El Ciudadano
Terminal Puerto Rosario (TPR), sociedad entre Vicentin y la chilena Ultramar que tiene la concesión de la terminal multipropósito del puerto de Rosario, entró en conflicto con el gremio del sector, Supa, tras anunciarle esta semana que avanzará en una fuerte reducción del personal de estibaje. La medida involucra a parte de unos 600 trabajadores eventuales, fuera de convenio pero bajo la tutela sindical, igual que los 400 que están en regla. Y se enmarca en una delicada situación del complejo portuario local, con pérdida de negocios en favor de su homólogo porteño, escaso ritmo de inversiones y un escenario global complicado, en particular, por el aumento en el costo de los fletes marítimos que aceleró la pandemia.
“En 25 años, el puerto de Rosario no ha tenido la evolución y el desarrollo de las oportunidades que se vieron para esta región”. Es una descripción preliminar de la consultora Port Consultants Rotterdam (PCR), que días atrás inició un estudio de las condiciones en las que está el complejo portuario rosarino en vistas a un plan estratégico para reposicionarlo. La convocatoria fue del Enapro, el ente administrador que concesiona las operaciones a privados y debe controlarlas. El concesionario más importante es precisamente TPR, que tiene hasta 2032 la licencia sobre la Terminal Multipropósito, en un área de 67 hectáreas con dos muelles.
La comunicación empresaria la lleva adelante el hombre clave de Vicentin Gustavo Nardelli, conocido cuando fue detenido a bordo de su yate “Champagne” en el río Paraná por violar la cuarentena e imputado de haber defraudado el Estado con créditos del Banco Nación por el fiscal Gerardo Pollicita. Según el gremio, el aviso detonó el alerta y una convocatoria a asamblea para este jueves al mediodía. En total, TPR emplea a unos mil estibadores. De ellos, unos 400 son los llamados “mensualizados”, bajo convenio colectivo. Los otros son eventuales, pero su contratación se negociaba históricamente con el Supa, algo que ahora la firma pretende modificar, dicen los obreros.
El tema tomó estado público a principios de la semana, intervino el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y la concesionaria salió a minimizar el conflicto mediante un comunicado. En ese texto, afirma que el ajuste de personal será sólo sobre trabajadores eventuales, tras aclarar que tiene potestad para reorganizar a su criterio esa plantilla laboral.
Mar de fondo
La preliminar definición sobre el preocupante estado del puerto rosarino estuvo a cargo de Pablo Arecco, representante para América Latina de PCR. Fue durante una conferencia de prensa ofrecida junto a Guillermo Miguel, director del Enapro. La actual gestión del ente concesionario y de control, que asumió en 2020, contrató a la consultora en agosto último para que, en un plazo de seis meses, le entregue un plan estratégico a 30 años que direccione planes de negocios y necesidades de infraestructura en base a un escenario de potenciales oportunidades de negocios.
El trasfondo incluye el retroceso comercial del complejo portuario rosarino y la reducción del ritmo de inversiones por parte de TPR desde finales de 2018. La consultora internacional tiene prevista una extensa agenda de entrevistas con los actores relacionados al puerto. Desde las propias operadoras –además de TPR está Servicios Portuarios, que gestiona las unidades graneleras VI y VII–, la Bolsa de Comercio de Rosario, los dadores de cargas, empresas de logística y la Municipalidad de Rosario, entre otros.
De los contactos que mantuvo la consultora con varias firmas que son potenciales clientes del puerto, trascendió que varias aludieron a los excesivos costos para sacar las cargas por Rosario. Se trata de una ecuación compleja, con numerosas variables que incluyen estadía en depósitos, fletes terrestres, tiempos de espera y frecuencias navieras. Parte de esos factores, a la vez, remiten a insuficiente mantenimiento de las instalaciones y escasez de inversiones para modernizarlas y agilizar las operaciones.
Desde el gremio Supa sostienen que la concesionaria TPR pretende acomodar sus precios bajando costo laboral en lugar de hacer las inversiones necesarias para optimizar su oferta de servicios.
¿Pasar en limpio?
La reciente amenaza de conflicto entre TPR y el gremio Supa es, en todo caso, emergente de un entramado opaco en torno del puerto que en 2020 era considerado el cuarto del país por el volumen de carga operado, pero con controles estatales débiles y acuerdos con los concesionarios que llamaron a la revisión.
El gobernador Omar Perotti puso al frente del Enapro al abogado especialista en derecho administrativo Miguel, sin experiencia en el rubro, y como segundo –en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ente– a Marcelo Terenzio, ex ministro de Ambiente durante la administración provincial de Jorge Obeid.
Lo primero que hizo la actual gestión fue poner sobre el tapete lo que consideró serias desprolijidades del equipo que lo antecedió, encabezado por el radical Ángel Elías. Entre ellas, un masivo pase a planta de personal político y una serie de erogaciones a las que no les encontró justificación. “En 2019 se destinaron unos 34 millones de pesos en gastos superfluos”, ejemplificó Miguel en diciembre pasado.
Una de las iniciales medidas del actual Enapro fue dejar sin efecto la extensión por 25 años, es decir hasta el 2057, de la concesión a TPR para operar el puerto multipropósito de las terminales I y II, otorgada en 2002 por 30 años. La medida estaba respaldada por un estudio al que tildan de “flojo de papeles”, encargado y pagado por el Enapro a la consultora internacional Grummitt, pero sospechado de refrendar los intereses de la concesionaria que por esos momentos comandaba el mencionado Nardelli, integrante de una de las familias fundadoras de Vicentin y quien a partir de sus vínculos con el oficialismo soñaba con ser gobernador de Santa Fe por el macrismo luego del arrollador triunfo de las listas de Cambiemos en las elecciones de medio término de 2017.
Una saga más que opaca
El megafraude de Vicentin, de cuyo default se cumplen estos días dos años, activó varias pesquisas en las que aparece el puerto de Rosario. Un informe encargado por el Banco Nación, firmado por Alejandro Gaggero y Gustavo García, menciona entre las maniobras de vaciamiento del holding a varias relacionadas con la concesionaria TPR.
El documento destaca que Vicentin no informó su papel de intermediario en la transferencia del 30% de las acciones del consorcio referenciado en Jordi Pujol al operador chileno Ultramar, un jugador de peso en el sector. El texto remite a la Justicia española para señalar que en 2012 el grupo exportador nacido en la ciudad de Avellaneda compró ese paquete a Pujol, empresario e hijo de un ex presidente de la Generalidad de Cataluña involucrado en causas de lavado de dinero, pero no lo comunicó a las autoridades pertinentes. Y que tampoco reflejó en sus balances la venta del 20% de TPR, que nunca blanqueó, a Ultramar en 2017.
El documento del Banco Nación agrega que, también con base en la Justicia ibérica, las acciones vendidas a Ultamar tuvieron un pasamanos desde el oscuro conglomerado catalán a Inter Rosario Port Services, y de allí a Vicentin, mediante un contrato gestionado por Gustavo Shanahan, conocido empresario rosarino caído en desgracia desde hace tiempo y semanas atrás procesado como parte esencial de una banda narco en su condición de financista que transformaba los pesos provenientes de los búnkers de Villa Banana en dólares necesarios para comprar la mercadería.
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