El lobby de las grandes corporaciones mineras en favor de las modificaciones a la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno de Javier Milei dentro de la megaley Bases no se detiene sobre los integrantes de la Cámara de Diputados. Las presiones y reclamos operan sobre legisladores del bloque oficial pero también sobre los llamados dialoguistas y hasta sobre los opositores, en particular los que responden a mandatarios de provincias del norte. Los cambios que propone el oficialismo habilitan la actividad extractivista no sólo en los cuerpos de hielo de montaña sino tambien en los periglaciares, las zonas aledañas. En ese escenario, los pueblos originarios resisten el avance jurídico sobre derechos a la tierra y el agua, parte de sus vidas en una cosmovisión contraria al paradigma ultraliberal asentado ahora en el Poder Ejecutivo, que privilegia los negocios particulares por sobre los bienes colectivos y la naturaleza.
La organizacion Fuerza Ancentral Indigena se unió a otros colectivos y espacios sociales, políticos y ambientales en medio del áspero debate que se da en la Cámara baja sobre el proyecto de ley bautizado Bases, y en el contexto de la represión a manifestantes en los alrededores del Congreso. Y lo hacen sobre un capítulo cuya importancia social, cultural y estratégica quedó en un segundo plano ante la dinámica de provocaciones, tomas y dacas, irregularidades y aluvión de modificaciones al texto oficial para cosechar adhesiones.
Es que las negociaciones encabezadas por diputados de los bloques aliados con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centraron en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyeron entre las prioridades el capítulo ambiental. “Somos pocos los que tenemos compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos relacionados con la protección al ambiente”, se lamentó un diputado de la oposición.
“Estos cambios de la ley ómnibus buscan reformar la norma que impide la actividad minera en cuerpos de hielo de montaña y glaciares. No lo vamos permitir. Lo pueblos indigenas estamos mas presente que nunca y lo vamos mostrar”, señaló Daniel Naporichi, referente qom y responsable politico de Fuerza Ancentral Indígena en el Día Internacional de los Humedales.
El dirigente recordó que “los pueblos indigenas vienen teniendo una participacion politica muy activa en los ultimos tiempos” para incorporar al debate público su “propia voz y cosmovisión”. Fueron protagonistas en el rechazo a la derogaracion de la Ley de Tierras y ahora, señaló Naporichi, intervienen para que se respete el Acuerdo de Escazú, que es “el primero regional ambiental de América Latina y el Caribe”, además de pionero en en el mundo en “contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”.
Naporichi hizo foco en otro capítulo de la mega ley, el referido a la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, que aunque recortado en el transcurso de las negociaciones legislativas, “significaría darle el poder a una persona para que se convierta en arma de doble filo”.
Uno de los “nombres propios” que tienen los cambios a la Ley de Glaciares es el de la minera canadiense Barrick Gold, que tiene explotaciones en la Cordillera. “Cambiaron la definición de glaciar y de periglaciar tal como pretendía Barrick. Ellos buscaban avanzar sobre zonas protegidas y si el Congreso vota la ley van a poder hacerlo”, advirtió el abogado ambientalista Enrique Viale.
De los más de 300 proyectos mineros que hay en la Argentina, 44 están en zonas cercanas a cuerpos de hielo, según relevaron entre otras, la organización Greenpeace. La normativa actual, que se quiere modificar, prohíbe las explotaciones mineras en zonas glaciares y periglaciares.
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