Candela Ramírez
El legislador provincial Carlos Del Frade analiza cómo el presente rosarino se conecta con hechos de la última dictadura militar en Argentina. Legislaciones, omisiones posteriores y continuidades en 40 años de democracia.
Su enumeración sobre los efectos de la dictadura en particular en Rosario, empieza así: “Lo que se puede ver en el presente después el terrorismo de Estado fue entre otras cuestiones la continuidad de 500 leyes que continuaron en democracia en la Argentina. Y también en particular tiene que ver con la geografía de Rosario en lo que significa la ley de inversiones extranjeras, por ejemplo los que navegan por el río Paraná no pueden ser parados para ver qué llevan dentro. Eso es realmente impactante, tiene una relación directa con lo que pasa en el presente hoy”.
Para el periodista y actual diputado de Santa Fe por el Frente Social y Popular ese paquete de leyes y resoluciones se han mantenido en el tiempo “porque en realidad lo que se mantiene son los intereses estrictos de los sectores dominantes económicos, si algo queda claro y lo dijo Ramón Genaro Díaz Bessone cuando viene como ministro de planeamiento después de haber sido comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, en la Bolsa de Comercio de Rosario dice que el golpe se hizo para favorecer al capital privado y a la empresa privada”.
“Es una gran definición”, continúa, porque devela que “desaparecieron personas no porque estaban en defensa de la nación, del ser nacional y de principios sanmartinianos como han dicho siempre, sino porque tenían que defender a la gran empresa y por eso la mayoría de los desaparecidos son trabajadores”.
En este plano, insiste que el Congreso nacional debería dejar sin efecto la ley de entidades financieras aunque se trata de un aspecto que se habló poco en la conversación pública, apenas en 2001 y 2009. El contexto político nacional de hoy prevé que esas legislaciones sigan sin ser tocadas, pero fue una continuidad de todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia en 1983.
¿Por qué sería importante para los rosarinos conocer qué viaja en los buques? Del Frade responde: “Entre otras cosas porque sabríamos exactamente qué es lo que sale de producción santafesina y podríamos tener seguramente una recepción mayor de dinero en impuestos de algo que realmente nos pertenece. Pero en relación a lo que pasa hoy en Rosario serviría también saber cuánto de lo que hay ahí tiene que ver con armas o drogas y esto está directamente vinculado a lo que desde el 24 de abril de 1978 se viene haciendo que es la exportación de grandes cargamentos de cocaína en distintos lugares del mundo desde puertos de Rosario fundamentalmente. Con esto tiene que ver las 47 bandas que se disputan el territorio permanentemente”.
En diferentes libros e incluso en una reciente nota periodística, Del Frade insiste en que el general Leopoldo Galtieri, desde la Junta Militar “habilita el negocio del narcotráfico”.
“Empezamos a ver ese dato con los primeros informes que tuvimos, cuando hicimos lo primeros libros en la década del noventa sobre la dictadura. Algunos torturadores incluso nos decían que consumían cocaína para poder seguir torturando y recibían la droga directamente del Comando Segundo Cuerpo del Ejército”.
Agrega que en aquel momento el consumo en la ciudad se daba más en clases medias altas y altas en Rosario: “Ese negocio lo manejaban ellos desde el comando, lo distribuían a quienes formaban parte de la comunidad informativa como decía Feced, que en aquel momento eran los torturadores que tenían el Servicio de Informaciones en la jefatura de policías”.
Continuidades
Del Frade también menciona la cuestión de los bancos: “Esto afecta a todo el país pero también afectó a Rosario y a la provincia de Santa Fe de una forma muy particular cuando se privatizó el banco provincial de Santa Fe en 1998 en manos de los hermanos Rohm que después terminaron presos por lavadores del narcotráfico en las cárceles de Estados Unidos”.
Agrega que “la ley de entidades financieras en febrero de 1977 está vigente porque marcaba el predominio de los gerentes de los bancos, de los dueños de los bancos por encima del dinero del pueblo”. Y que justamente esa legislación permitió la reserva de información sobre la privatización del banco provincial hasta el año 2002.
Por otro lado, Del Frade se detiene en un aspecto que tiene especial actualidad: los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en la provincia aún no juzgaron la complicidad empresarial para llevar adelante los secuestros en dictadura. De hecho, recién a fines de 2023 inició el juicio por la causa conocida como Villazo por los crímenes cometidos en Villa Constitución desde marzo de 1975, es decir incluso antes del inicio del golpe.
Su bloque ha presentado proyectos en la Legislatura para armar una comisión investigadora que se ocupe de este tema, ya que gerentes de empresas como Acindar (donde trabajaban mayoritariamente las víctimas de la causa en curso) confeccionaban listas negras y hasta ofrecían las instalaciones como espacios de tortura.
“Otro hecho que está vigente en la provincia fue que la dictadura del 76 consolidó el corte de obras de los bajos submeridionales en el norte de la provincia, el departamento Vera sobre todo”, dice. En este sentido recuerda las situaciones de inundación y sequías que afectan el norte santafesino “entre otras cosas por esas obras que se dejaron de hacer a partir de 1976”.
Puntualiza otro aspecto económico: “Una definición que hizo Martínez de Hoz en el 79, que fue sacarle el control de los granos a la Junta Nacional de Granos y eso hoy ya directamente se lo hacen las propias multinacionales hacia sí mismas, dicen por declaración jurada lo que entra y lo que sale lo cual hace que el Estado sea simplemente un garante bobo y cómplice de lo que ellos dicen sacar”.
Piñero y el rol del Estado
Hace una semana, este medio publicó las denuncias que había de familiares de presos en Piñero por una serie de torturas que aplicó el Servicio Penitenciario. “La tortura y la violación de los derechos humanos es espantosa. Para colmo muchos dirigentes políticos se apañan diciendo que esto es lo que quería la gente. Para mi es algo repudiable. Es un paso terrible hacia atrás”.
Para el legislador estos hechos de violencia de parte del Estado traerán más violencia en las calles. Y suma estas preguntas: “¿Cómo es que los métodos de tortura de los 70 sean de alguna manera enseñados, transmitidos, tres generaciones después a jóvenes policías cuando son jóvenes estudiantes del servicio penitenciario? ¿Quién mantiene el saber torturar para transmitírselo a las nuevas generaciones? Solicito que el gobierno provincial de algún tipo de explicación”.
Sobre los anuncios de Nación y Provincia en relación a una “guerra” contra el narcotráfico se muestra igual de preocupado, cita los ejemplos de México, Ecuador, Perú y Brasil donde ese enfoque multiplicó las muertes.
“Hicieron un gran show absolutamente desproporcionado, con frases terribles como guerra abierta o combate al narcoterrorismo, aniquilar al narcoterrorismo. Son todos términos que nos remiten a 1975 y todo anclado en el miedo de la gente que sería la gran justificación. El miedo o el dolor por el asesinato de un ser amado y lo plantea el Estado como si eso justificara la tortura al delincuente. No tiene sentido. Nos hacemos cada vez una sociedad más feroz y más inhumana lo cual va a generar igualmente más violencia”, concluye.
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