El Juzgado Federal de Rafaela procesó a nueve personas sindicadas del célebre clan Gallardo por integrar una banda dedicada al tráfico de estupefacientes y acusada de homicidios, amenazas, extorsiones, acopio y uso de armas de fuego para dominar el tráfico de droga en las localidades de Frontera, Josefina, San Francisco y zonas aledañas, justo en el límite interprovincial entre Santa Fe y Córdoba.
El juez federal rafaelino Miguel Eugenio Abásolo dictó la prisión preventiva para todos los acusados tras el pedido de los responsables de la Fiscalía Federal de Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Federico Grimm y Diego Iglesias,
La investigación se inició el 10 de diciembre de 2014 sobre una información policial que apuntaba a un grupo de personas y domicilios en la localidad de Frontera relacionados con el comercio de estupefacientes. A ello se sumaron ocho denuncias que aportaron nuevos datos y permitieron identificar a los integrantes de la organización narcocriminal, conocida como clan Gallardo. La banda, suponen, controlaba la venta de droga en esa ciudad.
La investigación estableció como líder de la organización a Héctor Argentino “Patrón” Gallardo, de 46 años. El hombre ya estaba detenido y con una condena a 14 años dictada por la Justicia federal de Córdoba. La sospecha es que seguía dirigiendo el negocio desde el Complejo Penitenciario de Bouwer donde estaba alojado. Lo hacía con otros dos hombres –padre e hijo– que manejaban el negocio en la calle.
Los allanamientos
En el fallo se describe que el 1° de julio de 2017 se desarrollaron 16 allanamientos en las localidades de Frontera y San Francisco, en los que se secuestraron dosis de cocaína y se detuvo a siete personas. Otros dos hombres vinculados con el clan habían sido apresados un mes antes, en el marco de una investigación desarrollada por la Justicia provincial en Rafaela.
El trabajo, coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y su par santafesino, permitió corroborar la existencia del clan, sus integrantes, los roles que cada uno de ellos desempeñaba y los distintos ilícitos perpetrados a fin de mantener el control del comercio de drogas en la ciudad de Frontera y las zonas aledañas.
El doble crimen de Frontera
La pesquisa también determinó que la organización no sólo se limitaba al tráfico de estupefacientes: tuvo participación en el llamado doble crimen de Frontera, ocurrido el 19 de enero de 2015. Germán Losada y Martín Chamorro, que integraban la denominada Banda de los Santafesinos, fueron asesinados con el objeto de eliminar la competencia que representaban en el comercio de droga. El hecho fue investigado inicialmente por la Justicia provincial de Rafaela pero pasó al fuero federal.
A dos años y medio del doble crimen, el 11 de julio de 2017, fue detenido Franco Leonel Figueroa, de 24 años. El fiscal de Rafaela, Grimm, lo acusó de homicidio agravado por alevosía, criminis causa y abuso de armas ante el juez Miguel Abásolo. La hipótesis es que el muchacho respondía al Patrón y simuló una “transacción” para quedarse con las dos partes: el dinero y las drogas.
Según esa teoría, Franco era quien la tarde del 19 de enero de 2015 viajaba como acompañante en la parte trasera del Peugeot 307 negro rumbo a un camino rural cercano al basural de Frontera, el lugar elegido para realizar un intercambio de drogas por dinero. Pero al llegar modificó el plan y ejecutó a Germán Ezequiel Losada, de 33, y Martín Rafael “Pitín” Chamorro, de 27, para quedarse con todo.
Según la autopsia, Pitín recibió cinco balazos en el cráneo, dos calibre 9 milímetros y tres de un 32. Sus cadáveres fueron encontrados por operarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que realizaban tareas de mantenimiento por la zona y vieron el auto calcinado.
Ambos eran oriundos de Santo Tomé y los pesquisas creen que integraban la Banda de los Santafesinos, que intentaba entrar al mercado de la ciudad de Frontera para ocupar el territorio en el que estaba la organización del Patrón que se había debilitado por su detención, en 2013. El Patrón está preso desde entonces en el penal de Bouwer como uno de los narcotraficantes más grandes del país, que operaba desde la ciudad de Frontera contactos en las provincias de Córdoba, Misiones, Salta, Santa Fe y Entre Ríos y que contaba con conexiones internacionales como por ejemplo sus estrechos vínculos con colombianos.
El asesinato de Peralta
El otro homicidio en el que está sindicado el clan Gallardo como perpetrador fue el de Luis Mariano Peralta, de 40 años, quien fue asesinado el 6 de mayo de 2017 de dos disparos en Frontera. Unos días antes, había sido baleado uno de sus allegados. Para la Justicia, uno de los atacantes es un hermano de Gallardo, apodado Rana y que vivía justo enfrente de donde fue asesinado Peralta. El otro es su sobrino, Orlando Gallardo, alias Tuli. A ellos le sumaron a un tal Chino, identificado como Ezequiel Cortez. Los dos últimos fueron detenidos en junio de 2017 por la Policía de Investigaciones de Santa Fe.
La primera pesquisa sobre el homicidio de Peralta estimó que guarda estrecha relación con la organización narcocriminal: “No sólo porque están involucrados en su ejecución los más destacados miembros del clan Gallardo, sino también porque su acaecimiento resulta ser la consecuencia directa de las actividades de narcotráfico que llevan adelante en la zona”, dijeron en dicha oportunidad los pesquisas.
A todo ello se suman distintas investigaciones por extorsión, amenazas, lesiones y robo, agregó el magistrado en el procesamiento del viernes.
Procesados
En base a la pesquisa, el juez Abásolo dictó el viernes pasado el procesamiento con prisión preventiva de los 9 integrantes del clan y trabó embargos sobre sus bienes de entre 500.000 y 2.000.000 de pesos. El magistrado consideró que “se les reprocha a los nombrados haber formado parte y haber desempeñado roles en una organización narcocriminal” (clan Gallardo) que presentaba como notas características un fuerte predominio territorial en las localidades de Frontera, Josefina, San Francisco y zonas aledañas, cierto grado de coordinación y variadas modalidades de acción para asegurar su impunidad y el control del negocio del tráfico de estupefacientes.
Esas modalidades de acción incluyeron, por ejemplo, homicidios como el de Chamorro, Losada y Peralta, intimidación a testigos y a otras personas vinculadas a la venta de estupefacientes, manejo de armas de fuego, amenazas coactivas, etcétera”. La investigación concluyó que la banda habría operado desde noviembre de 2014 hasta el 10 de diciembre de este año.
A dos de los integrantes del grupo –Marcos, de 56 años, y su hijo Ezequiel “Chino” Cortez– los procesó como jefes de una asociación ilícita, tráfico de estupefacientes agravado por la cantidad de personas intervinientes y lavado de activos. Les trabó también embargos sobre sus bienes hasta alcanzar las sumas de 2.000.000 y 1.500.000, respectivamente.
Otros siete imputados fueron procesados como miembros de la asociación ilícita, y comercio y distribución de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo. Asimismo, a uno de ellos también fue procesado por dos hechos de extorsión, otro por lavado de activos, y otros dos lo fueron también por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Finalmente, un noveno imputado fue procesado con prisión preventiva en orden al delito de lavado de activos. A todos ellos se les trabó embargos de entre 500.000 y un millón de pesos.
Héctor, el capo, con condena firme por liderar banda narco
La ciudad de Frontera, que limita por una calle con la cordobesa San Francisco, tiene 12 mil habitantes y se convirtió en los últimos años en uno de los lugares con mayor influencia de narcocriminalidad del país.
La venta de drogas se incrementó a la par de los asesinatos. La ciudad llegó a los medios nacionales en diciembre de 2013, cuando cayó Héctor Argentino “Patrón” Gallardo, acusado de liderar una red internacional, conectada con actores del narcotráfico colombiano, con sede en San Francisco (Córdoba) y Frontera, pero que también operaba en otras provincias como Misiones. Fue condenado por la Justicia federal cordobesa y también se lo investiga por lavado, porque se cree que compraba autos, campos y cereales para blanquear los activos.
En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba condenó a Gallardo a 14 años de cárcel al encontrarlo culpable de organización del transporte y comercialización de estupefacientes. En tanto, fue absuelto del delito de tentativa de homicidio. El 28 de noviembre pasado, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky (como presidente), Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, rechazó los planteos de las defensas y confirmó la condena dictada al Patrón a la pena de 14 años de prisión, por considerarlo autor responsable del delito de organización y financiamiento para el transporte y comercialización de estupefacientes.
Además, confirmó la condena impuesta a Pedro Ibazeta –integrante del mismo clan– a siete años, por considerarlo autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Desde el penal
Aunque la Justicia federal no dio a conocer si el expediente tiene relación con la investigación del Patrón, a fines de enero este año un penitenciario de San Francisco, su esposa empleada municipal y un preso que estaba a su cargo quedaron acusados de liderar una banda narco: junto con otras cinco personas se dedicaban a la venta minorista de marihuana en el límite interprovincial. Los ocho fueron detenidos por la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) mediterránea.
Los uniformados secuestraron 80 kilos de marihuana –valuados en 5 millones de pesos– en nueve allanamientos en las ciudades cordobesas de San Francisco, Tránsito, Arroyito y en Frontera. El dato que trascendió fue que el Patrón había pedido cumplir la pena en la “Unidad Penitenciaria Nº 7” –donde trabaja el narcoguardiacárcel– para poder “estar cerca de su familia”.
La organización desbaratada operaba desde Frontera y se dedicaba al tráfico a gran escala de marihuana y cocaína a lo largo de distintas ciudades del país y del exterior, dijeron en su oportunidad voceros relacionados con el caso.
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