Pese a las quejas y denuncias de la oposición, el Gobierno avanza con el blanqueo de capitales con el que busca fondos para financiar la explotación de YPF y reactivar el alicaído mercado inmobiliario. Para eso promulgó la ley 26.860 para “la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera” que fue sancionada por la cámara de Diputados el miércoles pasado.
El decreto 642/2013 publicado en el Boletín Oficial, promulga la norma que establece la posibilidad de ingresar al sistema financiero fondos no declarados tanto en el exterior como en el país, regirá durante tres meses, aunque la ley fija la posibilidad de que el Ejecutivo pueda prorrogar ese plazo.
Con la finalidad de conseguir fondos para “la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos”, la norma dispone la emisión del “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)”, registrable o al portador, y el “Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico”. Según el artículo 1º de la ley, “ambos instrumentos estarán denominados en dólares estadounidenses y tendrán las demás condiciones financieras que se determinen al momento de su emisión”.
También, establece la emisión del “Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)” en dólares estadounidenses. Este certificado “será nominativo y endosable, constituyendo por sí mismo un medio idóneo para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses y cuyas condiciones financieras serán establecidas por normativa del Banco Central de la República Argentina”.
Si bien la norma entra en vigencia desde hoy, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, aún resta que la AFIP y el Banco Central establezcan las normas complementarias para el pleno funcionamiento de los instrumentos emitidos destinados a “blanquear” fondos no declarados.
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