La Cámara de Diputados, tal cual estaba conformada, tenía pendiente de tratamiento tres proyectos de ley para sancionar el negacionismo y la apología de genocidios y crímenes de lesa humanidad, ante el resurgimiento de opiniones y discursos que niegan los crímenes de la última dictadura cívico militar, como los que vinieron haciendo los dirigentes de la Libertad Avanza.
Los proyectos que tienen estado parlamentario fueron presentados por los diputados del Frente de Todos Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés, donde se proponen diferentes régimen sancionatorios a los que propagan discursos negacionistas en los diferentes medios de comunicación.
Si bien hay iniciativas presentadas desde marzo de 2022, ninguna logró avanzar, ante el escenario de extrema paridad que enfrentaba el oficialismo en la cámara baja. El proyecto de la diputada nacional y precandidata a senadora Carolina Moisés (Unión por la Patria-Jujuy), buscaba sancionar penalmente el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad.
“La iniciativa incluye además de la represión por el Código Penal, una capacitación para funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa”, explicó Moisés, quien dijo que lo que se busca es “dejar una contribución en estos 40 años de democracia, reivindicando el rol del Estado que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica”.
La propuesta de Moisés innova al sumar contenido al capítulo “Atentados al orden constitucional y a la vida democrática” en el Libro X del Código Penal, que dispone sumar un tipo penal agravado dirigido contra los funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad, o integrantes de las FF.AA que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad cometidos específicamente por el terrorismo de Estado en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983.
En septiembre del 2022 el diputado cordobés del FDT Eduardo Fernández presentó un proyecto, que también está firmado por sus pares de bloque Carlos Heller, Rosa Bertone, Pablo Carro, Sergio Casas, Ricardo Herrera, Carlos Ponce, y Susana Landriscini.
El texto tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología y/o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere.
Se establece un agravante del delito de negacionismo y/o apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad si las declaraciones fueran hechas por un funcionario público
De acuerdo a la iniciativa se incorpora al Código Penal los delitos de negacionismo y/o apología de apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad, donde se fija que será reprimido de tres meses a dos años a quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad.
A lo largo del proyecto se establece un agravante del delito de negacionismo y/o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, si las declaraciones fueran realizadas por un funcionario o funcionario pública de cualquier poder del Estado, jerarquía y jurisdicción.
En ese sentido, establece que será sancionado con la “destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario o funcionaria pública de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
Por otra parte, en marzo del 2022 la diputada del FDT Estela Hernández presentó otro proyecto para sancionar e incorporar en el Capítulo VI del Código Penal el delito de negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.
El proyecto redactado por Hernández también fue firmado por sus pares de bloque Hilda Aguirrre, Mabel Caparros, y Gabriela Pedrani.
La iniciativa de la legisladora chubutense proponía reprimir este delito con prisión de dos meses a dos años, y en el caso de los funcionarios públicos que hubieren incurrido en el delito previsto en el primer párrafo, sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. o funcionario pública de cualquier poder del Estado, jerarquía y jurisdicción.
En ese sentido, establece que será sancionado con la “destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario o funcionaria pública de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
Comentarios