Hace 35 años, la entonces presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, ordenó ejecutar el Operativo Independencia, la prueba piloto del genocidio que sobrevino posteriormente. El 5 de febrero de 1975 a través del decreto Nº 261/75 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) instruyó al Comando General del Ejército a efectuar “las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
La ejecución del plan hizo que en octubre de ese mismo año el presidente interino Ítalo Argentino Luder –a cargo del PEN por una licencia sanitaria de Isabel Martínez de Perón– ampliara los alcances del Operativo Independencia a las otras dos fuerzas militares –Armada y Fuerza Aérea– y al resto del país mediante los decretos 2.770, 2.771 y 2.772/75.
Todas estas decisiones que oficializaron el terrorismo de Estado –que ya se venía ejecutando desde las sombras por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) dirigida por el ministro de Bienestar Social, José López Rega– se dan en el marco ideológico de la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos para los países latinoamericanos.
Tucumán fue el escenario inaugural del Operativo Independencia ya que para la cúpula del Ejército y para el gobierno justicialista allí se daban una serie de circunstancias que la convertían en un “peligro latente”.
Por un lado, en esa provincia existía una fuerte demanda social de los sectores obreros a causa del cierre de once ingenios azucareros que ocasionaron masivos despidos.
A la vez, en ese territorio operaban desde hacía algunos años grupos guerrilleros armados que se proponían como una alternativa revolucionaria para gobernar el país.
Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejercito Revolucionario del Pueblo (PRT- ERP), eran las dos organizaciones más importantes.
Justamente en Tucumán, el PRT-ERP acompañaba los reclamos sociales de los trabajadores azucareros y en mayo de 1974 organizó la Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez.
Con la pretensión de imitar el ejemplo de la Revolución Cubana y la experiencia de la Sierra Maestra, la Compañía del Monte conformada por unas cien personas se instaló en la zona del cerro Aconquija, una región de selva subtropical cercana a las localidades de Famaillá y Monteros.
El 5 de febrero de 1975, la presidenta de la Nación firmó el decreto que tuvo por objetivo el aniquilamiento de los “elementos subversivos” en Tucumán y apenas cuatro días después las tropas del Ejército al mando del general Acdel Edgardo Vilas ocuparon militarmente la provincia.
Junto al Ejército había personal de diferentes fuerzas –Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de la provincia– y un grupo de “especialistas en inteligencia” que jugarían un rol clave en el accionar represivo, que sería cualitativamente diferente al que se había ejecutado en años anteriores en el país.
El Operativo Independencia se dividió en dos partes: por un lado, el general Vilas desplegó sus fuerzas de tareas con alrededor de 5 mil soldados en la zona del Aconquija y, por otro, se montó un sistema de persecución, secuestros y torturas en San Miguel de Tucumán, Concepción y otras ciudades de la provincia con el fin de producir terror y obligar a la delación dentro de la sociedad civil tucumana.
En esa línea, Vilas mandó a realizar un censo en cada uno de los hogares y obligaba a las familias a avisar cada movimiento. También controlaba la venta de mercaderías de los almacenes para evitar que pudieran entregar insumos a la guerrilla.
Otra novedad que se dio en el marco del Operativo Independencia fue la creación de campos de concentración denominados por los militares Lugar de Reunión de Detenidos (LRD).
Uno de ellos fue la cruelmente recordada Escuelita de Famaillá por la que se estima que pasaron alrededor de 2 mil secuestrados. El operativo también funcionó como un entrenamiento para lo que vendría: se renovaba el personal militar en forma constante y llegaban de todo el país para formarse en este sistema de “guerra sucia”, que incluía la persecución, secuestro, tortura y desaparición de quienes eran vistos como posibles subversivos para los ojos el Ejército.
El 18 de diciembre de 1975 el general Antonio Domingo Bussi se hizo cargo del Operativo Independencia en reemplazo de Acdel Vilas y, para ese momento, la Compañía del Monte ya había sido desarticulada.
Bussi se encargó de profundizar las estrategias para atemorizar a la población con la creación de nuevos centros de detención, entre ellos uno que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en las afueras de San Miguel de Tucumán, que repetía el modelo del nazismo con alambrados de púas perimetral, torres de vigilancia y terrenos para fusilamientos.
Apenas tres meses después, el 24 de marzo de 1976, las tres fuerzas armadas derrocaban al gobierno constitucional de Isabel Perón y Bussi se transformaba en el gobernador de facto de Tucumán.
Si bien casi no se registraron enfrentamientos armados entre el Ejército y los insurgentes, se estima que este plan de acciones dejó un saldo de más de 2 mil muertos, aunque las cifras se siguen actualizando a partir de nuevas investigaciones y testimonios de sobrevivientes.
La Universidad de Tucumán fue la que registró en proporción el mayor porcentaje de desaparecidos de todo el país: nueve de cada diez personas fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública.
Además, alrededor del 35 por ciento de las desapariciones ocurridas en Tucumán se realizaron entre febrero de 1975 y marzo de 1976, es decir, durante el llamado Operativo Independencia.
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