A casi cuatro meses de la sanción de la Ley de Necesidad Pública, por la cual se declaró la emergencia en seis áreas del Estado provincial, los diputados de la UCR que integran el interbloque del Frente Progresista elaboraron un pedido de informes para que el gobierno explique cómo se usaron los recursos contemplados en esa norma.
“En pandemia también es momento de rendir cuentas”, sostuvo el diputado provincial de la UCR Sergio Basile en un proyecto dirigido al Ejecutivo firmado además por sus compañeros de bancada Maximiliano Pullaro, Marcelo González, Georgina Orciani, Jimena Senn, Marlen Espíndola, Silvia Ciancio, Silvana Di Stefano, Fabián Bastía y Juan Cruz Cándido.
Sancionada el 31 de marzo, en el inicio de la pandemia del coronavirus, la Ley de Necesidad Pública le otorgó al gobierno de Omar Perotti un esquema de financiamiento de 39 mil millones de pesos, entre créditos externos, reprogramación de deudas y reasignación de partidas. Ese mismo día se sancionó una autorización de endeudamiento por 15 mil millones de pesos donde se incluyó una partida especial de 3000 millones para distribuir entre los municipios y las comunas de la provincia.
A través de la Ley de Necesidad Pública también se declaró hasta fin de año la emergencia social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad en la provincia de Santa Fe.
En su pedido de informes, el diputado Basile menciona no solo la posibilidad de un financiamiento millonario, sino también “los más de 8000 millones se destinarían a tomar deuda para obra pública y casi 6000 millones de pesos apara cancelaciones de deuda flotante. “Queremos saber con certeza si se consiguieron los fondos, si fueron o están siendo usados y de qué manera”.
Entre de los puntos a informar, se destaca el aspecto social y alimentario ya que se solicita conocer, entre otras cosas, si se recibió asistencia o cooperación por parte de organismos nacionales e internacionales y cuántos programas alimentarios y nutricionales se crearon para lograr la plena efectividad del derecho a la alimentación en niños, niñas y adolescentes, indicando si los mismos se aplican en comedores comunitarios y merenderos.
Asimismo, se insta a informar si se efectuaron las erogaciones correspondientes al crédito presupuestario por 2500 millones de pesos para garantizar la efectiva aplicación del Programa de Emergencia Alimentaria y, en caso afirmativo, que se indiquen cuáles fueron los montos de las mismas con una periodicidad mensual.
En materia de seguridad se piden detalles sobre las reparticiones correspondientes que deben realizarse para garantizar la efectiva aplicación de un programa que contemple la construcción, obtención de maquinaria, equipos y financiamiento en proyectos que atiendan la problemática.
En cuanto a contrataciones públicas se solicita saber cuántos contratos fueron renegociados hasta el momento, detallando nombre y las erogaciones pertinentes de cada uno; y si las licitaciones y concursos en trámite fueron suspendidas, indicando en caso afirmativo, si se prevé plazo para su posterior reanudación.
Al respecto, el diputado Basile expresó: “Ya pasaron más de 110 días desde que la Legislatura sancionó la Ley de Necesidad Pública que el Ejecutivo pedía insistentemente para poder gobernar. El tiempo transcurrido es más que oportuno para conocer qué se ha puesto en marcha hasta el momento. Qué se hizo en relación a las amplias facultades que les fueron aprobadas, con qué criterios realiza las erogaciones pertinentes a cada programa que contempla la ley y bajo qué conceptos percibe montos asistenciales; todo lo referido a créditos presupuestarios, entre otras cuestiones”.
“Entendemos –siguió Basile– que el Ejecutivo provincial contó en todo momento con las herramientas necesarias para hacer frente a la demanda financiera que estamos viviendo. Además, cuenta con instrumentos legales que jamás tuvo otro gobierno democrático para trabajar. Por ello, sabemos que tiene espalda financiera y recursos económicos disponibles. Tiene con qué gobernar”.
“Desde nuestro bloque consideramos que, más allá de los métodos de difamación y agravio que se utilizaron para quienes ponemos límites al manejo discrecional de los recursos, siempre estamos dispuestos al trabajo colectivo, pensando en la comunidad en un momento de mucha incertidumbre, pero aun así sin olvidarnos que somos el órgano contralor al que el Ejecutivo provincial debe informar y rendir cuentas de lo actuado y por actuar”, concluyó el diputado del Frente Progresista.
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