Policiales

Narcomenudeo y violencia

Quién es Erica, la jefa narco que comandaba el negocio ilegal de drogas de su hijo Brandon Bay

La mujer fue imputada por liderar el grupo en base a las órdenes que su hijo le daba desde su lugar de detención. También acusaron a dos hermanas por integrar la organización dedicada a cometer diversos delitos y venta de drogas. También fueron imputados tres policías.


Brandon “Gordo” Bay tiene 26 años, aseguran que tiene una estrecha relación con Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, y está señalado por los investigadores como el cabecilla de la conocida banda de Los Gorditos que sembró terror en zona sur y en San Lorenzo en una lucha por la supremacía territorial sobre bandas rivales dedicadas al narcomenudeo.

Fue condenado y por su condición de preso de alto perfil derivado desde la cárcel de Coronda al penal federal de Marcos Paz. A principios de esta semana una docena de allanamientos terminó con la detención de nueve personas, entre ellas la madre y dos hermanas del convicto que mantenían a flote la organización delictiva bajo las directivas del joven. Además fueron detenidos tres uniformados de la Policía de Santa Fe acusados de brindar protección a dos miembros del grupo y falsear actas para lograr que recuperaran la libertad.

Este jueves los arrestados en los procedimientos fueron imputados por el fiscal Pablo Socca ante el juez Alejandro Negroni.

El fiscal le achacó a Erica Altamirano, Giuliana y Flavia Bay junto a su pareja Luis Saucedo –madre, hermanas y cuñado del Gordo–, Javier A., Jésica A., Mabel A., Jorge N. y Brian G., junto a Brandon Bay y otras personas ya imputadas formar parte de una asociación ilícita que funcionó desde agosto de 2019 a septiembre de 2021 que se dedicó a cometer delitos contra las personas, la vida, la propiedad y la administración pública.

Estos hechos tuvieron su epicentro en la ciudad de San Lorenzo entre 2019 y 2020 y en el complejo Fuerte Apache de barrio Tiro Suizo de Rosario de 2015 a 2017.

El Gordo Bay está detenido en 2017 en el marco de un megaoperativo de la Policía Federal y más tarde firmó una condena por acuerdo de partes a 10 años y 6 meses como jefe de una asociación ilícita.

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El fiscal aseguró que el objetivo de Los Gorditos era ocupar territorio y excluir a bandas antagónicas. Para ello cometían distintos delitos que iban desde robos hasta amenazas, lesiones, abuso de armas y homicidios.

También contó que el grupo se dedicaba a la venta de estupefacientes y había toda una organización y distinción de roles respecto a esta actividad ilegal.

La banda además contaba con una pata policial. Dijo que había algunos integrantes de Gendarmería Nacional y de la Policía de la provincia que al menos omitieron cumplir sus deberes de persecución, contó Socca.

En este caso hubo tres uniformados imputados, pero no son los únicos ya que hubo imputaciones a otros policías por brindarle protección a la banda. Como su primo Lucas Gonzalo Romero, suboficial del CRE, que está acusado desde julio de 2020 por proveer drogas y armas, brindar cobertura e incluso filtrar información. Se suman el comisario de la seccional 7ª de San Lorenzo, Raúl Fleitas y su sumariante, Marcelo Álvarez, que están encausados por tenencia de arma de fuego de guerra, dos hechos de tenencia de arma de uso civil, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la investigación por los crímenes de Pecho Pérez y Runi Sánchez.

Los roles de Los Gorditos 

Para el fiscal, Erica Altamirano, madre de Bay, lideró la banda desde afuera mientras su hijo lo hacía desde su lugar de detención. El funcionario explicó que era la encargada de la organización criminal y ejecutaba las órdenes de su hijo y de otros miembros que también están detenidos.

A su vez, controlaba y supervisaba los negocios ilícitos del grupo, entre ellos la venta ilegal de drogas, participando en el fraccionamiento de estupefaciente, “mercancía” que guardaba en su casa para luego entregarla para su comercialización, administraba los búnkers del grupo y guardaba armas del grupo, contó.

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Guiliana, es hermana de Bay y fue imputada como miembro del grupo. Cumplía tareas asignadas por su hermano o su madre, prestaba colaboración a las actividades del grupo y en ocasiones hacía las veces de cadete retirando dinero que generaba el grupo o trasladando estupefacientes, contó el fiscal.

Otra de las hermanas de Bay involucradas es Flavia, donde el fiscal explicó que cumplía las tareas asignadas por su madre y su hermana Aldana (con pedido de captura), supervisando y controlando los negocios del grupo, contó el fiscal.

Además brindó apoyo a otros miembros de la banda en la comisión de distintos ilícitos. A su vez ordenaba la comisión de balaceras a integrantes de grupos rivales, guardaba armas y se ocupaba del fraccionamiento y resguardo en su domicilio de la droga dosificada. También proveía a los búnkers del grupo del material estupefaciente y retiraba la recaudación, contó Socca.

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Para el fiscal, Javier A. es uno de los sicarios de la banda, persona de confianza de la madre del Gordo, contó.

El hombre se ocupaba de la custodia y venta de drogas en los puntos de venta de drogas del grupo delictivo y de retirar la recaudación que luego rendía a los jefes de la organización. Se ocupaba de ocultar armas y vehículos utilizados en distintas balaceras, describió el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Otro hombre de confianza de Érica es Nicolás C. y cumplía tareas similares a Javier A. respecto a la custodia y recaudación en los búnkers, dijo Socca.

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El cuñado de Bay, Luis Saucedo se ocupaba del control de los puestos de ventas de drogas y retirar recaudación, dijo el fiscal. También de adquirir vehículos de manera fraudulenta para la organización que luego se usaban en hechos delictivos. Además durante el tiempo que estuvo detenido junto a Brandon Bay le prestaba un celular desde el cual el jefe del grupo extorsionaba y amenazaba desde el pabellón, relató en la imputación.

Mabel A. fue otra de las imputadas de integrar la banda y para Socca estaba a cargo de un búnker en Lamadrid al 1600, domicilio que además era utilizado como depósito de la droga, aseguró.

La misma sindicación recayó sobre Jorge N., quien además se encargaba de la recaudación del lugar y movilizar armamento según las órdenes de los cabecillas, contó. El fiscal dijo que este hombre quedaba a cargo de la droga que era secuestrada en operativos o allanamientos que sufría la banda con el fin de lograr impunidad.

El último civil imputado fue Brian G., sindicado como un encargado de acompañar y custodiar a miembros importantes de la banda que retiraban dinero generado a través de distintos delitos, entre ellos extorsiones. Hacía las veces de chofer, se encargaba de guardar armas del grupo y administrarlas, aseguró el fiscal.

Por 50 mil pesos

A Erica Altamirano le imputó además ofrecer y entregar 50 mil pesos a Axel Teliz, suboficial de la comisaría 32ª, para que su hija Flavia y su yerno Luis, detenidos el 9 de septiembre de 2021 a bordo de un auto con secuestro activo por robo, recuperaran la libertad.

El ardid que los policías y los integrantes de la banda pretendían incorporar al caso era un boleto de compra venta firmado justamente por el propietario vehículo robado simulando que en realidad había vendido. El auto había sido secuestrado en el procedimiento que hizo el personal de Comando Radioeléctrico y los policías de la comisaría 32ª indujeron a un error al fiscal para que les diera la libertad.

La llamada a Érica, se realizó del celular de su yerno que había sido secuestrado por personal del Comando Radioeléctrico y entregado a los uniformados de la comisaría que está ubicada en Vanzo (ex 1731) 7702, esquina con Colombres.

Por este hecho, el fiscal sindicó a los policías Hugo Figueroa, Magalí Carrizo y Axel Teliz como autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al permitir que el arrestado manipulara y usara el celular secuestrado.

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En ese marco, la Fiscalía acusó al trío de policías santafesinos e identificó los roles que tuvieron: Axel Teliz fue sindicado de insertar información falsa en el acta de aprehensión y agregar el boleto de compra venta falso mientras que junto a los otros dos le facilitaron el celular, que tenía que estar en resguardo, a Saucedo para que se comunicara con la madre de Bay y así le puede pedir plata, de acuerdo con la imputación.

Además Teliz junto a la suboficial Magalí Carrizo insertaron falsedades en la constatación de domicilio de Flavia y Luis Saucedo, lugar al que nunca fueron, explicó.

Así Téliz quedó acusado por cohecho pasivo en grado consumado y en carácter de autor, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por ser funcionario público en carácter de autor y falsedad ideológica de instrumento público.

La suboficial Carrizo fue sindicada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público mientras que Figueroa quedó implicado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las cautelares 

Tras la imputación el juez Negroni tuvo por formalizada las sindicaciones fiscales y dictó distintas medidas cautelares para el grupo. Para Erica Altamirano, sus hijas Giuliana y Flavia, Javier A., Mabel A. dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.

Para el cuñado de Bay, Luis Gabriel Saucedo, la medida cautelar de encierro la dictó hasta el 12 de abril del año próximo. Mientras que Jorge Luis N. fue internado en un hospital psiquiátrico con custodia por el plazo de tres meses y se requirió una junta médica para evaluar su condición psicológica.

En cuanto a los policías: Teliz deberá cumplir prisión preventiva efectiva hasta el 12 de abril próximo. Sus colegas Carrizo y Figueroa recuperaron la libertad con restricciones, entre ellas la presentación semanal a la Oficina de Gestión Judicial, prohibición de acercamiento y contacto con otros imputados y fijar un domicilio en la ciudad.

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