Pueblos originarios de Santa Fe y del Gran Rosario se reunirán este martes en la sede Rosario del gremio estatal ATE para evaluar la presentación de una acción de amparo contra el DNU que el gobierno envió al Congreso, porque entre los cientos de artículos, uno elimina la ley 26737 de Tierras Rurales.
Se trata de una normativa que establece límites en la adquisición de tierras por parte de extranjeros e impide que puedan apropiarse sin restricciones extensiones del territorio argentino.
“Habrá pérdida de soberanía y despojo a las comunidades indígenas fuera de sus territorios ancestrales. Y entregar hoy la soberanía como se pretende en el DNU y más con el marco internacional actual, sería literalmente destruir el país y su futuro para siempre”, señala un comunicado de los referentes de pueblos originarios.
Los peticionantes agregaron que van a solicitar, como medida cautelar, la suspensión de los efectos y vigencia del DNU y de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento en lo que respecta al artículo 154 de la ley 26737, para lo cual pedirán que se habilite la feria judicial.
Ya hubo otros pronunciamientos similares. Por ejemplo, el del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), que manifestó que la derogación de la Ley de Tierras 26737 “es directamente un remate del territorio provincial”. En un relevamiento realizado en 2012, Salta era una de las provincias con mayor porcentaje de tierras (más del 10%) en manos de extranjeros. La ley que quedó derogada ante la vigencia del DNU establecía el límite del 15% del total de tierras rurales en manos de extranjeros.
El IPPIS sostuvo que con la derogación de esta normativa “están incentivando la venta del territorio del Estado argentino al mejor postor”.
Comentarios