Con la intención que la ciudad recupere parte del que fue su extendido sistema de transporte por trolebuses los concejales Héctor Cavallero y Alfredo Curi, del Partido del Progreso Social (PPS) presentaron tres iniciativas legislativas. A través de uno de los proyectos los ediles procuran conocer el monto que podría recibir la Municipalidad en el juicio que, precisamente el entonces intendente Héctor Cavallero inició contra la empresa Martín Fierro SRL y contra su principal accionista, Agustín Bermúdez, por el desmantelamiento del sistema de trolebuses, que le había sido concesionado por el intendente de facto Augusto Cristiani.
Por intermedio de otra de las iniciativas propone destinar los fondos que se obtengan para el sistema de trolebuses y el restante proyecto plantea la creación del Sistema Integrado de Transporte Ambiental Eléctrico Rosario (Sitaer).
En diálogo con El Ciudadano el concejal Cavallero precisó que la idea “es mejorar el servicio de la K y reponer la línea M”, con lo cual la empresa que plantea manejaría los corredores este-oeste y norte-sur.
De tal manera consignó que la intención es volver a una línea “desde avenida San Martín y Circunvalación, extendiéndola unas cuadras, porque antes era desde San Martín y Muñoz hasta el límite con Granadero Baigorria”.
Respecto a la separación de las líneas eléctricas de la Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Rosario (Semtur), Cavallero consignó que la actual empresa “es altamente deficitaria, mientras que la K tiene uno de los más altos índices pasajero kilómetro”.
El proceso judicial contra la firma Martín Fierro y su titular, Agustín Bermúdez, se inicia a mediados de 1991 cuando Cavallero rescinde la concesión del sistema de transporte eléctrico, “por las gravísimas fallas e incumplimiento de todo orden, causando ingentes daños al patrimonio municipal”.
Recordó el ex intendente que en 2005 la Justicia falló en contra de Bermúdez y ordenó resarcir al municipio en 10 millones de pesos, al entender que “había incurrido en serias irregularidades como deterioro, abandono y falta de cuidado, no sólo de las unidades sino también de la infraestructura y el cableado eléctrico del ramal”.
Los ediles Curi y Cavallero estiman que, tras la apelación, en este momento el juicio se encuentra en las instancias finales “por lo que resulta de vital importancia para la ciudadanía rosarina tomar conocimiento de cuál es la definición del proceso legal y a cuánto ascenderá el importe que se fije judicialmente en concepto de resarcimiento”. De la misma forma preguntan respecto de “qué medidas precautorias o cautelares han sido tomadas por la Municipalidad de Rosario con el fin de obtener garantías suficientes en el caso de resultar condenado Agustín Bermúdez y la empresa Martín Fierro.
Precisamente en los considerandos del proyecto por el que plantean destinar los fondos para el transporte eléctrico sostienen que “valoramos como de suma relevancia” a dicha forma de transporte, por ser “de bajo impacto ambiental, sustentable en el tiempo y de menor efecto sobre la salud de la población”.
De igual modo los ediles Curi y Cavallero indican: “Tenemos la firme convicción de que como el resarcimiento es producto del desmantelamiento de parte del sistema eléctrico de transporte éste debe ser volcado al mismo” y destacan que “la única manera de garantizar este destino es que la suma a percibir sea afectada directamente al reequipamiento de la línea K y a la reinstalación de la antigua línea M”.
En tanto, y al preguntar sobre el monto posible del resarcimiento, mencionan que “el informe técnico de la Municipalidad precisaba que en 1991 la red aérea estaba desmantelada en un 26 por ciento, de una extensión de constaba de 72 kilómetros en 1979, y que en condiciones de operatividad se encontraban sólo 20,4 kilómetros”.
También destaca que “dicho relevamiento detallaba que el 80 por ciento de las conexiones se encontraban desarmadas o en malas condiciones”.
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