En su última sesión, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de comunicación mediante el cual el senador por la provincia de Santa Fe, Rubén Giustiniani, solicitó “la rescisión del contrato de concesión de obra pública por peaje de la conexión vial Rosario-Victoria en razón del conjunto de incumplimientos comprobados de la actual concesionaria Puentes del Litoral, y el rechazo a un posible aumento de la tarifa del peaje”.
“Esto es algo por lo que venimos bregando desde hace un tiempo y lo ocurrido en el Congreso supone un nuevo avance frente a una situación donde se detectan numerosas faltas por parte de la empresa que gestiona y administra el puente. Una vez aprobado esto quien tendrá que tomar cartas en el asunto es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación Federal”, comentó el socialista en declaraciones a El Ciudadano.
“Lo que venimos registrando es una larga serie de incumplimientos contractuales y faltas a las normas, además de omisiones de obligaciones de funcionarios públicos”, explicó el legislador.
En su proyecto, Giustiniani recordó que el contrato de concesión se firmó el 28 de enero de 1998. “El presupuesto total de la obra, según el contrato original, ascendía 377 millones de pesos, de los cuales 234 millones corresponde como aporte del Estado Nacional, incluyendo 10 millones de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, y 143 millones a la empresa concesionaria. Del esquema surge que el aporte estatal corresponde al 62 por ciento de la obra, mientras que a la contraparte privada le corresponde aportar el 38 por ciento que, según el cronograma de inversiones, debía efectuarse en el tramo final de la construcción. Tanto la Nación como las provincias de Santa Fe y Entre Ríos cumplimentaron la totalidad de sus obligaciones”.
“Como resulta de público conocimiento, a partir del año 2002, y una vez efectuado todo el aporte correspondiente al Estado, la concesionaria manifestó la imposibilidad de obtener el financiamiento comprometido, hecho que motivó el otorgamiento de una asistencia financiera por parte del Estado nacional de 51.648.352 millones de pesos, con el objeto de evitar la paralización de las obras”.
Por esta situación, el Occovi realiza una auditoría donde se determina una serie de “desvíos” por parte de la empresa y de irregularidades en las certificaciones mensuales de obra “que generaron un fuerte flujo de capital hacia la concesionaria sin contrapartida física real”.
“Otras situaciones, que se suman al conjunto de irregularidades descripta, son el allanamiento realizado por parte de la Justicia Federal a las oficinas de la empresa Puentes del Litoral, como consecuencia de la negativa de la empresa a requerimientos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, comportamiento incorrecto por parte de cualquier empresa e inaceptable por parte de quien sustenta una concesión pública”, se destaca más adelante.
“Además se detectó un anormal comportamiento de la carpeta asfáltica del puente, detectado en el mes de octubre de 2003, que a pocos meses de habilitado, presentó baches y daños importantes sobre la calzada, fundamentalmente sobre los terraplenes en la zona de las islas”, según el escrito.
Frente a este panorama la Auditoría General de la Nación verifica el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa “con un resultado excluyente”. “Se detectan 35 situaciones irregulares, de incumplimiento contractual por parte de la empresa concesionaria, de flexibilización de las normas contractuales por parte del Organismo de Control (Occovi) y de inviabilidad futura de la concesión”.
“En definitiva, el informe es concluyente en este aspecto, y determina que el comportamiento de Puentes del Litoral y la ineficiencia del órgano de control dejaron al Estado nacional sin cobertura”, se señala más adelante.
En la auditoria “se realizaron proyecciones hasta el año 25 de concesión y se comprueba que en razón del endeudamiento alcanzado y el costo financiero asociado, Puentes del Litoral no cancelará jamás la deuda en concepto de asistencia financiera”.
Frente a esto –en 2005– la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas presentó ante la Justicia una denuncia penal dirigida tanto contra los funcionarios que intervinieron en el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario, como contra aquellos que intervinieron en la administración y gestión de dicho contrato, en razón de que habrían permitido que el concesionario se beneficie indebidamente a costa del patrimonio del Estado nacional.
Esta actuación, señala la denuncia de la Fiscalía, podría configurar los siguientes delitos: defraudación de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, falsificación ideológica de documento público, usurpación de funciones y violación de los deberes de funcionario público.
“Un «derrotero de prórrogas» injustificadas, reducción del monto de esas garantías a gusto y piacere de la empresa, lentitud para aprobar los planes de obra e inversión, violación del principio de igualdad entre los oferentes al aprobar un cuarto carril gracias a un «desembolso millonario» del Estado, la desprolija certificación de las obras, son s sólo algunas de las irregularidades consignadas por la Fiscalía”, según recordó Giustiniani.
“El Estado nacional debe asumir una postura firme en cuanto a penalizar los incumplimientos contractuales de la firma, haciéndola asumir las responsabilidades por sus actos. Las causales de rescisión contractual son muy claros y están determinados por el máximo órgano de control externo de la Nación, no debemos permitir que el esfuerzo realizado por la comunidad toda, para hacer realidad un anhelo casi centenario de los habitantes de nuestra región, se vea desvanecido por el accionar de la empresa concesionaria y la negligencia de los organismo de control”, concluye el proyecto de comunicación.
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