En medio de la ola de crímenes que azota a la capital provincial y mientras se producían cambios en el gabinete del Ministerio de Seguridad –como la llegada de Gerardo Chaumont por Matías Drivet en la Secretaría de Seguridad–, en la Legislatura santafesina ingresaron esta semana diversos proyectos relacionados con la problemática.
El senador por el departamento La Capital, Hugo Marcucci, planteó la necesidad de que se incrementen los fondos para seguridad, propuso modificar la normativa que regula los allanamientos y pidió además que la Gendarmería Nacional se instale en la ciudad de Santa Fe para colaborar con la Policía provincial.
El paquete de medidas que propone el senador radical apunta a mejorar la presencia y el desempeño de las fuerzas de seguridad y a aumentar sus recursos para combatir el delito.
Marcucci solicitó que el Ministerio de Defensa de la Nación disponga el arribo permanente de las fuerzas federales a Santa Fe y a su área metropolitana.
“Volvemos a insistir con este pedido, respaldando y acompañando lo manifestado por el intendente de la ciudad (José Corral) en estos aspectos, en pos de colocar todos los esfuerzos y herramientas que posee el Estado, en todos sus niveles, para combatir este flagelo que nos afecta a todos”, explicó el legislador. “Si están en Rosario y en Rafaela, no hay motivos para que no estén en Santa Fe”, agregó.
Además, Marcucci hizo hincapié en modificar la ley que regula los allanamientos (artículo 169 del nuevo Código Procesal Penal). La propuesta apunta a mejorar y a efectivizar la aplicación de los allanamientos, obviando la individualización expresa por parte del juez de bienes, objetos a incautar y/o personas a detener.
A través de otro proyecto, el legislador oficialista pidió incrementar el fondo previsto en la ley de emergencia en seguridad, sancionada en noviembre de 2012, que hoy está en el orden los 150 millones de pesos para llevarlo a 600 millones. “Esto nos permitirá dotar de mayores recursos para que sean destinados a reforzar la tarea del Ministerio de Seguridad y de la fuerza policial en particular”, argumentó el senador.
Ese fondo se utiliza para la adquisición de móviles policiales, armas, municiones, chalecos antibalas, equipamiento para bomberos, construcciones civiles para dependencias de seguridad y centros alternativos de denuncias y transferencias para que los municipios monten sus propios sistemas de videovigilancia.
Las iniciativas presentadas por Marcucci se suman a otros proyectos que ya se encuentran en la agenda legislativa, como el Sistema de Protección de Testigos, el de juicios abreviados, la reforma del mecanismo de la prisión preventiva, la creación de los Consejos de Seguridad y la ley del Organismo de Investigaciones para el Ministerio Público de la Acusación, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y será tratada por el Senado dentro de dos sesiones.
En la última semana se registraron diez homicidios en Santa Fe, con lo cual la cifra acumulada en lo que va del año llegó a 120 (cuatro casos más que en 2007, que era hasta ahora el año más violento en la historia de la capital provincial).
Marcucci remarcó el agravamiento de la situación en Santa Fe, tal como reflejan las estadísticas, y subrayó la importancia de que “responsablemente todos asumamos la idea de discutir esto en conjunto, convocando al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al procurador de la Corte para que entre todos establezcamos cuáles son las políticas de Estado y las llevemos adelante”.
Gutiérrez y las armas
La diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez presentó un proyecto de ley para que los policías dejen sus armas al finalizar su turno laboral, de manera de evitar los robos o entregas de armas oficiales. La legisladora tomó como modelo la normativa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
“Una parte importante de las armas que circula por el mercado ilegal fueron robadas o entregadas por la Policía”, argumentó y agregó: “Mi proyecto busca regular esa situación. Tomo como modelo las reglas de la Policía Aeroportuaria. El agente policial debe dejar su arma al retirarse y debe permitir un control sobre municiones y el funcionamiento. Si el agente considera que su vida corre peligro, los jefes podrán autorizarlo a portar el arma. La idea es eliminar la portación permanente de armas en las fuerzas policiales”.
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