El defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo José Bistoletti, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para establecer un cupo mínimo para la asignación, por parte de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, de viviendas sociales a personas con discapacidad o con problemas de salud debidamente probados, como por ejemplo el caso de las personas trasplantadas.
En la resolución que acompaña al proyecto de ley, el defensor del Pueblo recordó que en febrero pasado dictó otra resolución, la 021, en la que ya recomendaba medidas a la autoridad administrativa para “garantizar cupos para las personas con discapacidad”.
“Actualmente el cupo legal y reglamentario establecido se encuentra destinado con exclusividad a las problemáticas de discapacidad motriz, dejando sin tutela legal a todas aquellas personas que también padecen de discapacidad en los términos de la ley provincial 9.325 y cuyos derechos se hayan amparados en la normativa nacional y provincial vigente, lo que configura una distinción irrazonable y por ende discriminatoria”, indicaba Bistoletti en esa norma.
El defensor también subrayó que en 2008 ese organismo intervino en un caso, en el que era menester para un niño de 7 años “un hábitat propicio con la asepsia e higiene prescriptas por los médicos tratantes, recomendando al Ministerio de Desarrollo Social la adopción de medidas para la tutela de los derechos involucrados, solicitándose también a la presidencia de la Cámara de Diputados el tratamiento de un proyecto de ley referido al tema, recomendaciones estas que hasta la fecha no han cristalizado en una solución particular ni en un marco general, ni administrativo ni legislativo”, según la resolución firmada por Bistoletti.
Concretamente, el proyecto de ley elevado por el defensor del Pueblo e impulsado por el Área de Discapacidad de la Defensoría establece un cupo mínimo del 5 por ciento para ser asignado a grupos familiares en el que al menos uno de sus miembros sea una persona con discapacidad. También fija un cupo mínimo del 2 por ciento para ser asignado a grupos familiares “en el que al menos uno de sus miembros presente problemáticas de salud debidamente comprobadas en las que la vivienda resulta de vital importancia para el mejoramiento y sostenimiento de su estado físico y calidad de vida”.
En la resolución que acompaña el proyecto de ley, Bistoletti recuerda que, conforme dispone la Constitución de Santa Fe, “incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impiden el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida pública, económica y social de la comunidad”.
El proyecto elevado por la Defensoría dispone que “las inscripciones en el Registro Único de Inscripción Permanente (RUIP) de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santa Fe en los casos del artículo anterior se realizarán proveyendo una numeración independiente a la general”.
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