Agustín Aranda
Después de la primera sesión del Congreso del 2019 muchos se acercaron a la diputada Araceli Ferreyra para preguntarle si la planta que tenía en su banca era marihuana o un potus artificial. Era marihuana. Si bien no fue la primera vez que la planta entraba en el edificio –hubo plantines en varias conferencias anteriores– sirvió para poner en la agenda pública los reclamos de usuarios y usuarias que son perseguidos por comprar, cultivarla o hacer aceites medicinales. ¿Existen proyectos para despenalizar, regular y controlar cannabis? Sí. Incluso uno para reformar el Código Penal propuesta por Cambiemos.
Conocimiento de causa
Hasta el mes pasado Florencia Corbelle estudiaba las políticas de drogas en Argentina gracias a las becas del Conicet. En el tren de la quita de subsidios a ciencia quedó fuera de la carrera de investigadora. En 2018 publicó el libro El activismo político de usuarios de drogas. De la clandestinidad al Congreso, que presentará a fin de año en Rosario. Ahí volcó horas de trabajo dentro de los pasillos y de las comisiones de la Cámara de Diputados entre 2011 y 2012. Fue la última vez que un proyecto de ley para enderezar las políticas de droga estuvo cerca de llegar a una votación. “Este año es complicado para este tipo de proyectos. Siendo un año electoral estos temas, como el aborto, suelen ser «pianta votos». Veo complicado que se debata, pero no soy adivina”, explicó a El Ciudadano Corbelle. Según ella, estas iniciativas suelen generar quiebres en los partidos. La apuesta es crear frentes políticos de distintos partidos para llegar al recinto. “Tiene que haber un consenso previo porque no puede salir por mayoría. Es fundamental el trabajo sobre la opinión pública que vienen haciendo las agrupaciones cannábicas y después las de familiares y usuarios terapéuticos a partir de 2015. Estos cambios requieren tiempo y consolidación del activismo para modificar las políticas de drogas. El paradigma prohibicionista y sus ideas sobre las drogas tienen más de 100 años”, agregó.
El último proyecto de regulación de cannabis entró a fin de noviembre. Fue diseñado por el Frente de Organizaciones Cannábicas de Argentina (FOCA), un grupo de una veintena de asociaciones de distintas provincias fundado hace un año. La iniciativa parlamentaria fue firmada por 12 legisladores, casi todos vinculados al Frente para la Victoria (FPV). Debe ser tratado por las comisiones de Seguridad Interior, Acción Social y Salud Pública, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. Aún no tuvo rodaje en ninguna.
“El proyecto no tuvo avance. Queremos incluirlo en la agenda legislativa. Tanto la regulación como el uso medicinal necesitan una ley. En el caso de la medicinal una mejor”, contó a El Ciudadano la diputada Araceli Ferreyra, una de las firmantes de la iniciativa. “Mi miedo es que le regulación llegue cuando ya sea un negocio de pocos. Hoy las empresas que comercializan productos de cannabis miden mejor que las del oro en el mercado bursátil. Vamos por el autocultivo como forma de acceso”, agregó.
Cómo sería
La propuesta de ley de regulación actual está apoyada en dos grandes cambios. El primero es reescribir la ley de drogas despenalizando la tenencia, siembra y cultivo para consumo personal. El máximo serían 40 gramos o 6 plantas por persona, siempre que sea mayor de 18 años. Mantendría vigente el artículo 5 de la ley 23.737, que sanciona la siembra para comercio y venta de semillas, pero solo cuando esa persona no haya tenido autorización previa de la Nación. Ese es el segundo gran cambio: la ley crea un instituto nacional de control y regulación de cannabis psicoactivo, algo muy similar al que funciona hace años en Uruguay. Será el encargado de dar licencias a quienes producen, venden semillas. También formará registros de usuarios (con protección de la identidad), de autocultivadores y de locales de venta de semillas. En paralelo, debe dar fondos a investigaciones científicas y políticas de salud dedicado al consumo problemático.
De necesidad y derechos
A 93 años de la primera normativa argentina que castigó el consumo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich le contó a la comisión bicameral del Congreso que una de cada tres detenciones por supuestos casos de narcotráfico era a usuarios y usuarias. Repitió los números de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) al respecto: entre 2011 y 2018 el 35% de las 187.398 causas de drogas fueron a quienes tenían un poco cantidad no pensada para la venta. Aun cuando la Corte Suprema definió la despenalización del consumo personal con el fallo Arriola, el Estado pone cada día dinero en causas que terminan archivadas. La persecución a usuarios –en su mayoría jóvenes y desocupados– crece. En el último relevamiento que hace desde 2014 el fiscal Federico Delgado en Buenos Aires hay pruebas. Fue de agosto, cuando las fuerzas de seguridad detuvieron a 599 personas y giraron a la Justicia unas 340 nuevas causas. Dos de cada tres eran por consumo personal. El promedio de cantidad de droga era de 9 gramos de cannabis. “La inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en que gasta dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importantes”, escribieron desde la unidad fiscal. “Solo para ilustrarlo mínimamente, en los supuestos en estudio las actuaciones requirieron de un total 14.120 hojas (más de 28 resmas) y peritajes realizados por departamentos científicos de las fuerzas de seguridad por valores que alcanzan $914.575”, agregaron desde el despacho de Delgado.
Comparar
La despenalización de la tenencia de droga para consumo personal y la regulación es un problema político para la mayoría de América Latina. Pocos países avanzaron sin trabas en sistemas de producción y consumo personal donde la Policía y la Justicia no persiga a usuarios y usuarias. El que más avanzó fue Uruguay, que desde 2013 tiene un registro de usuarios y productores para sostener el triple acceso al cannabis. En el “paisito” un mayor de 18 años puede comprar 10 gramos por semana en farmacias (la tenencia máxima es de 40 gramos). También puede elegir cultivar hasta 6 plantas que generen casi medio kilo al año, o ingresar a un club de siembra. Ningún otro país mantiene un organismo de regulación.
Brasil, que al igual que el resto de los países avanzó en la pelea de usuarios por el acceso al cannabis medicinal, mantiene desde 2006 la ley 11.344, donde establece que la tenencia y cultivo personal no debe ser penado con prisión aunque sí con servicio comunitario.
En Colombia mantienen desde 1986 que el máximo de droga considerada para consumo personal es de 20 gramos. Desde 2017 permiten el cultivo de hasta 20 plantas por persona sin considerarlo para comercio o tráfico, pero no hay regulación de venta o acceso a semillas.
México reformó su Código Penal en 2009 y admite hasta 5 gramos por persona aunque con una multa si así lo define un Tribunal. Mantiene la pena de prisión para el cultivo aunque en 2015 cuatro usuarios sentaron un precedente cuando la Corte Suprema les permitió cosechar sus plantas abriendo, como en Argentina, un camino hacia una futura reforma legislativa.
En Paraguay es legal llevar hasta 10 gramos, pero no cultivar, lo que está penado desde 1988 con 20 años de prisión.
Drogas: qué dice el proyecto de reforma del Código Penal de Cambiemos
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