Ciudad

Proponen regular a los convenios urbanísticos

El edil Debiasi propicia que desarrolladores aporten el 25 % de la superficie construida a vivienda social.

Es desde hace tiempo un tema que causa polémica y en cada tratamiento en la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal o en el recinto se transforma en una extensa discusión. Se trata de los convenios urbanísticos que se realizan entre particulares y el Departamento Ejecutivo y que hasta el presente no tienen ordenanza alguna que los regule. En tal sentido han sido reiterados los reclamos de la peronista María Eugenia Bielsa, y también del radical Jorge Boasso; ahora el concejal Orlando Debiasi, del bloque Socialista, presentó un proyecto para su regulación.

Así, entre otros aspectos plantea que las propuestas de convenios urbanísticos deberán ser presentadas de manera simultánea ante el Ejecutivo y en la mesa de entradas del Concejo Municipal e igualmente propone la creación de una Comisión Permanente de Convenios Urbanísticos, que deberá convocar al Concejo en el proceso de negociación entre los urbanizadores y los entes municipales.

En la iniciativa también propicia el concejal Debiasi que en todo convenio que se suscriba se obligue a los urbanizadores a “aportar el 25 por ciento de la superficie construida para la ejecución del Programa Municipal de Construcción de Viviendas para Familias de Ingresos Medios”. Tal aporte deberá efectivizarse en un plazo de 6 meses desde el momento en que se apruebe la ordenanza para cada convenio.

Para el edil del socialismo “es necesario que este mecanismo tenga desde su origen lineamientos claros y transparentes para lograr objetivos óptimos reales”.

Estima asimismo Debiasi que en lo que se refiere al nivel de la infraestructura y servicios la ciudad “no está preparada en la actualidad para hacer frente a las repercusiones de una urbanización masiva”.

Resalta Debiasi al fundamentar la iniciativa que “los distintos convenios son instrumentos para el desarrollo de zonas que a través de actuaciones del municipio sería imposible económicamente de sustentar”.

Se establece al convenio urbanístico “como instrumento jurídico que formaliza los acuerdos, entre entes, de organismos o actores públicos o privados con la Municipalidad”. De igual modo se determina que tal convenio se formalizará mediante documento público en el que se establecerán las obligaciones de las partes y las sanciones por su incumplimiento.

En cuanto a la integración de la comisión de Convenios Urbanísticos plantea Debiasi que participen de la misma el director o el subdirector de la Dirección General de Ordenamiento Urbano, quien ejercerá la presidencia; el director o subdirector de Catastro; representantes de las Direcciones de Asuntos Jurídicos y de Obras Particulares, de la Secretaría de Hacienda y Finanzas y las comisiones de Planeamiento y de Gobierno del Concejo Municipal.

Sobre las determinaciones se indica que la comisión “se expedirá por mayoría simple de sus miembros, debiendo contar con opinión fundada del área técnica responsable” y vinculada con el convenio.

En igual sentido la comisión podrá requerir opinión a áreas públicas tanto municipales como nacionales o provinciales y a facultades, colegios y organismos profesionales vinculados a la materia. En la propuesta se plantea que deberá expedirse la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Por otra parte se determina que la Comisión Permanente “deberá solicitar al desarrollador inmobiliario una propuesta preliminar en la que deberán constar las principales características de la intervención”.

El Concejo tendrá que expedirse en el término de 30 días hábiles “sobre la viabilidad o no de la propuesta”. Más adelante propone que “los convenios urbanísticos que impacten fuertemente en la estructura urbana y modifiquen el uso de una parte de la ciudad y estén localizados en áreas de interés colectivo deberán ser sometidos a consideración en una audiencia pública”.

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