Ana Laura Píccolo
Toda muerte bajo custodia presupone la responsabilidad estatal y es potencialmente ilícita. A partir de esa premisa, la Defensoría Pública provincial realiza un minucioso seguimiento de quienes terminan su existencia en situación de encierro. La última cifra publicada es tan alta como apocalíptica: 66 personas privadas de la libertad fallecieron entre 2020 y 2021 en territorio santafesino.
El registro de muertes tras las rejas es parte del informe anual que se presenta cada año en la Legislatura santafesina. Este miércoles, la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Jaquelina Balangione, hizo una exposición donde también dio a conocer las condiciones de encierro y su brutal deterioro en el último lustro a raíz varios factores, entre ellos un notable crecimiento en la tasa de encarcelamiento que provoca sobrepoblación y/o hacinamiento en todas las cárceles y comisarías de la provincia. Según esos datos, la población penal creció un 47% entre 2017 y 2022.
Además, el informe advierte que casi la mitad de los detenidos están presos sin condena, es decir, cumplen prisión preventiva mientras la Justicia determina si son culpables o inocentes. “En 2021, el 45% de las personas privadas de libertad, tanto en prisiones como en comisarías no tenían condena firme en Santa Fe”.
En ese contexto, la cifra de personas fallecidas en custodia resulta relevante. Según el informe, de las 66 muertes registradas entre 2020 y 2021 (62 hombres y 4 mujeres), 14 tuvieron lugar en dependencias policiales y 52 dentro de la órbita del Servicio Penitenciario, lugares que actualmente alojan alrededor de 8.500 personas pese a que la provincia sólo tiene plazas para 5.800.
De esas 66 muertes, 44 fueron violentas y las 22 restantes resultado de “padecimientos físicos no determinados, enfermedades crónicas o prevalentes”, según la clasificación que emplea el SPPDP para el registro de “muertes no violentas”.
Sobre ese punto, el informe aclara que “el grave deterioro de las condiciones materiales de vida, la inadecuada alimentación, la carencia de agua potable, la falta de higiene, la presencia de vectores, la dilación o la ignorancia ante pedidos médicos, la falta de seguimiento en el control de medicamentos, la inadvertencia y falta de estudio en problemáticas de Salud Mental entre otros factores tanto materiales como humanos, resultan determinantes para el desarrollo de enfermedades que desencadenan en muchos casos en esas muertes «no violentas»”.
En relación a las muertes ocurridas sólo en 2021, el informe detalla que hubo 31 fallecimientos intramuros (28 hombres y 3 mujeres), de los cuales 22 tuvieron lugar en cárceles y 9 en comisarías. De esas cifras, 18 muertes fueron registradas como “violentas” en situaciones que incluyen –según las categorías empleadas por el SPPDP– suicidios, golpes y torturas ejecutados por agentes de seguridad, gatillo fácil y desatención manifiesta.
De esos datos se desprende otro más que relevante. La Unidad 5 de Mujeres de Rosario registró el mayor índice de mortalidad (17 por cada 1.000 habitantes) con tres muertes violentas en 2021 sobre una población penal de 173 reclusas. A modo de comparación, en el mismo año hubo seis muertes violentas en la cárcel de Piñero cuando su población era de 2.086 internos.
Del informe también se destaca que de las muertes violentas dentro del Servicio Penitenciario la mitad fueron suicidios, mientras que en el ámbito policial “se registraron como más frecuentes las que ocurrieron como consecuencia de golpes, torturas y malos tratos propinados por agentes policiales (4 casos), seguidas de las muertes de “gatillo fácil” (2 casos), y un caso de muerte por suicidio.
Visita sorpresa
El informe de muertes en contexto de encierro se dio conocer este miércoles, un día después de que la defensora provincial Balangione realizara una inspección no anunciada en la cárcel santafesina de Las Flores acompañada por cinco diputados provinciales –Lionella Cattalini (PS), Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista), Agustina Donnet (Igualdad); Juan Cruz Cándido (UCR- Evolución) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular). Fue con el fin de conocer la situación en que se encuentran las instalaciones y las condiciones de detención y los legisladores, que conforman la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, salieron horrorizados.
“Lamentablemente, para mi que he recorrido cárceles toda mi vida nada de lo que vi es novedoso, aunque sí espantoso. Hay mucha sobrepoblación en Santa Fe. El nuevo sistema penal triplicó la población en pocos años. El de la penitenciaría de Las Flores no es el peor caso. Hay 1.300 presos, de los cuales 400 no tienen condena, un tercio. El promedio de procesados recluidos en toda la provincia es de un 40 por ciento”, dijo Bruera.
La diputada agregó: “Las condiciones son inhumanas. Visitamos el pabellón de presos de máxima seguridad. Lo que los presos llaman «buzones», que son verdaderos instrumentos de tortura. Son celdas pequeñas donde los internos están aislados y en condiciones infrahumanas. Habría que desalojar esas celdas. Hay un protocolo que regula eso y no se cumple. Los presos están sin colchones, ni sábanas, ni frazadas, ni ropa de cama. No tienen luz, ni agua. Algunos, no tienen baños y los que los tienen son de condiciones muy precarias. Se desesperaron para hablar con nosotros cuando nos acercamos. Es desesperante la situación de esta gente. Algunos de ellos no reciben visitas”.
Sobran presos y falta pan: denunciaron disminución de raciones
Cattalini dijo: “La impresión que nos llevamos de la inspección es sumamente negativa. Las condiciones de detención que vimos son prácticamente infrahumanas. Denotan una total falta de inversión por parte del Poder Ejecutivo que es muy notoria. Lo que vimos es el resultado de la no gestión, más grave aún teniendo en cuenta que existe una Ley marco de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario con presupuestos que no han sido ejecutados y obras para ampliar plazas –que habían prometido inaugurar en octubre de este año– pero que recién están empezando, según lo que pudimos observar hoy”.
Por su parte, Del Frade mencionó que “después de recorrer el pabellón de reparos, el de ofensores sexuales y la cocina del penal, tenemos la certeza de que las cárceles no pueden rehabilitar a nadie y que, al contrario, degradan y humillan a cualquier persona, cualquiera haya sido el delito cometido. Porque una cosa es la justicia y las condenas por los delitos cometidos y otra distinta es una forma de venganza cotidiana que tiende a la eliminación de la dignidad. Celdas sin electricidad, húmedas, sin agua ni retretes son la geografía cotidiana en la que las personas detenidas quedan muy lejos del texto constitucional que promete la mencionada resocialización”.
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