Los últimos dos detenidos por el homicidio en ocasión de robo del operador turístico y cambista Hugo Ernesto César Oldani, asesinado hace 11 meses en Santa Fe, fueron imputados y quedaron detenidos con prisión preventiva. Uno de los acusados es el empresario farmacéutico Alfredo Manuel S., de 59 años, y el otro es Andrés K., de 29, un relacionista público de boliches tildado como “hombre de la noche”. Ambos están señalados de haber ordenado y organizado un robo millonario en una cueva financiera, que se presume lavaba dinero de las cajas negras de la Policía provincial, asalto que terminó con la muerte de la víctima de un tiro en el abdomen. Según la Fiscalía, Alfredo fue quien apuntó el dato de la cueva de Oldani y su debilidad, y Andrés el que reclutó a los asaltantes, quienes terminaron actuando como sicarios ya que lo mataron de un tiro. Uno de ellos, de 22 años, declaró como arrepentido y brindó detalles que permitieron esclarecer el crimen perpetrado el 11 de febrero de 2020 en pleno centro de la capital provincial.
La lista de acusados la completan Juan Manuel Ruffino, presunto conductor del auto en el que se desplazaban; Cristian Bruno Figueroa, acusado de ser quien gatilló al agenciero en el abdomen, y una adolescente de 17 años, quien forcejeó con la víctima para quitarle un morral y por su edad quedó a disposición de la Justicia de Menores.
La audiencia imputativa se realizó el pasado jueves 31 de diciembre, y este lunes se les dictó la prisión preventiva por el plazo de ley. En ambas medidas actuaron los fiscales Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria.
Durante la imputación, que se realizó ante el juez Sergio Carraro, los fiscales les atribuyeron a los dos nuevos acusados la coautoría del delito de homicidio doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego y por ser criminis causae), en concurso real con la coautoría del delito de robo, también doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda).
En relación al empresario farmacéutico Alfredo Manuel S., de 59 años, el fiscal dijo en la audiencia que “brindó información sustancial y decisiva para la ejecución de los ilícitos”. Iglesias precisó que “lo hizo en horas de la mañana de ese 11 de febrero en una reunión que mantuvo en su comercio –ubicado en el macrocentro de la ciudad– con el otro hombre imputado y con las otras tres personas que ya están en prisión preventiva en el marco de esta investigación”.
Iglesias también informó que “en horas de la tarde, Alfredo concurrió junto a Andresito K. a inmediaciones del lugar en el que fueron cometidos los ilícitos” en un auto Fiat Palio Fire –que fue secuestrado– siguiendo el trayecto que realizaba el automóvil Toyota Corolla en el que iban los otros tres imputados y la adolescente menor de edad.
“Los dos imputados desempeñaron un rol de custodia y control respecto al desarrollo del plan y de eventual apoyo para trasladar el dinero y/o efectos a sustraer”, sostuvo el fiscal.
El representante del MPA también dijo que “finalmente, los dos hombres imputados también ayudaron a ocultarse a una de las personas que ya está en prisión preventiva, trasladándola desde una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad a la que había ido minutos después de los ilícitos”.
Acerca Andresito K., de 29 años, el fiscal sostuvo que “la diferencia con Alfredo fue que luego de la reunión realizada por la mañana, fue hasta el lugar de los hechos y filmó y/o sacó fotos con su teléfono celular con el objetivo de mostrarle al resto de los autores el local en el que cometerían los delitos en horas de la tarde”.
Con todo, este lunes se realizó una nueva audiencia para establecer las medidas cautelares y ambos acusados quedaron detenidos. La prisión preventiva por el plazo de ley fue dispuesta por el juez Sergio Carraro y con ellos ya son cinco los detenidos por el homicidio en ocasión de robo de Oldani, además de la adolescente que es investigada por la Justicia de Menores.
Finalizada la audiencia, el fiscal Iglesias dijo que “expusimos las evidencias que logramos recolectar y el juez ordenó la medida cautelar”. Agregó que “los abogados defensores de los dos hombres no discutieron la prisión preventiva porque no contaban con la información necesaria para contrarrestar el planteo de la Fiscalía”.
“Los dos imputados declararon; uno trató de desvincularse por completo de los hechos ilícitos, mientras que el otro suministró información que –a nuestro criterio– no lo desvincula”, dijo el fiscal quien no descarto abrir nuevas líneas investigativas.
El arrepentido contó que Alfredo S. les dijo que Oldani se “iba a cagar” por lo que no era necesario que llevaran armas. También que les brindó una descripción de la galería de Rioja al 2400 donde funcionaba la cueva financiera y que al momento de “apretar” a Oldani, había que decirle que iban de parte del Mono, quien siembre va a cambiar dólares: “Díganle que quieren cambiar 12 millones de pesos”, les dijo, además de que tenían que ir después de las 16 cuando ya no estuvieran su hija ni su empleada.
Durante el robo ocurrió una situación de forcejeo entre Oldani, quien no quería entregar un morral, con la adolescente y Figueroa, quien según el arrepentido le disparó.
En la primera etapa de la investigación, que realizó la fiscal Cristina Ferraro más tarde señalada de encubrimiento por no seguir la pista financiera como móvil del crimen, se supo que había una montaña de dinero, suma millonaria de dólares y pesos, que llegó a ser fotografiada por peritos pero luego desapareció. El monto preciso nunca pudo ser peritado.
Cambio chico
En julio pasado, el ministro de Seguridad Marcelo Sain presentó una denuncia ante el fiscal federal Walter Rodríguez para que se investigaran “presuntos delitos contra el orden económico, financiero, cambiario y la administración tributaria” en la agencia Oldani. Un mes después, el 18 de agosto pasado, el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez presentó una denuncia en la que señaló que la fiscal Ferraro pudo haber incurrido en el delito de encubrimiento “en la modalidad de hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del ilícito, agravado por tratarse de una figura penal especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública”.
En ese marco Rodríguez también expuso que dirigió a un grupo especial de la Policía Federal que estimó un movimiento de gastos cercanos a los 300 mil pesos mensuales por parte de Oldani, quien se dedicaba a las tareas de cambio chico con dinero que resguardaba en un morral que fue robado por los asesinos. En su acusación, Rodríguez indicó que poco después del homicidio quedó grabado en la pantalla de la calculadora del Oldani el número 16.800.000.
Cambio grande
Según estimaciones que hicieron especialistas de la División Scopometría de la fuerza federal, esa la suma que estaba en los estantes del local de Oldani era de aproximadamente 3.050.000 de pesos y 1.100.000 dólares.
A principios de agosto, Rodríguez fue por más y le mandó un escrito al propio gobernador Omar Perotti y por añadidura al jefe del fiscal Regional Carlos Arietti, Jorge Baclini: “Por su intermedio pretendo que las autoridades provinciales competentes tomen las medidas indicadas para que el fiscal general del MPA, Jorge Baclini, instruya a quien corresponda, con el objeto de lograr una pronta remisión de los elementos requeridos, ante la ausencia de una explicación razonable ni justificación legal que ampare la negativa a suministrarlos”.
Tras el dictamen del fiscal federal, opinó Perotti: “Claramente son cosas muy groseras como para mirar para otro lado y eso no lo vamos a hacer. A los avances de las investigaciones los vamos a acompañar plenamente y es un mensaje muy concreto: el respaldo a todos aquellos que actúan bien y por derecha, y en el esquema de que aquel que se desvía no tendrá ningún tipo de respaldo ni hay vista gorda ni complacencia alguna”.
Lavado de alta gama
El juez federal Marcelo Bailaque aceptó el primer día de este diciembre el pedido fiscal Rodríguez para indagar a diez sospechosos de intermediación financiera ilegal en el marco de la causa que se desprendió del crimen de Oldani.
Entre la decena de imputados, a quienes les inhibieron sus bienes, figuran la hija de Oldani, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo, estos últimos dos rosarinos empleados de la Mutual 29 de Noviembre vinculada con el Grupo Carey, de Córdoba al 1400.
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