Después de años de postergación, el debate por la coparticipación federal volvió a ser central en las discusiones económicas que se dan sobre todo en los ámbitos políticos. Iniciado por el reparto del impuesto al Cheque, que suma unos 10 mil millones de pesos al año, las negociaciones por la distribución de los recursos fiscales nacionales generales puede encontrar la salida del irracional diseño actual. Un nuevo envío automático de fondos a las provincias garantiza por un lado la previsibilidad de sus finanzas pero por otro cambia completamente la relación de los gobernadores con el Poder Ejecutivo nacional, muchas veces con manejos discrecionales de los fondos públicos.
En principio, los mandatarios provinciales opositores prevén exigir que se respete el reparto a las provincias como indica la ley actual, ya que hoy está en torno a la mitad de lo indicado, pero éste no es el centro del problema porque una ampliación en los montos totales no soluciona las desigualdades existentes entre lo que reciben provincias en situaciones similares. Aún así, parece cierto que más dinero es necesario. La situación de las provincias hoy presenta en líneas generales un rojo fiscal insoslayable.
Ya varias provincias como Santa Fe presentaron recursos judiciales y comenzaron a enfrentar un cronograma de audiencias públicas que comenzarían a clarificar la situación. En esta línea se encuentran también Catamarca, San Luis, Córdoba y La Pampa.
Aunque el contexto parece ser el más adecuado para una discusión seria del tema, se han dado ya momentos similares sin haber tenido resultados que hayan cambiado el panorama. Todas las legislaturas deben estar de acuerdo con un proyecto general y en momentos de fuertes movimientos y enfrentamientos políticos, esto rápidamente se lee como perseguir una utopía.
La tensión igualmente crecerá porque las discusiones ya comenzaron. El centro del problema es acordar cómo se establecerá la forma en que se repartirán los recursos y sobre la base de qué parámetros se realizará, ya que los cambios beneficiarán a provincias postergadas pero a la vez llevarán a algunas gobernaciones a perder participación en el reparto.
Hoy hay provincias que por los envíos de dinero que reciben pueden gastar en sus habitantes seis veces más que en otras jurisdicciones.
¿Cuáles serían los cambios más fuertes que se podrían dar? Si el factor que determine el reparto es el poblacional, Buenos Aires ganará posiciones frente a las más chicas que registraron un crecimiento demográfico inferior desde 1988, año en que se sancionó el régimen vigente. En aquel momento, la idea fue que la normativa fuese provisoria o que en ocho años se promulgara una ley definitiva, lo que no sucedió.
Si como en otros países el sistema se organiza en torno a la búsqueda de compensar a aquellas provincias que por sus propios medios no pueden financiarse como otras, habrá mayor envío de fondos a las más pobres. En este sentido la idea es que se equipare el financiamiento por habitante, determinando así el argumento para ampliar el porcentaje de fondos recibidos.
Resta ver hasta dónde la Nación, las provincias y también la Capital Federal (más beneficiadas con otros envíos que con la coparticipación) cederán en las negociaciones. Todas enfrentan abultados vencimientos de deuda, pedidos de aumentos de salarios públicos y necesitan sostener el gasto.
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