El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y a los ex ministros de Salud Juan Manzur y Daniel Gollán por presunto fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el marco del plan Qunita.
Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado también fijó embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos.
La causa se inició tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la compra de 140 mil kits del plan Qunita, que fue presentado por la ex presidenta Cristina Kirchner en enero de 2015 y que consistía en que todas las mujeres beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) reciban una cuna, sábanas, frazada y otros elementos básicos para la crianza del recién nacido.
La compra fue hecha el 8 de junio de 2015 a las empresas Fasano SRL, Grupo Diela SRL, Compañía Comercial Narciso SRL, Fibromad SA, Delta Obras y Proyectos SA y Dromotech SA, las que proveerían entre todas un total de 140 mil kits, de los cuales la primera de las firmas aportaría 115 mil y las demás 25 mil.
Bonadio en su resolución detalló la cadena para aprobar el expediente de licitación de compra y recalcó que mientras el precio fijado por la Sigen fue de 4.096,37 pesos y del propio Ministerio estimado en 4.500, se pagó en valor promedio por cada kit la suma de 7.800.
Al respecto, Aníbal Fernández afirmó que los concursos de precios para el plan Qunita se realizaron antes de que fuera designado en el cargo, por lo que tomó distancia del caso.
“Los concursos se hicieron 15 días antes de que yo asumiera”, señaló Fernández, quien se mostró dispuesto a declarar ante la Justicia y consideró que luego de apelar los magistrados le darán “la razón”.
En declaraciones radiales, el ex funcionario advirtió: “Yo quiero declarar porque no tengo por qué ocultar nada”.
“Todos los trámites se hicieron cuando yo no era jefe de Gabinete”, subrayó Fernández y afirmó que el embargo que le trabó el juez Claudio Bonadio no le “preocupa” ni lo “asusta”.
En su extensa resolución, Bonadio recordó sobre el plan Qunita las palabras de Cristina Kirchner: “El que hizo la valorización y dijo que todo esto en el mercado local cuesta 11 mil pesos se quedó corto. Todo esto junto no cuesta 11 mil pesos, puedo dar fe de que no, cuesta mucho más… Yo que estoy comprando cosas no sale eso, sale más”, señaló entonces.
“No se trata de un concurso para ver quién da más, ya que lo analizado es una compra del Estado nacional con dinero de todos los argentinos”, replicó el juez.
Por eso, a su entender, hubo “direccionamiento de la licitación” porque las empresas ofertaron todas un valor promedio de 7.800 pesos, y porque Fasano SRL vendió un total de 115 mil unidades y el resto de las cinco empresas solo unos 25 mil.
Por este caso, Bonadio también procesó a otras veinte personas, entre ellas a los funcionarios de planta permanente del Ministerio de Salud Juan Piccolini, Ana Paula Herrera Viana, Fany Clemente Lamas, Elisa Gulberti, Viviana Bonpland, Alelí Claudia Pilar García y Carlos Alejandro Liz, funcionarios de planta permanente de Presidencia y a los dueños de las diferentes empresas que ganaron la licitación.
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