A raíz de que el gobierno Nacional apunta a reemplazar la tarjeta del Transporte Urbano de Pasajeros MOVI por la tarjeta SUBE en Rosario durante el segundo trimestre del año, la Presidenta del bloque de concejales del Frente para la Victoria-PJ, Norma López solicitó que se incorporen los beneficios para los usuarios que existen en la actualidad y que están contemplados en diversas ordenanzas.
“Por un lado pedimos que la SUBE incorpore los beneficios que tiene la MOVI y esta no contempla porque son normativas municipales y es muy importantes sostenerlos: nuestros mayores de 69 años no pagan TUP (con la SUBE pagarán el 45%), todos los estudiantes primarios, secundarios y universitarios acceden al medio boleto estudiantil (la SUBE no lo tiene), tenemos franquicias gratuitas a personas con discapacidad y otros beneficiarios, y tenemos el boleto laboral o de uso frecuente que tampoco está contemplado en la tarjeta nacional. Y además, pedimos sostener el empleo de las personas con discapacidad que trabajan en los lugares de carga.
Más allá de las declaraciones de funcionarios que escuchamos esta semana, lo que queremos es que queden expresamente contempladas en los convenios o contratos con Nación”, aseguró la jefa del bloque del FPV sobre el decreto presentado el viernes en el Concejo.
Asimismo, la edila afirmó que también presentó un pedido de informes para saber cuál será la metodología para cancelar los boletos y el soporte técnico de las 800 canceladoras instaladas en todos colectivos que tenemos en la ciudad.
“El Gobierno Nacional debe informar cuál será la inversión y quien la hará. No sabemos si habrá cambio de estas máquinas, si será o no modificado el programa y el valor al cual ascendería, más los costos de administración del sistema y si será por licitación u otro método.
Por otra parte, López valoró los beneficios de la SUBE que están establecidos desde el año 2009 por la entonces administración kirchnerista y que contemplan a los sectores más vulnerables como aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, jóvenes del programa Progresar, las trabajadoras de casas particulares y las pensiones no contributivas, entre otros.
Un párrafo aparte es la situación de las 70 personas con discapacidad que hoy trabajan en las estaciones de carga. “Esperamos que rápidamente se clarifique su situación y no haya pérdida de puestos laborales”, cerró Norma López.
