Agustín Aranda
A Cristina Caamaño no le molesta que le digan “kirchnerista” cuando tratan de insultarla. Dice que no es ni malo ni bueno. Al menos no más que ser radical. A la fiscal de Buenos Aires sí le gusta cuando la quieren herir diciéndole que es garantista. “Es el mejor insulto porque yo respeto la Constitución”, cuenta a El Ciudadano mientras prepara su exposición en la jornada de debate en la Facultad de Derecho de la UNR llamado “4 años de neoliberalismo. Un balance de justicia y derecho para pocos”.
Caamaño es la cara de Justicia Legítima, una organización que en 2012 empezó a reunir a jueces, fiscales, defensores y académicos en un proyecto de democratización judicial alentado por la entonces presidenta –hoy vice electa— Cristina Fernández de Kirchner. Su misión desde entonces fue proponer reformas en la Justicia que dieran transparencia y acercaran a la ciudadanía a la vida en los tribunales. La fiscal habló de las propuestas y las críticas a cómo actuó el Poder Judicial durante el macrismo.
— ¿Cómo califica estos cuatro años?
—Fueron años de injusticia, de falta de derechos, de garantías, y de independencia. No tenemos un estado de derecho. Quedó muy claro en el informe hizo Diego García Sayán (funcionario de la ONU) sobre las irregularidades durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue lapidario al reunir datos girados por distintas organizaciones (Asociación Americana de Juristas, Liga por los Derechos del Hombre, entre otras) que fue entregado a las Abuelas de Plaza de Mayo en la ex Esma a los 40 años de la visita de la ONU en 1979. Desde Justicia Legítima le acercamos más material para avanzar en una democratización del Poder Judicial.
— ¿Cómo proponen hacerlo?
—La Justicia debe usar palabras que la gente entienda. Solo así podemos volver a un estado de derecho que debe ser respetado por jueces y juezas. Tenemos que dejar de hablar de garantismo como si fuera una mala palabra. La Justicia a futuro debe dejar de estigmatizar a los más vulnerables. Soy fiscala de una nueva generación que ve personas que delinquen con menos de 30 años que no tienen antecedentes penales y fueron procesados por robar una bolsa de cebollas o una campera. Eso no es delincuencia. Es desesperación.
—Son parte de una crisis económica y social
—En lugar de darles una respuesta política los encarcelan porque se quedaron sin trabajo o tienen un familiar enfermo y no saben dónde recurrir. Estos no son delitos. Robar una bolsa de cebolla no puede llevar a la cárcel a alguien. Hay que tener en cuenta el contexto social y los jueces no lo ven porque el sistema los aleja. Estoy aplicando el artículo 101 del Código Penal Procesal de Jujuy donde pedimos archivar este tipo de causas por la figura de “insignificancia”. Incluso me hay llamado fiscales federales para ver si lo podían aplicar a casos de narcomenudeo. Existen pocos fiscales con sensibilidad social que entienden que es una locura mandar a alguien preso por narcomenudeo cuando no tiene antecedentes y está en situación de vulnerabilidad.
—Eso en un sistema penitenciario que en varios distritos se declaró en emergencia
—Incluso llevan presa a personas en situación de calle. Los jueces no le dan la prisión domiciliaria y terminan presos porque no pueden fijar domicilio. No porque no quieran. No tienen. La domiciliaria suele negarse porque se teme que la persona se fugue ¿Qué recursos tiene una persona en situación de calle de fugarse?
—Desde Justicia Legítima criticaron la falta de transparencia de los procesos judiciales. ¿Cómo romper la corporación judicial y el cerco informativo?
—La única forma evitar el cerco, como el que le pusieron a CFK (por la declaración del lunes que no fue transmitida), es ampliar la cantidad de jueces y fiscales federales. Sino todas las causas caen siempre en las mismas personas. Lo mismo con la Corte Suprema. El destino de todos las personas en Argentina no pueden estar definidos por cinco jueces.
—Ella usó un término antes para hablar de cómo la perseguían judicialmente. ¿Qué significa law fare?
—“Law fare” es lo que le hicieron a la ex presidenta y a muchos ex funcionarios. Es la invención de causas con pruebas que no existen y con presiones, como la causa a José D’Alessio. La corporación judicial presiona para que digan lo que quieren decir para imputar y también para que algunos medios operen con esas declaraciones. El objetivo es que esas personas no actúen más en la política y no sean parte de la ciudadanía. Es taparlos. En una decisión política que complementa medidas económicas y sociales que tapan a la ciudadanía y la dejan sin herramientas.
— ¿Cómo podemos tener una Justicia más ágil y transparente?
—Hacer lo que propone el Código Procesal Penal de 2014: hacer el proceso oral y público. Los medios de comunicación y la gente incluidos. Así ya no se resuelve en un escritorio y con papeles de por medio, donde el juez y los implicados nunca se ven la cara. Si queremos funcionarios judiciales más sensibles a los problemas de las personas tenemos que enfrentar cara a cara a víctimas, imputados y jueces. Nos va a permitir agilizar y trasparentar los procesos penales para que una causa no dure 20 años. También tenemos pendiente una deuda con la ciudadanía desde hace décadas: poner el juicio por jurado, que está empezando a funcionar en algunos distritos, en la Justicia federal.
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