Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno ampliaron la denuncia contra su colega Matías Edery, a quien acusan de “conductas pasibles de configurar delitos de acción pública” a través de un escrito que elevaron a las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En un detallado informe que ocupa 33 carillas, los fiscales describen distintas acciones de Edery por las cuales consideran que incurrió en delito y que no sólo protegió a Mariana Ortigala -acusada de formar parte de la banda de Los Monos-, tal como denunciaron originalmente, sino también a otras personas.
La exhibición de las capturas de pantalla de los chats que Edery mantenía con Ortigala, durante una audiencia el pasado 20 de septiembre, fue la punta del iceberg de un “trasfondo más complejo” que incluía “la existencia de una gama de delitos que podían configurar una ‘protección institucional’ permanente en el tiempo -que data al menos desde 2019- en favor de la señora Mariana Ortigala por parte del fiscal Edery”, indicaron en el escrito.
A pesar de que la fiscal regional María Eugenia Iribarren apartó a Socca y Moreno de la investigación de la causa que investiga a Mariana Ortigala por extorsión contra el dueño de la agencia de lotería El Califa, los fiscales consideran que están obligados legalmente a denunciar y exponer todas las evidencias que recolectaron para probar el comportamiento sospechoso de su colega.
Por eso sumaron elementos que comprometen aún más a Edery: aseguran que la protección institucional brindada no sólo benefició a Ortigala sino también a Lorena Córdoba, la viuda de David Perona, conocido como el Rey del juego clandestino de Rafaela.
En el mismo sentido consideran que Edery “habría favorecido ilegítimamente la situación procesal de Rodrigo Ortigala”, hermano de Mariana, conocido por ser uno de los testigos más determinantes en el juicio contra Esteban Lindor Alvarado. Por esta razón, le achacan los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Y aportan datos más graves: sostienen los fiscales que “existen situaciones que darían cuenta de que Edery podría ser imputado por tener responsabilidad penal directa en los hechos investigados dentro de la causa de la que fuimos apartados, configurando su accionar en la probable comisión del delito de encubrimiento agravado, ocultando deliberadamente evidencia incriminante contra Mariana Ortigala y Lorena Córdoba, a sabiendas de que ambas habían participado en la seguidilla de intimidaciones sufridas por la víctima (Cristian Quinteros, dueño de la agencia El Califa), en la que le exigían ilegalmente la suma de 1.500.000 dólares”.
“Todas estas situaciones fueron conocidas durante la tramitación de la causa –hasta el momento en que fuimos apartados– y mientras estábamos a cargo de la investigación hemos conocido y advertido situaciones que por nuestro carácter de funcionarios públicos estamos obligados a denunciar”, abundan.
Por último, Socca y Moreno entienden que hay investigaciones en trámite en la Fiscalía Regional de Rosario cuyas actuaciones deben ser revisadas porque hay evidencia para incriminar a Mariana Ortigala. También sugieren que se aparten a los fiscales actualmente a cargo de esos casos y se los remitan a fiscales que están fuera de la circunscripción de Rosario.
En la Legislatura
En tanto, el caso Edery también retoma velocidad en la Legislatura santafesina, que ahora deberá formalizar la acusación por indisciplina.
La diputada socialista Lorena Ulieldin será la encargada de llevar la parte acusatoria, por lo que pedirá una copia del legajo de la investigación que están llevando adelante los fiscales en la ciudad de Santa Fe.
Ulieldin termina su mandato como diputada el 10 de diciembre, por lo que tiene menos de un mes para reunir toda la información y vehiculizar la acusación contra Edery para que después la Legislatura resuelva si lo sanciona o no.
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