Ciudad

Ecocidio

Quemas en el Alto Delta: “Y un día se acordaron de trabajar”, saludó la Multisectorial al juez

La organización ambientalista celebró ácidamente la acción del juez federal de Paraná Daniel Alonso para impedir que una retroexcavadora siga contruyendo un terraplén de 4 kilómetros y medio. Es el magistrado a quien el ministro Cabandié le pidió dejar "la siesta"


“Y un día se acordaron de trabajar”. La Multisectorial por los Humedales, que ayer volvió a movilizarse hacia la Bolsa de Comercio contra los incendios intencionales en el Alto Delta y por la aprobación de la ley de Humedales registró la presencia del titular del Juzgado Federal 2 de Paraná, Daniel Alonso, en el sector de las islas donde una retroexcavadora construía un terraplén de 4 kilómetros y medio en tierras que están en litigio y son reclamadas por la ciudad de Rosario. Alonso es, precisamente, el magistrado al que este jueves el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, le pidió que dejara “la siesta” y avanzara sobre los responsables de las quemas en las islas. Aludido, el juez salió a dar cuenta en medios de comunicación sobre lo que se había hecho y lo que se estaba haciendo, pero además, hizo una intimación a quien ocupa, en calidad de “pastajero”, las tierras donde se hacía el endicamiento, el empresario rosarino Enzo Mariani. “Después de meses de inexplicable ausencia, inacción y complicidad, el juez federal Daniel Alonso, intima en un procedimiento de oficio a retirar las máquinas agrícolas y viales presentes en el Legado Deliot”, castigó la Multisectorial, más cerca de la opinión del ministro nacional que del funcionario judicial.

“Nos gustaría saber si el juez está enterado de las más 200 mil hectáreas de humedales arrasadas por el fuego, desde hace más de 6 meses. Quizás tenga algún interés en tomarse 5 minutos, llamar a los propietarios, y preguntarles: «¿Cómo se les ocurre desencadenar semejante atentado contra la naturaleza y la salud de la gente?»”, insistió la Multisectorial en un áspero mensaje en la red Instagram, al que acompañó con las fotos de la maquinaria pesada que hacia tareas en el lugar y que no sólo no debía estar trabajando: ni siquiera debía estar ni haber llegado a la zona. Así lo establece una cautelar del propio juez Alonso: el pasado 1º de julio dispuso la “prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema”.

Aunque el magistrado también escribió en el documento judicial que “a los efectos evitar cualquier tipo de hecho que pudiere generar una violación a lo antes dispuesto”, el personal de Gendarmería Nacional con funciones en la traza vial de la ruta nacional 174 –la conexión Rosario-Victoria– “deberá identificar debidamente a cualquier persona que desde la ruta ingrese a la zona de humedales, como así cualquier material, maquinaria o elemento que se intente ingresar al sector y que tenga aptitud para vulnerar la prohibición de construcciones antes dispuesta”, lo cierto es que, cuanto menos, los medios para llevar a la práctica el cumplimiento de la letra no se dispusieron adecuadamente.

La lista de quienes no alcanzaron a apreciar con su vista la voluminosa maquinaria que sí divisaron los ambientalistas –y constataron los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos que labraron un acta este 18 de septiembre– incluye a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Entre Ríos y a la Municipalidad de Victoria. A esta última, a cargo de Domingo Maiocco, él mismo un productor rural, el juez Alonso remitió un oficio con la cautelar dispuesta. Pese a ello, insólitamente, el empresario Mariani les aseguró a los inspectores de Recursos Naturales que contaba con un permiso municipal para la obra que estaba haciendo. Y también de la Dirección de Hidráulica de la provincia.

“Absolutamente todas las quemas en el Delta del Paraná son ilegales, pero a la fecha no hay ningún detenido por el ecocidio. La pregunta ahora es: ¿cuántas miles de hectáreas más se tienen que quemar para que Daniel Alonso pueda penalizar a los responsables? La Multisectorial por los Humedales pone a su disposición todo su equipo de legales a tal fin, quienes son eficientes, trabajan de corazón y gratis…”, continuó el posteo de la organización ambientalista, cuyos voluntarios cruzaron semanas atrás el Paraná en 17 lanchas para ir a combatir cuerpo a cuerpo los incendios en la Boca de la Milonga y en otras zonas del Alto Delta.

“Señor juez saludamos y agradecemos esta acción… Lo necesitamos de nuestro lado y esperamos mucho de usted”, concluye el escrito de la Multisectorial.

No fue nadie

En tanto, el magistrado respondió que “ya hay 18 imputados en las 12 causas federales por las quemas”, y que “la mayoría son de Santa Fe, Rosario, Gualeguaychú; de Paraná hay sólo tres personas, y de Victoria no hay nadie”.

Alonso explicó que “seis personas tienen resuelta su situación procesal, con una falta de mérito, porque no hay elementos para procesarlos”. Y aseguró que está “monitoreando” cada tres horas lo que pasa en los territorios, a través del sitio de la Nasa, la agencia espacial estadounidense.

“Tenemos dificultad de acceso a esos lugares, para sofocar tempranamente los incendios porque la biomasa y el combustible que hay debajo es de tal magnitud que con poco viento se genera un incendio de proporción”, sostuvo el juez.

Según el juez al canal Elonce TV, de Paraná, la primera denuncia de este año por la quemas fue presentada por una funcionaria municipal de Rosario “por hechos que habían sucedido los días 13 y 14 de febrero y se reiteraron el 27 de aquel mes”.

“Esa denuncia fue complementada después por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien luego se constituyó como querellante de la causa por las quemas”, agregó el magistrado. Y ratificó que como es un lugar interjurisdiccional el Alto Delta “corresponde a la Justicia federal”, el tema.

Y marcó que la demora en las indagatorias a los imputados que había señalado se debe a que deben intervenir otros juzgados federales: “Como casi todos viven afuera de Entre Ríos, salvo tres, pidió que sea a través de los jueces federales de su jurisdicción”, marcó en relación al fiscal de la causa.

Pero allí también se embarró todo: a fines de julio el fiscal federal interino con jurisdicción en Victoria, Carlos García Escalada, pidió directamente la detención de una decena de productores –entre ellos Mariani– por los fuegos en territorios que ellos explotan. Pero lo hizo ante el titular del otro Juzgado Federal de Paraná, el Nº1, Leandro Ríos.

Por entonces, el ministro Cabandié destacó la decisión: “Celebramos la decisión del fiscal federal de Victoria, que imputó y pidió la detención de propietarios de lotes en los que se produjeron quemas intencionales en el Delta del Paraná. Un paso muy importante para solucionar esta situación que tanto daño está causando”.

Pero la medida no se concretó, la cuestión se diluyó y días después las quemas habían recomenzado con mayor intensidad. Y esta semana, a menos de dos meses Mariani continuaba la construcción de un dique privado en tierras que se reclaman como públicas.

Comentarios