Es la copa medio vacía o la copa medio llena, sólo que se trata de una copa de veneno. La Multisectorial Paren de Fumigarnos, que involucra a decenas de organizaciones locales de todo el territorio provincial, sentó posición sobre la reciente ordenanza sancionada por la comisión comunal de Pueblo Andino, que agrega 50 metros más a los 100 establecidos como zona de resguardo libre de fumigaciones. ¿50 metros más?, se pregunta la organización, que reconoció un avance pero a la par achacó al presidente de la comuna, José Abraham, que “no solucionará nada” la nueva normativa, a la que calificó de “mezquina”.
“Por un lado, demuestra que fue y sigue siendo la organización y la presión de las vecinas y vecinos lo que obliga a las autoridades locales a dejar de mirar para otro lado en los temas más importantes, los vinculados con la salud.
Y por otro, evidencia el poco compromiso real y nulo coraje para avanzar seriamente en legislaciones que definitivamente preserven la salud de la población y el cuidado de los territorios”, puntualizó Paren de Fumigarnos.
El sabor más agrio que dulce que deja la ordenanza fue expuesto a las claras por la exigua media cuadra de alejamiento de las fumigaciones de las zonas pobladas y escuelas rurales: “Habilita a quienes habitan la zona a sospechar sobre la complicidad del gobierno comunal con el agronegocio”, sostuvo la organización.
Es un problema para los poco más de 2.200 habitantes de la localidad del departamento Iriondo, a 47 kilómetros al norte de Rosario, que suele ser visitada por pescadores deportivos y recibe así ingresos por turismo, actividad que no parece compatible con el uso de agroquímicos.
“La mal llamada «Regulación sobre actividades de aplicación de fitosanitarios, promoción de sistemas alimentarias agroecológicos periurbanos y desarrollo de corredores biológicos» Nº 41/2021, sancionada el 13 de octubre del corriente año, es «decorativa». La realidad de quienes padecen las fumigaciones no cambiará con tan mezquina ordenanza. La vida de las/los andinenses seguirá estando en riesgo”, advirtió Paren de Fumigarnos.
También lo consideraron así dos voces locales expertas en la problemática de las fumigaciones rurales y sus consecuencias sobre la salud humana y animal.
“Es muy positivo, pero de todas maneras, a mi entender, debería estar a mínimo 800 metros. Pero la soja es la soja y es el poder real de la Argentina”, consideró, en diálogo con El Ciudadano, el médico, investigador y docente Jorge Kohen, director de la carrera de Especialización en Medicina del Trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.
Y esa distancia mínima la convalidó, ampliándola, el también reconocido médico Damián Verzeñassi, especialista en medicina integral y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. “Los estudios que han relacionado exposición y distancias con el daño a la salud (medido en daño genético y manifestación de malformaciones, por ejemplo) establecen 1.095 metros como distancia mínima para proteger a las comunidades”, explicó a este diario.
La medida –siempre mínima– es 7,3 veces mayor a la distancia que amplió Pueblo Andino, y Verzeñassi le da sustento: “Hay trabajos de Delia Aiassa y Fernando Mañas sobre daño genético relacionado a las distancias de la fuente. Y de Stella Benitez Leite, en Paraguay, sobre malformaciones y daño genético”, explicó. “Hoy ya hay demasiada evidencia científica del daño de exponer a las comunidades a los agrotóxicos. Y eso es lo que hace incomprensible que quienes tienen el poder de decidir, sigan jugando siempre a favor de los venenos y corporaciones, y no de la salud y las comunidades”, completó.
De igual modo, el médico y docente también valoró que haya una mayor distancia entre la población y las aspersiones. “Yo creo que es importante el avance, que se da siempre gracias a la lucha de los pueblos, y hay que acompañar y apoyar a las comunidades que se organizan para exigir se garantice el derecho a vivir en un territorio saludable”, concluyó Verzeñassi.
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