Coronavirus

Impuesto a la riqueza, versión Santa Fe

Proponen gravar a bancos, financieras, cerealeras, latifundios y plataformas digitales

Los diputados del PJ presentaron una serie de proyectos que apuntan a reducir el rojo fiscal de la provincia. Entre otras iniciativas, proponen impuesto adicional a los grandes latifundios con el argumento de que 2044 propietarios (el 0,06% de la población) concentran casi el 60% de las tierras.


Los siete diputados provinciales del PJ presentaron este jueves una serie de proyectos impositivos que apuntan a mejorar la recaudación y reducir el déficit fiscal producto de la caída de la actividad económica generada por la cuarentena obligatoria.

Las iniciativas proponen aumentar la carga tributaria a bancos, financieras y cerealeras, modificar el esquema impositivo para beneficiar a los pequeños propietarios rurales –y, como contracara, un pago adicional para los propietarios de latifundios– y además aplicarle Ingresos Brutos a las plataformas online de pago y comercialización de productos y servicios.

Los proyectos fueron presentados este jueves por los diputados Leandro Busatto, Luis Rubeo, Ricardo Olivera y Oscar “Cachi” Martínez y por las diputadas Lucila De Ponti, Paola Bravo y Matilde Bruera. Serán analizados en las próximas semanas por la Cámara de Diputados.

 

Pequeños y grandes campos

Uno de los proyectos, impulsado por el diputado Busatto, establece la desgravación del 50% del impuesto Inmobiliario para las chacras mixtas y los agricultores familiares, mientras que propone un incremento tributario para los propietarios de grandes campos. Los fondos recaudados serán destinados al desarrollo de infraestructura agropecuaria.

La propuesta es que la alícuota del impuesto Inmobiliario se incremente de manera progresiva según el tamaño del inmueble. “No es justo que pague la misma alícuota alguien que tiene 300 hectáreas que alguien que tiene 10 mil. Mucho menos en una provincia en la que el 60% de las tierras están en manos del 0,06% de la población”, sostuvo el legislador.

“El objetivo es aliviar la carga impositiva de las chacras mixtas y de los agricultores y las agricultoras familiares, más vinculadas a la producción familiar que al monocultivo de soja, y de esta manera fortalecer el arraigo rural y la mano de obra productiva de municipios y comunas de Santa Fe”, explicó Busatto.

Como contrapartida, el proyecto también propone modificar el artículo 159 del Código Fiscal de la provincia para gravar con un impuesto Inmobiliario adicional a los propietarios de grandes extensiones rurales, que se denominará Adicional por Latifundio. Con la recaudación se conformará un Fondo Solidario para el Desarrollo Agropecuario que dependerá del Ministerio de Infraestructura, cuya finalidad será financiar obras, proyectos y programas para el impulso del sector rural en las localidades más pequeñas de la provincia.

De acuerdo a la iniciativa de Busatto, el Adicional por Latifundio alcanzará a los propietarios de inmuebles de distinto tamaño, de acuerdo a la zona geográfica de la provincia en la que se encuentren: en el sur de la provincia contemplará a aquellos que posean más de 480 hectáreas, mientras que en el norte será para quienes posean más de 10 mil.

En la provincia de Santa Fe, según el Censo Agropecuario Nacional 2018, el 35,45% de las tierras agropecuarias estaba en manos de 600 propietarios. En cuanto a los campos de más de mil hectáreas, son 2044 propietarios quienes concentran el 58,57% de las tierras. En contraste, desde la década del 90 a la actualidad, se perdieron casi 200 mil chacras mixtas en la provincia por el avance del cultivo de soja.

Según informó el jefe del bloque de diputados del PJ, en la provincia hay 2044 propietarios que concentran casi el 60% de las tierras. “Esto quiere decir que, en una provincia en la que viven tres millones y medio de personas, el 0,06% es dueño del 60% de la tierra”, añadió Busatto. Y citó al presidente Alberto Fernández cuando en su discurso de asunción sostuvo que “se necesita el aporte solidario de quienes más tienen para ayudar a quienes más lo necesitan”.

 

Cerealeras

Otro proyecto, impulsado por el diputado Rubeo, propone subir del 2 al 4% la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos  la actividad de las empresas cerealeras. La intención es que los recursos que se obtengan de ese aumento se destinen a la creación de un fondo para la lucha contra el coronavirus.

El diciembre de 2019, apenas asumió el gobernador Omar Perotti, la Legislatura aprobó la nueva ley tributaria para el período fiscal 2020. Por esa normativa, la alícuota de Ingresos Brutos para las cerealeras pasó del 0,25 al 2%. Ahora, ante la emergencia por coronavirus, el diputado Rubeo propuso duplicarla, bajo el argumento de que las industrias agroexportadoras siguen funcionando con normalidad y no se vieron afectadas por la pandemia.

 

Bancos y apps

Otras iniciativas apuntan a subir carga impositiva a las grandes entidades bancarias y financieras y aplicar Ingresos Brutos a las plataformas online de pago y comercialización de productos y servicios (apps).

Según explicó la diputada De Ponti, esos proyectos buscan fortalecer la recaudación fiscal frente a la emergencia del coronavirus: “Queremos discutir cuál es el aporte que cada sector de la economía realiza para el desarrollo de la sociedad porque tenemos que intentar que el resultado de esta crisis no sea más pobreza y más desigualdad”.

Para la legisladora provincial, “esta situación tan crítica que nos toca vivir puso al descubierto las profundas desigualdades y brechas que existen en nuestra sociedad y nos obliga a redoblar el esfuerzo para desarrollar las políticas que nos acerquen a una sociedad más justa. Construir un esquema tributario equitativo que grabe a cada sector según sus posibilidades es un paso en ese sentido”.

La diputada del PJ consideró que el paquete de medidas significa “poder contar con herramientas para fortalecer la posición fiscal de la provincia en este contexto excepcional de emergencia que requiere el desarrollo de políticas de mayor impacto”.

“Hoy nuestro país y nuestra provincia necesitan que reafirmemos el compromiso con las acciones que defiendan los derechos de los sectores más vulnerados, para quienes resulta imprescindible un estado más fuerte y presente que los cuide”, finalizó De Ponti.

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