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Antitabaco

Prohíben la exhibición de cigarrillos en kioscos y comercios de Córdoba

La Unicameral de Córdoba amplió los alcances de la ley antitabaco, incorporando artículos que impiden el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores


Por César Martín Puchetta /La Nueva Mañana

La Unicameral cordobesa aprobó por unanimidad, este miércoles, la modificación de artículos en el Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo (Ley Nº 9113 ), que incluye las siguientes reformas:

El Artículo 1º establece la creación del Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo, entendiéndose por tal el referido al control del consumo de tabaco y cualquier otra sustancia que expida humo, gases o vapores, mediante la utilización de elementos tales como los denominados cigarrillos electrónicos, vapeadores y todo otro dispositivo de naturaleza similar.”

En el Inciso b) del artículo 2 se impulsa la “realización de campañas de información y esclarecimiento en establecimientos educacionales públicos y privados, acerca de los riesgos que implica el consumo del tabaco y otras sustancias y elementos a los que hace referencia el artículo 1º de esta Ley, promoviendo estilos de vida y conductas saludables”.

Además, en sus puntos más controvertidos, incorpora como incisos que prohíben “la publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de productos elaborados con tabaco, sus derivados y accesorios para fumar, en dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales donde se venden ese tipo de productos, y el auspicio, patrocinio, sponsoreo y el uso de incentivos directos o indirectos que fomenten la compra o que ofrezcan descuentos promocionales, entrega de obsequios y premios en dinero o especies por la adquisición o consumo de los productos y elementos mencionados” en la Ley.

A su vez, el artículo 5 “prohíbe, en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, la distribución y comercialización de productos destinados a fumar a toda persona menor de 18 años de edad”; e incorpora, como último párrafo del artículo 9, “la prohibición de los dispositivos electrónicos con tabaco o cualquier otra sustancia que expida humo, gases o vapores utilizando los denominados cigarrillos electrónicos, vapeadores y todo otro tipo de dispositivo de naturaleza similar”

Estableciendo como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Salud de la Provincia, la norma establece sanciones que podrían alcanzar hasta 150 Unidades de Multa (UM) de las establecidas en el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia. Es decir que las multas podrían alcanzar los $253.125.

Para celebrar el despacho de dicha Ley estuvieron presentes en el recinto el Ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna; el Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Darío Gigena Parker; la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Cudolá; y referentes de la salud de la Provincia de Córdoba.

La encargada de abrir el debate fue la legisladora Liliana Montero que el avance en materia de salud, planteando que fue importante “el consenso generado en el trabajo en comisión”. A la vez, compartió datos al señalar que “en Argentina mueren 44 mil personas por año por enfermedades relacionadas al tabaquismo y un 13,6% podrían ser evitadas si se disminuye el consumo”. Además, añadió que la norma también represeta un avance es materia presupuestaria ya que “el costo del tabaquismo para la Salud en nuestro país es de 30 mil millones de pesos anuales”.

Montero también sentó posición sobre el cigarrillo electrónico al definirlo como “el caballo de Troya de las tabacaleras para iniciar a los jóvenes en el consumo del tabaco”. “Desde la Organización Mundial de la Salud plantean avanzar sobre su regulación y equiparar al tabaco” agregó.

En ese sentido, Daniel Passerini afirmó que “nadie deja de fumar fumando y el cigarrillo electrónico es fumar. Contiene nicotina aunque la etiqueta dice no tenerla, eso está confirmado por todos los decomisos y posteriores análisis por parte del Anmat”.

El Presidente de la Comisión de Salud de la Unicameral fue el encargado de cerrar el debate del miércoles. Lo hizo al afirmar que, con la noramtiva, el Estado se mete “en la vida privada de nadie”. “El que quiere fumar que fume, pero pueden hacerlo en un lugar en el que no se altere la vida y la salud de los demás”, aseguró, a la vez que consideró que lo aprobado “resguarda el derecho de quienes no quieren fumar”.

No fueron pocas las voces que, en el recinto, advirtieron sobre presiones ejercidas por parte de las tabacaleras para que no se avanzara con la normativa acordada en la comisión correspondiente. “Dejen de molestarlo al legislador Passerini” dijo Martín Fresneda durante su discurso, “pongan a disposición todos los teléfonos porque somos 70 los legisladores y legisladoras que estamos votando esto”, advirtió.

Para el legislador de Córdoba Podemos: “El Estado ha sido lento y relajado” en materia de prevención a lo largo de los últimos 30 años. De hecho, marcó como punto de partida una ley nacional que data de 1986 que ya establecía cuestiones relacionadas con la prevención del consumo de tabaco a lo largo del país. “Creo en las libertades individuales y creo que está mal prohibir fumar como también está mal prohibir fumar marihuana, pero no estoy en desacuerdo con que el Estado tome un nivel de intervención mayor. Sobre todo, cuando existen privados que por masificar sus ganancias termina perjudicando la salud de la gente”, señaló. “Una cosa es que nos matemos a nosotros mismos y otra cosa es que estemos perjudicando generaciones y generaciones por no legislar como corresponde”, advirtió.

En materia de legislación pre-existente, la legisladora Marina Serafin indicó que “desde el año 2011 la comercialización de los dispositivos electrónicos está prohibida en todo el ámbito nacional por lo que existe y se obtiene contrabandeando”. La parlamentaria, aseguró además que la incorporación de los dispositivos tipo cigarrillos electrónicos y vapeadores a la normativa permiten “avanzar hacia políticas públicas integrales y avanzar contra todas las sustancias psicoactivas”.

Desde la izquierda, la legisladora Laura Vilches apoyó la iniciativa y valoró el proceso de discusión, aunque solicitó políticas de inclusión que puedan ofrecer a los más jóvenes oportunidades concretas de progreso, en un escenario en el que las adicciones al cigarrillo, las drogas y el alcohol se proyectan en una situación que nace como sinónimo de la búsqueda del “placer”.  Vilches aprovechó para avanzar en ese requerimiento, dijo, en el marco de una realidad social en el que la mayor parte de esa fracción poblacional “está seguro de que heredará una situación peor de la que tuvieron que vivir sus padres”.

En ese sentido, Ezequiel Peressini definió al “tabaquismo como una enfermedad social multideterminada” y consideró valiosa la posibilidad de atacar la publicidad que “dice satisfacer una necesidad que muchas veces fue creadas por las propias empresas que luego venden el producto para responder a ellas”.

A su turno, Adolfo Somoza planteó su preocupación por la aplicación de la normativa, que estará a cargo del Ministerio de Salud provincial. “Estamos cargando a Fortuna una responsabilidad muy grande”, señalo el legislador del Frente Cívico que propuso avanzar para, en un futuro, invitar a los municipios al debate, para que adhieran a la norma y se hagan cargo del control que en ella se precisa.

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