Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó ayer la norma por la cual la provincia adhiere a la ley nacional contra la violencia de género. Con las barras colmadas de militantes de agrupaciones feministas y políticas, legisladores del oficialismo y de la oposición celebraron el acuerdo que se plasmó en los números de la votación: 45 a favor y ninguno en contra.
La adhesión de la provincia a la ley nacional 26.485 –de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, institucional, laboral y mediático– tenía media sanción de la Cámara de Senadores y, con el trámite completado ayer, ahora el Ejecutivo está en condiciones de reglamentarla y promulgarla.
La norma nacional –sancionada por el Congreso en marzo de 2009 y reglamentada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en julio de 2010– tipifica diversas situaciones de violencia hacia las mujeres y prevé sanciones a los responsables. La ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y se basa en los tratados y convenciones internacionales con los que está comprometido el país.
La diputada justicialista Silvia De Césaris, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que con la sanción de la ley “se está dando un paso más que importante para la construcción de una sociedad con un futuro mejor y sin violencia. Esto demuestra que la presidenta, que es un honor que sea mujer, lleva adelante políticas públicas de integración, de no discriminación y de igualdad de oportunidades”.
Por su parte, la diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez sostuvo que “el patriarcado se resistió siempre a los avances, considerando que esto es un tema doméstico, que afecta a una supuesta minoría. Pero las que mueren son mujeres, las víctimas de los femicidios son mujeres de distintos sectores sociales”. Y destacó que “esta ley nos garantiza vivir una vida sin violencia”.
En todos los discursos que se pronunciaron antes de la votación se hizo referencia a los recientes casos de violencia contra las mujeres, especialmente los que se registraron en las últimas semanas en la capital provincial, entre ellos el que tuvo como víctima, el último martes, a Gisela Benítez, una joven de barrio Santa Rosa de Lima que fue quemada por su ex pareja y que permanece internada en el hospital Cullen.
También se recordó la muerte de Carmen García, una de las tres mujeres que fueron quemadas por sus parejas, en Santa Fe, en los días de Semana Santa.
Las otras dos fueron Florencia Fernández y Melina Monzón, quienes sobrevivieron a los ataques. A cada alusión, las mujeres presentes en la barra de la Cámara de Diputados respondieron con una ovación.
Santa Fe es la segunda provincia con más cantidad de femicidios en el país, sólo superada por Buenos Aires.
Según datos difundidos por la ONG Casa del Encuentro, en 2012 ocurrieron 28 casos de femicidios en la provincia mientras que a nivel nacional se contabilizaron 231 muertes. En lo que va de 2013, hubo once femicidios en la provincia.
Fondo Kuwaití, postergado
Tenía preferencia para ser tratado ayer en la Cámara de Diputados, pero al quedar sin quórum la sesión el proyecto por el cual la Legislatura avala el crédito que tomará la provincia con el Fondo Kuwaití para la ejecución de la primera etapa del Acueducto Reconquista fue postergado por segunda vez.
La iniciativa, con media sanción del Senado, aprueba la solicitud del Poder Ejecutivo para tomar un crédito por 15 millones de dinares kuwaitíes (51 millones de dólares) con el objetivo de ejecutar la primera etapa del acueducto.
El texto declara de interés público y sujeto a expropiación todos los inmuebles que resulten necesarios a los fines de la ejecución de las obras del acueducto, uno de los doce grandes sistemas de abastecimiento de agua potable planificado por el gobierno de la provincia para dotar a la totalidad de las poblaciones que presentan deficiencias de suministro de agua o carecen del mismo. El préstamo será por 15 millones de dinares kuwaitíes con una tasa de interés del 2,5 por ciento anual, cuatro años de gracia y 20 años de amortización. El acueducto unirá Reconquista, Avellaneda y Fortín Olmos y permitirá llevar agua potable a 275 mil personas en el norte santafesino.
Asamblea aprobó pliegos de 4 jueces y 7 fiscales
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la designación de cuatro juezas y siete fiscales para el Ministerio Público de la Acusación. También rechazó dos pliegos de fiscales que no habían logrado el puntaje mínimo establecido en su momento por el fiscal general Julio de Olazábal.
Por unanimidad, senadores y diputados dieron el aval para designar a María José Diana, Alicia Galetto y María Paula Mangani como juezas de los Tribunales de Familia de la ciudad de Rosario.
Lo mismo ocurrió con el pliego de Cristina Fortunato, quien ocupará el cargo de jueza subrogante en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción, Correccional, Sentencia, Faltas y de Menores de Rafaela.
Además, en lo que tiene que ver con la reforma del sistema penal, la Legislatura dio un nuevo paso al avalar siete de los nueve pliegos propuestos por el Ejecutivo para cubrir cargos de fiscales en el Ministerio Público de la Acusación.
Los designados son Fernando Dalmau, Patricio Benincasa, Nicolás Foppiani y Matías Ocariz, para Rosario; Juan Carlos Ledesma para San Lorenzo; Leandro Martín para Venado Tuerto y Gustavo Latorre para la ciudad de Vera. Los pliegos de Virginia Balanda y Bárbara Ilera, propuestas para la ciudad de Santa Fe, fueron rechazados porque ninguna de las dos superó los 60 puntos en el concurso.
El PJ, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, argumentó su rechazo a las postulaciones –al que se sumaron los diputados del PRO– de Ilera y Balanda en razones técnicas y no políticas. El presidente de la comisión Bicameral de Acuerdos, Leandro Busatto, argumentó que el propio De Olazábal les había impuesto los criterios mínimos para la aceptación de los candidatos a fiscales: 65 puntos en los concursos. Balanda obtuvo 57,87 puntos e Ilera 57,73.
Para disipar dudas, el diputado del Frente para la Victoria ratificó que su espacio está a favor de una rápida reforma del sistema penal –para lo cual es necesario que la Legislatura complete la designación de fiscales y defensores– y de una renovación de la Justicia, pero no a aceptar postulaciones que no cumplan con los requisitos mínimos.
“Quisimos ser condescendientes con el fiscal general de la provincia”, argumentó Busatto.
