Ezequiel Nieva
¿Se puede investigar con eficacia un delito digital con herramientas analógicas? Bajo la premisa de que eso no es posible, el diputado provincial Jorge Henn presentó en la Legislatura un proyecto que apunta a reformar el actual Código Procesal Penal para incluir la figura de “allanamiento digital” o “allanamiento remoto”: una herramienta que le permitiría a la Justicia acceder a los datos de los dispositivos electrónicos –computadoras, celulares, tablets– con el fin de obtener evidencias digitales en casos de delitos informáticos.
“La evidencia digital tiene distinta naturaleza jurídica que la tradicional, pero en la actualidad se utilizan las mismas normas, por analogía”, explicó el autor de la iniciativa. “En términos de avances informáticos y tecnológicos, el derecho de fondo ha avanzado mucho. Ahora les toca a las provincias, que regulan la administración de justicia, hacer los mismos avances”.
Si la Legislatura avanza en el tema, Santa Fe sería una de las provincias pioneras en esta materia. Hasta ahora, solo en Mendoza se está discutiendo un proyecto similar, que ya tiene media sanción. Henn tomó esa iniciativa como antecedente, hizo consultas con el titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, y con su visto bueno ingresó el proyecto en la Cámara de Diputados.
“Los cambios tecnológicos llegan a todos los ámbitos de la vida cotidiana”, justificó el ex vicegobernador de la provincia. “La Justicia no debería ser ajena a ellos. Los delitos se fueron complejizando con las nuevas tecnologías y los allanamientos dejaron de funcionar de la misma manera porque las pruebas, en muchos casos, pasaron a ser digitales. Es inminente que se renueven las herramientas de investigación para poder resolver los casos de manera eficaz”.
Cómo funciona
De acuerdo al texto de la iniciativa elaborada por Henn, el allanamiento remoto se utilizará en aquellos casos donde se cometan ciberdelitos u otros delitos en los cuales haya sido necesario el uso de tecnología para llevarlos adelante. “Si estamos hablando de un cibercrimen, no podemos seguir utilizando una ley que regula los procedimientos para allanar una casa”, explicó el diputado del Frente Progresista.
En lo que hace a la implementación técnica, funcionaría como un “troyano judicial”: un software de acceso remoto al dispositivo que se quiere investigar. Para que ello ocurra, deberá existir la autorización de un juez competente con el objeto de resguardar la privacidad y evitar que un mal desempeño provoque la nulidad de la investigación.
“Para registrar una computadora, se utilizan las mismas normas que para registrar una casa; para interceptar tráfico de información por internet, hay que utilizar normas que están relacionadas con la posibilidad de interceptar llamadas telefónicas. Lo que buscamos es crear normas especiales en función de los avances digitales porque hoy la cosa pasa por otro lado”, indicó Henn en diálogo con El Ciudadano.
“Es un avance novedoso que tiende a hacer más eficiente la investigación judicial, a bajar los niveles de impunidad y a servir como contrapeso para que no se produzcan abusos; de hecho, presentamos al mismo tiempo una ley de habeas data para regular los aspectos de competencia provincial en materia de protección de datos y cámaras de seguridad”, agregó el legislador provincial.
Los riesgos
Cuando empezó a discutirse un proyecto similar en Mendoza, el perito informático forense y especialista en ciberseguridad Pablo Rodríguez Romeo planteó algunos de los riesgos que conlleva el uso de la tecnología de avanzada en la investigación criminal: “No podemos negar que todos estos avances plantean algunos interrogantes técnicos en cuanto al acceso a equipos o aplicaciones que se encuentren cifrados, a la Deep Web, entre otras cuestiones. Pero también en relación a la protección de datos personales y a lo que la implementación de este tipo de procedimiento pueda generar para no vulnerar derechos y garantías constitucionales”.
Ante esos interrogantes, el diputado Henn sostuvo que “la normativa debe ser clara para que no se caigan en casos de abusos que terminen entorpeciendo el procedimiento o, en el peor de los casos, terminen anulando las pruebas por la mala obtención de las mismas. Y acá es muy importante garantizar la cadena de custodia de la evidencia digital, es decir, proteger la información obtenida para que no se las manipule y que el proceso sea transparente”.
Por último, Henn postuló que “la investigación requiere de una nueva normativa que le permita colaborar con la justicia. Las pruebas digitales en los casos de ciberdelitos o delitos graves como el narcotráfico, la pornografía infantil, trata, los delitos sexuales, terrorismo y la venta ilegal de armas, entre otros, son necesarias para agilizar los procesos y tener un sistema más eficiente”.
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