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Contaminación

Promueven acción de protección ambiental para la reserva del arroyo Saladillo

Tras constatar contaminación en el arroyo provenientes de los desechos vertidos por las empresas ancladas en un polígono industrial de la zona, la fiscal extrapenal María Laura Martínez presentó una acción judicial contra las firmas para que inicien un plan de adecuación ambiental en en el lugar


La Fiscalía Extrapenal de la Segunda Circunscripción, a cargo de María Laura Martínez, inició una acción preventiva ambiental en favor del arroyo Saladillo y el área natural protegida de Villa Gobernador Gálvez. La demanda fue presentada contra las empresas ubicadas en el polígono industrial de Villa Gobernador Gálvez, cercano a la reserva natural por la contaminación que generan los desechos vertidos en el lugar. La funcionaria solicitó que las firmas presenten a su costo un plan de adecuación ambiental con el monitoreo de la autoridad de aplicación provincial y, en el caso de no hacerlo, cesen con el vertido de sustancias contaminantes. Además pidió la creación de un sistema de información público para que el ciudadano pueda conocer el estado actual de la contaminación de la reserva como así también todo lo concerniente al plan de recomposición del lugar y el cumplimiento de metas impuestas.

La fiscal contó que en junio de 2020 el juez Luciano Daniel Juárez, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación de Rosario, puso en conocimiento de la fiscalía la probable existencia de daño ambiental en la reserva y solicitó la intervención de la fiscalía en defensa del ambiente. Relató que en una nota periodística la Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez denunció el vertido de fluidos contaminantes en el arroyo Saladillo que tendrían origen en un parque industrial en Villa Gobernador Gálvez, ubicado en cercanías del arroyo.

La fiscal se presentó en la reserva y pudo constatar los olores en el lugar. Según un informe la Secretaría de Salud y Ambiente de Villa Gobernador Gálvez de junio de este año, een uno de los afluentes que cruza la reserva sigue “la aparición de espuma blanca”. Esta circuntancia ocurre en distintos días y franjas horarias y no solo se observan en un zanjón del lugar sino aguas arriba, en conductos que desembocan en el arroyo previo al puente y a la altura de la intersección de calles Buenos Aires y Roque Sáenz Peña.

Ante esta situación Martínez presentó una acción preventiva de continuación y agravamiento de daño ambiental colectivo y acción de recomposición ambiental por el daño causado en la reserva hídrica ecológica “Villa Gobernador Gálvez” y del arroyo Saladillo, contra empresas del polígono industrial. La demanda quedó radicada en el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 18° Nominación a cargo de Susana Gueiler.

La fiscal explicó que “esta situación afecta gravemente a los micro-bienes fauna y flora, conforme fue denunciado por el guardafauna del Área Natural Protegido, Marcelo Rodríguez, ante la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Rodríguez manifestó que los efluentes industriales generaron gran impacto negativo en la fauna del lugar. Esto se observa por la ausencia de las tortugas de río y nutrias (coipos) oriundos del lugar, como también la falta de aves de bañado como son gallitos, garzas y pollonas que por falta de alimentación (ya que en estas condiciones no se reproducen los peces ni batracios) se trasladan a otros hábitats. En el caso de la flora también supone un perjuicio importante”.

En este contexto se realizaron tomas de muestras y análisis de aguas del arroyo por parte de la administración pública municipal, de la asociación civil y de esta Fiscalía. Sus resultados reflejan que la contaminación afecta gravemente a la reserva ecológica emplazada en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez, incidiendo en la variedad de servicios ambientales que presta, y que dicha contaminación proviene de la actividad industrial de las empresas demandadas, relató.

Las firmas ancladas en el polígono industrial se dedican a la actividad química, frigorífica, alimenticias y de residuos cloacales, que descargan sus efluentes industriales con altos niveles de contaminación directamente sobre el arroyo Saladillo y el zanjón que atraviesa el área natural protegida, que fluye hacia el arroyo, argumento. Y agregó que la contaminación del agua altera sus propiedades físicas, químicas y biológicas, y las alteraciones que se perciben son: el aspecto, el color, el olor, la turbidez, el sabor, la temperatura y la conductividad.

La fiscal pidió que la Justicia ordene a las empresas demandadas a presentar un plan de adecuación ambiental con el monitoreo de la autoridad de aplicación provincial. Si no lo presentan, deberán cesar inmediatamente el vertido, emisión y disposición de sustancias contaminantes que impacten de un modo negativo en el arroyo Saladillo -ya sea directamente, a través del zanjón que atraviesa la reserva o de cualquier otro modo no contemplado en la presente demanda- y, de corresponder, deberá ordenarse su inmediata clausura total o parcial o su traslado.

Además solicitó implementar un sistema de información de libre acceso vía internet con datos sobre el estado actual de la contaminación, todo lo concerniente al plan de recomposición y cumplimiento de metas.

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