acto de jura de un juez de la Corte Suprema. La prisa del Ejecutivo nacional –origen de todos los rumores sobre su desembarco anticipado– encendió las alarmas y colaboró a instalar la idea de que existe una paridad de criterios entre el presidente Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti que no permite la conformación de una mayoría.
Rosenkrantz había pedido jurar el 29, aniversario del fallecimiento de Carlos Santiago Nino, el jurista al que el académico rinde tributo. En la Corte infieren que el acuerdo del 30 es el límite para un fallo sobre el tarifazo. De esa manera, un día después de jurar, o una semana después, Rosenkrantz estampará su firma en el fallo.
Las idas y vueltas oficiales que anularon el llamado a audiencias informativas y se inclinaron por la foto de apoyo con gobernadores y ex secretarios de Energía buscaron satisfacer el camino hacia una salida política, el único guiño desde los plazos que fue perceptible desde la Justicia, al menos hasta el momento.
La Corte también buscará abroquelarse: el jueves último, los cuatro ministros expusieron sus puntos de vista y convinieron trabajar en consecuencia. Se volverán a encontrar cuatro días antes de que el quinto solidifique el tribunal, y mientras el gobierno eleva el tono dramático de la definición y señala una eventual crisis de gobernabilidad si no le dan la razón.
Sutileza
En la Corte se percibe que las presiones que intenta el oficialismo se agotan en los medios de comunicación. Contabilizan la difusión de la reunión entre Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti, el affaire nunca aclarado del upgrade en vuelos de Aerolíneas Argentinas, la amenaza de juicio político al presidente del tribunal (que como informó este medio fue frenada por el propio mandatario) y hasta la supuesta promesa a Highton de Nolasco de cinco años más en el tribunal que debiera dejar el año que viene por cumplir la mayoría de la edad. El Ejecutivo buscó confirmar que podría enviar su pliego nuevamente y conseguir los dos tercios de los votos para su continuidad. No desconocen la sensibilidad del asunto, pero en el cuarto piso del Palacio de Tribunales saben que el cúmulo de declaraciones políticas y de operaciones a través de los medios no pueden ocultar la llegada del caso, cuyas aristas están bajo análisis y confrontadas con la propia doctrina del tribunal. El fallo no está escrito aún.
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