Alvaro Arellano
El anuncio presidencial que propone garantizar el acceso a la conectividad y regular tarifas, ya generó el rechazo de quienes defienden a un sector concentrado que reúne a las empresas que más aumentaron sus servicios durante los últimos cuatro años. Además, encabezan el ranking de las empresas que generan más reclamos por parte de los usuarios
El presidente Alberto Fernández cerró la semana con un anuncio que abrió un nuevo debate en la escena pública. La declaración de la telefonía celular, internet y la televisión por cable como servicios públicos, llevó indagar sobre su aplicación en otros países, y echar un vistazo en la evolución de ganancias por parte de las compañías que monopolizaron el servicio durante los últimos años.
La falta de regulación sobre estas empresas, posibilitó entre 2016 y 2020 una inflación del 268% sobre el servicio, muy por encima del promedio general (228%) y permitió que Cablevisión Holding, firma que reúne a las principales empresas de telefonía obtuviera ganancias equivalentes a 2.161 millones de pesos durante el primer semestre de 2020.
Teléfono descompuesto
El contenido del texto se refiere específicamente a garantizar el acceso a cada ciudadano, mientras que le permite al Estado nacional regular las tarifas y controlar condiciones de prestación.
La decisión llega en un contexto en el que el acceso a la conectividad es sinónimo de acceso a la educación o al ámbito laboral. En ese sentido, si bien se habla de “servicios públicos”, el texto no hace referencia a “estatización”, como sostienen detractores.
La interpretación del sector más radicalizado de la oposición eligió fundar su rechazo en que la medida replica el modelo venezolano, o bien en argumentar que es un camino que se aleja de la llegada de inversiones al país.
Cabe aclarar que el concepto de “servicio público” no tiene relación con un intento estatizador, ya que en Argentina la telefonía fija fue declarada “servicio público” desde la privatización de Entel en 1990, pero todavía es operada por dos empresas privadas.
Por otra parte, el volumen de reclamos efectuados por la ciudadanía, no hace pensar que el servicio que prestan las empresas sea el mejor. De hecho, las tres principales empresas telefónicas ocupan el podio en el ránking de las veinte empresas que generan más reclamos ante la oficina de Defensa al Consumidor, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Aumentos sin control
Entre diciembre de 2016 y julio de 2020, comunicación se ubica como el servicio que registró mayor inflación, muy por encima de Salud y Alimentos. En ese período marcó un aumento promedio del 268%, mientras que la inflación general se ubicó en 228%.
Durante el primer semestre de 2020, Cablevisión Holding, firma perteneciente a Héctor Magnetto y que reúne a las principales empresas de telecomunicaciones, generó ingresos por 131.158 millones de pesos.
Según informó la propia empresa, durante ese período, obtuvieron ganancias equivalentes a 2.161 millones de pesos.
Las ganancias de la firma se componen por los aportes de: Personal, que representa el 37,7% de sus ingresos. Lo sigue internet, Fibertel, con el 21,6%. Luego el cable, Cablevisión, con el 20,1%. Por último la telefonía fija, con el 15,3%.
El Decreto de Necesidad y Urgencia dispuesto por el gobierno nacional, pone en riesgo la continuidad de este nivel inflacionario y por ende el volumen de ganancias.
La experiencia en otros países
La medida se basa en la regulación internacional que reconoce el acceso a los servicios como un derecho esencial. Para ello cita como referencia los casos de Francia y México, aunque se pueden señalar otros ejemplos.
Canadá, Finlandia, Estonia, Costa Rica, Corea del Sur, Israel reconocen el acceso a internet como un derecho universal. Mientras que Colombia considera la televisión paga como un servicio público.
Cada territorio avanzó en el tema con diferencias lógicas de acuerdo a cada contexto. En su caso Francia, lo declaró en 2009 como derecho fundamental, y Finlandia sancionó en 2010 el derecho a una conexión a Internet de, como mínimo, 1 Mb/s que fue ampliado hasta los 100 Mb/s en 2015.
Holanda y Canadá avanzaron en el tema al considerar el acceso a internet como una herramienta básica para la economía, de hecho en este último caso reconocieron que el desembolso para garantizar una mejora en el servicio fue de 558 millones de dólares.
En 2009, La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estado Americanos (OEA), emitieron un comunicado pidiendo “reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión”. Según la Cepal, en América Latina actualmente un 45% de la población carece de banda ancha.
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