La Justicia prorrogó ayer por 90 días la prisión preventiva al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal en la causa por presuntas vinculaciones con el juego clandestino. El ex funcionario quedó involucrado en un escándalo judicial cuando el empresario Leonardo Peiti, imputado en una banda de extorsionadores vinculados al juego clandestino, declaró como arrepentido y dijo que le pagaba entre 4 y 5 mil dólares al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien continúa detenido, con anuencia del entonces fiscal Regional para obtener protección e información sobre posibles pesquisas en su contra.
La audiencia de revisión de medida cautelar se desarrolló ayer a las 16.30 mediante videoconferencia. Serjal está acusado de los delitos de cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y en grado consumado; cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con y falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público en carácter de coautor y en grado consumado; omisión de persecución en carácter de coautor y en grado consumado y por peculado de servicios en carácter de autor y consumado.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en audiencia la Fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley mientras que la defensa de Serjal solicitó su libertad y subsidiariamente la morigeración a la modalidad domiciliaria. La jueza de primera instancia Eleonora Verón tuvo por formalizada la audiencia y dictó la prórroga de prisión preventiva efectiva por 90 días, hasta el 2 de febrero de 2021.
Los delitos mencionados por los que está acusado Serjal —quien era jefe de los 79 fiscales de los departamentos de Rosario, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución— se le atribuyeron en una audiencia imputativa desarrollada el pasado 11 de agosto, misma fecha en la que le otorgaron la prisión preventiva por 90 días que se le prorrogó ayer.
La acusación estuvo a cargo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos quienes le imputaron a Serjal, en su carácter de Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, haber incurrido en diversos delitos contra la administración pública.
Al finalizar la audiencia, los fiscales dijeron, a modo de referencia, que la recaudación por el juego ilegal en la provincia de Santa Fe oscila alrededor de los 1.100 millones de pesos mensuales.
Un plan para recaudar
Según la acusación, Serjal junto a su entonces fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti (quien ya fue imputado) y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos, interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes propios de su competencia, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti.
Para cumplir ese objetivo llevaron a cabo distintos hechos que fueron detallados por la Fiscalía.
Según la acusación, Serjal acordó con Peiti que quien se encargaría de mantener el vínculo con él a los fines de cumplir con este pacto sería Ponce Asahad, reafirmando el acuerdo que tenían con el mismo desde diciembre de 2018.
El 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etolie de la ciudad de Buenos Aires donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar que oscilaba al equivalente de entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales y solicitarle el aumento de la misma.
En cumplimiento de ese acuerdo, Ponce Asahad tuvo encuentros en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante. Uno de esos encuentros ocurrió el 9 de julio pasado a las 12.35, cuando Peiti concurrió al Pasaje Rosales de Rosario y acordaron que serían entregados 10 mil dólares ese día por la tarde. Según la acusación, dicha entrega se concretó cuando se reunieron a las 18 en la Sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario o Centro Cultural rabe “Lamame Charife” en calle Dorrego 1251.
Para los fiscales que llevan adelante la investigación, esos encuentros ocurrieron en otras oportunidades como en la esquina de bulevar Oroño y Mendoza, donde Ponce Asahad recibía el dinero acordado.
El 16 de junio pasado, Ponce Asahad concurrió al Organismo de Investigaciones del MPA, oportunidad en la cual pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de una investigación que tenía como sospechoso a una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre las que se encontraba Peiti.
Al otro día concurrió a ese lugar nuevamente para volver a ver esa investigación y el 30 de junio le informó a Peiti sobre la existencia de esa pesquisa que lo tenía como sospechoso y le advirtió sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejándole que cambiara y rompiera el teléfono lo cual motivó que el empresario dejara de utilizar la línea que se encontraba intervenida desde el 22 de junio.
Además le pidió 100 mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y lograr que se lo tratara como una víctima de lo sucedido.
Por su parte, el empleado Nelson Ugolini en cumplimiento de los acuerdos referidos transmitió información a Peiti sobre causas en trámite en el MPA que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo.
Según la acusación, en una de las oportunidades le informó a Peiti sobre la causa que tenía como sospechosos a dos personas, las cuales habían sido detenidas el 8 de enero por portar armas de fuego sin autorización y le envió imágenes de pantalla que contenían la información requerida por whatsapp.
Ugolini también está acusado de remitirle a Peiti, el 18 de febrero, un mensaje en el cual le informa las causas que podrían tenerlo como sospechoso y en donde el fiscal Edery lo investigaba por causas de juego clandestino.
El 6 de marzo, Ugolini le remitió información sobre los domicilios que serían allanados en los cuales funcionarían salas de juego clandestino, fecha en que el fiscal Ponce Asahad tenía a su cargo la oficina de “Trámite de solicitudes jurisdiccionales, acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción en materia de ejecución penal” del MPA.
La causa de Melincué
Para los fiscales Edery y Schiappa Pietra, los tres imputados, en cumplimiento del plan común, omitieron actos propios de sus funciones y realizaron otros en violación a los deberes a su cargo y función que ostentaban.
Por eso acusaron al trío de obstaculizar la investigación penal por juego clandestino a cargo del fiscal de Melincué Matías Merlo, quien tenía a Peiti en la mira, al informarle sobre la existencia de una investigación en su contra y de allanamientos que se iban a realizar.
La filtración de esa información frustró las medidas en curso.
Según la acusación, Ugolini, a sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino creó un legajo sobre juegos de azar y se la asignó por fuera de la reglamentación vigente a Ponce Asahad con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el Merlo.
Esto les permitió acceder a información vinculada a las investigaciones y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos.
Por último, los ex fiscales fueron y el empleado del MPA fueron acusados por no perseguir a las personas que amenazaban a Peiti, a sabiendas que el empresario estaba siendo víctima de hechos violentos por parte de Maximiliano “Cachete” Díaz y sus allegados, vinculados al líder de Los Monos Guille Cantero, quienes le reclamaban dinero a cambio de no hacerle daño a él o a su familia.
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