Policiales

Whiskería cama adentro

Prostitución: el bar La Rosa tuvo condena

Por “facilitamiento” del trabajo sexual penaron con 4,6 años de prisión al Indio Blanco (dueño del célebre burdel allanado en 2013) y con 4 años a dos mujeres


El local estaba en Callao al 100 y contaba con un hotel en la planta alta. Foto: Ignacio Petunchi

Facilita la prostitución aquél que posibilita los medios para que la persona se inicie en la prostitución o continúe en ella, dice el fallo que condenó a Juan Carlos Enrique Cabrera a la pena de 4 años y 6 meses. Mientras que su ex mujer, sindicada como la encargada del lugar, deberá purgar 4 años de prisión al igual que la Gringa, la mujer encargada de cobrar los “pases” en el hotel que estaba pegado al conocido bar La Rosa, en Pichincha. El falló aún no se encuentra firme y restan etapas recursivas que las defensas de los hoy condenados podrán utilizar para torcer la suerte de sus clientes. En caso de confirmarse la decisión deberán purgar la pena en la cárcel.

Se lo conoce con el apodo de Indio Blanco, fue el dueño de la whiskería más conocida de la ciudad por donde desfilaron hombres de toda clase. Con un salón acondicionado para la atención de las personas de su mismo sexo, ofrecía shows eróticos, coperas y servicios sexuales. Los últimos eran consumados en el hotel que estaba arriba del bar y cuyo ingreso estaba pegado al local, en Callao al 100. Ambos comercios estaban habilitados, e incluso en la calle había un servicio adicional. Un inspector declaró que era un servicio eventual dispuesto por la repartición desde las 23 a las 6 de la mañana ya que la Municipalidad les exigía un inspector en el sector de la puerta para que no se estacionen en doble fila ni en la salida de emergencia.

El inicio de la causa se produjo cuando se hicieron denuncias en medios radiales. En ellas, se apuntaba a La Rosa como un lugar donde se ejercía la prostitución. A partir de allí tomó intervención la Oficina Judicial de Causas con Imputados no Individualizados y el Juzgado de Instrucción 2°, entonces a cargo de Alejandra Rodenas.  Luego de distintas tareas de inteligencia, que incluyeron la presencia de policías de civil en el lugar, se produjo un allanamiento en mayo de 2013. Se encontraron clientes, 18 trabajadoras y su dueño fue detenido.

Una de ellas contó que empezó a trabajar porque encontró el aviso por internet: “Vi que necesitan mozas, bailarinas y algo más”. Le dieron una entrevista para el otro día a las 22 horas y como se asustó su papá la acompaño. Al hombre no le gustó la facha del lugar pero la chica quería ver si conseguía el trabajo. Los primeros dos años trabajó tras la barra y de moza pero se tentó por la plata y comenzó a trabajar de copera y ofrecer servicios sexuales. Tomaba copas con los clientes, por 10 o 15, minutos que ellos pagaban y luego le ofrecía los servicios sexuales.

Todas tienen una historia similar, sólo le pedían el documento para corroborar que fueran mayores de edad. Coincidieron en que el 50 por ciento de las copas y los “pases” quedaban para Cabrera y el otro 50 por ciento para ellas. Los servicios sexuales los prestaban en el hotel y el cobro se hacía en la recepción antes de ingresar a la habitación, al finalizar la noche se hacían las cuentas y a cada chica le pagaban su trabajo.

Los condenados

Mariela Alejandra Otta fue pareja de Cabrera, y la habilitación del hotel estaba a su nombre. Si bien ella se desligó de ello, dijo que al terminar la relación siguió trabajando en el bar como una empleada más y la habilitación quedó a su nombre porque tenían buena relación, pero el resto, la sindican como la encargada y organizadora. Según el fallo ella seleccionaba el personal. También había documentación que la ubicaba como una mujer que participaba en el lugar como algo más que una simple empleada.

Mientras que Mariela Laura Durán, que dijo ser una empleada del hotel, fue señalada por el resto como la persona que estaba en la recepción, cobraba los pases y anotaba en una planilla cuántos servicios sexuales habían prestado cada chica

En su indagatoria Cabrera dijo: “Yo no exploto a las mujeres, tengo un negocio que está habilitado”. Aseguró que La Rosa se desentendía del pacto que puedan hacer las alternadoras y el cliente. Dijo que cobraba 150 pesos el hotel y con las alternadoras tenía un contrato de servicio, el negocio ganaba en el alcohol que consumían los clientes. Aseguró que les prestaba asistencia médica a las chicas y les proveía profilácticos, aunque aclaró que eran para colocarlos en los aparatos que se usaban para los shows, “mi parte posesiva con ellas no es de fiolo”, dijo.

El hombre contó que nació en un prostíbulo, donde estaba el colegio Español: “Yo mal puedo afectar a mis chicas” dijo el dueño de la whiskería La Rosa durante su indagatoria. Y agregó que “yo veo que se desconoce la idiosincrasia y la mentalidad de las chicas que se prostituyen, se desconoce mucho sobre el tema, en particular legisladores o la Policía”, aseguró.

Pero el juez de Sentencia N° 3, Edgardo Fertita, no llegó a la misma conclusión. Entendió que Cabrera y las otras dos mujeres acusadas habían proporcionado sobradas facilidades para el ejercicio de la prostitución al procurar una clientela cautiva a partir de los shows y las copas que se ofrecían. A lo que sumó la contigüidad del hospedaje donde las mujeres llevaban los clientes. No dejó de lado las cámaras que había en las habitaciones, que registraban los servicios de las trabajadoras. Para el juez no es casual que las trabajadoras elijan la misma tarifa para los pases y lo hagan en el mismo hotel. También señaló que el contenido del contrato de locación refiere a la obligación de comunicar enfermedades que impidan la prestación de servicios para los que las mujeres fueron contratadas  y los controles de salud periódicos a los que eran sometidas.

Para el juez está probado que hubo explotación económica y facilitamiento de la prostitución de mujeres mayores de edad y resolvió condenar a Juan Carlos Enrique Cabrera a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel. Mientras que María Laura Durán y Mariela Alejandra Otta fueron condenadas a la pena de 4 años por el mismo delito.

“Las abolicionistas no se conmueven con las explotadas”

Georgina Orellano es la secretaría general de Ammar, el gremio de las trabajadoras sexuales. El mes pasado, en su paso por Rosario, cargó contra las políticas antitrata que partieron desde una mirada de punitivista. Uno de los puntos que generó la polémica fue el cierre de La Rosa, hecho por el cual ayer fue condenado el Indio Blanco.

“Rosario fue uno de los principales municipios del país que llevó adelante la prohibición de cabarets y whiskerías. La publicitó como una política feminista con concejalas mujeres que tenían una posición más cercana al abolicionismo. Pusieron su visión personal sobre el escritorio y desplegaron normativas sin preguntarle a las trabajadoras sexuales de qué manera mejorar las condiciones de trabajo y si querían otra alternativa laboral. Ninguna política pública pensada desde la buena intención puede llevarse adelante sin trabajo territorial”, empezó.

“En vez de ayudarnos y empoderarnos, estas políticas decidieron por nosotras. Y eso es el patriarcado. No está bueno decidir por la compañera y no preguntarle qué quiere para su vida. Porque seguramente lo que una quiere no es necesariamente lo que va a realizar la otra. Pero de eso se trata el feminismo. De respetar que cada una elija y tome decisiones que podemos no compartir. No podemos ponernos la gorra y salir a policiar cuerpos ajenos y decir que no es legítimo y que es indigno mi trabajo”, agregó.

Para Georgina, si el municipio hubiese querido regular el trabajo sexual, el cierre de cabarets y whiskerías no era la solución. “Los cabarets están a la vista de todos. Todos sabían dónde estaba La Rosa. Entonces, ¿no es que en realidad molestaba que estén en el medio de la ciudad? ¿Qué mejor que estén a la vista y que el Estado controle las condiciones de trabajo de las compañeras?”, preguntó al público.

Para explicar su postura recordó que la trata no es sólo sexual sino que también existe en el trabajo textil y en el campo. “Las abolicionistas no se conmovieron con las bolivianas explotadas en las fábricas ni con los yerbateros de Misiones. Todos tomamos mate y nadie se pregunta por los yerbateros en esclavitud. Cuando se piensa en combatir la trata no se prohíbe el trabajo. Se hacen inspecciones, se blanquea a los trabajadores, se multa, se arman cooperativas. Las políticas antitrata sexual fueron pensadas desde una perspectiva moral y no laboral. Consideraban que al trabajo sexual había que prohibirlo y que al sexo hay que esconderlo y que no esté a la vista de todos”, dijo Georgina.

“La sociedad espera que las mujeres vivamos el sexo desde la gratitud, con un contrato sexoafectivo por amor. Y es muy aburrido. Si vivimos en un sistema capitalista donde nada es gratis, ¿por qué el sexo tiene que ser gratis? ¿Por qué no lo puedo cobrar? Nuestra lucha no es sólo por cambiar la mirada del poder político sobre nuestro trabajo y adquirir derechos como cualquier trabajadora. Peleamos para que todas y todos podamos vivir libremente nuestra sexualidad. Sin juzgar y mirando siempre a la compañera con amor. La sororidad es eso: aprender a ponerse en los zapatos de la otra”, dijo.

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