Ana Laura Píccolo
La investigación del triple crimen de villa Moreno aparece teñida de un “submundo distinto pero real”. Así lo describe el juez de Instrucción Juan Donnola en una resolución de más de cien carillas en las que dictamina el procesamiento de cuatro personas por el delito de homicidio (en tres hechos) doblemente agravado por la participación de un menor de edad y el uso de arma de fuego. La referencia hace alusión a “violentas organizaciones delictivas” relacionadas al tráfico de estupefacientes que operan en la ciudad y que hacen de marco al demencial ataque a tiros que en la madrugada del 1º de enero pasado terminó con las vidas de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, militantes barriales que se encontraban reunidos en la canchita de fútbol de Moreno y Presidente Quintana. Ninguno de ellos era el destinatario de los disparos que tenían como blanco a Ezequiel “Negro” Villalba para vengar un ataque ocurrido momentos antes contra Maximiliano Rodríguez, alias “Hijo del Quemado”, hecho que a su vez era un vuelto de otro atentado. La fiscalía adelantó que si bien está conforme con la evaluación hecha por el juez Donnola, la fiscal Nora Marull anunció que apelará la resolución por discrepancias en la discusión doctrinal. En tanto, el viernes –al cumplirse cinco meses de la masacre– se realizará una actividad en la puerta de Tribunales a partir de las 18.
La ubicación de los imputados en la escena del crimen, el testimonio de testigos presenciales de la masacre, escuchas telefónicas, entrecruzamiento de llamados y la holgada declaración de uno de los acusados fueron elementos suficientes para que el juez de Instrucción 7ª procesara a Daniel Alejandro Delgado (Teletubi), Brian Ismael Sprio (Pescadito) y Brian Damián Romero (Damiancito) como coautores penalmente responsables de homicidio en tres hechos en concurso real, doblemente agravado por la participación de menor de edad y el uso de armas de fuego. Además convirtió la detención en prisión preventiva y trabó un embargo sobre sus bienes de 300 mil pesos.
El mismo dictamen recayó sobre Mauricio Palavecino (Maurico) aunque su procesamiento fue en calidad de partícipe necesario. Además, deberá ampliar la indagatoria porque al momento de la misma no se le aplicó el agravante de la participación de un menor de edad, al igual que Sergio “Quemado” Rodríguez, que ya fue procesado por el juez Luis Caterina (fallo que se encuentra en la Cámara de Apelaciones).
En ese sentido, el dictamen de Donnola aclara que “todos los imputados deben responder por los mismos delitos, sin perjuicio del grado de participación que pudieran haber tenido cada uno de estos; circunstancia ésta que no aparece ajustada en la causa en su totalidad, ya sea por algún error material o bien por no constar la imputación al momento de prestar declaración”.
El sexto implicado en la masacre, conocido como Jeta, es el único que recuperó la libertad por disposición del Juzgado de Menores, ya que al momento del triple crimen no tenía 18 años cumplidos.
El juez Donnola destacó el testimonio de tres personas que presenciaron la masacre, ya que en estos hechos es común que los vecinos se llamen a silencio por temor a represalias. De esos dichos se desprende el señalamiento de los imputados, al igual que la descripción del vehículo en el que circulaban, una Renault Kangoo –según el fallo– conducida por Maurico. De la misma forma, el magistrado da por probada la utilización de armas de grueso calibre, una pistola ametralladora y una semiautomática. También ubica a todos los imputados donde ocurrió la masacre.
“Podemos afirmar que el hecho fue observado y relatado por tres personas que sirven de basamento probatorio”, indica tras aclarar que uno de los testimonios corresponde a Ezequiel Villalba, quien era destinatario del ataque como represalia por haber baleado un rato antes el Hijo del Quemado. En ese sentido aclara: “Aún cuando la persona se halle cuestionada como partícipe o responsable de conductas anteriores, no por ello deja de ser víctima o presunta víctima además de testigo hacia quien debían estar destinadas tales acciones”.
El ataque que tuvo como víctima a Maximiliano Rodríguez es el móvil directo del triple homicidio que terminó con las vidas de Jere, Mono y Patón, firmó el juez. El Hijo del Quemado había sido emboscado momentos antes en Vera Mujica y Garay cuando estaba junto a su novia y una amiga, a bordo de un BMW por dos muchachos que se acercaron en moto y dispararon varias veces.
Tras ese ataque, la novia de Maxi llamó a Teletubi, quien llegó en pocos minutos junto a Pescadito. Todos fueron en dos autos al Hospital de Emergencias. En su primera declaración, Sofía dijo que mientras Maxi era trasladado al Heca dijo que su agresor fue el Negro Eze. Pero en sede judicial, la joven se desdijo. Por ese hecho están imputados Ezequiel Villalba y un muchacho apodado Danonino.
A su vez, otro ataque ocurrido horas antes completa la saga de sangrientas balaceras ocurridas en pocos días, cuando Facundo Osuna fue baleado el 29 de diciembre pasado en la puerta de su casa de Moreno al 4000. El joven recibió más de media docena de tiros en las piernas e identificó a sus agresores como Maxi Rodríguez y Gerardo Jeta M. Cuando debió corroborar sus dichos en sede judicial dijo estar aterrado por amenazas recibidas y pidió protección policial.
“Justos o pecadores”
En una breve introducción en la que destaca una labor “impecable” de la fiscal Nora Marull, el juez Donnola analiza el contexto en el que fueron ejecutados los tres pibes de villa Moreno.
Al respecto, indicó que los hechos analizados “son de una gravedad inusual” y que “numerosos ataques a personas de manera artera, cruel y sin justificación aparente llevan a inferir o a sospechar que se dan en grupos organizados que parecen dirimir espacios de poder delictivo, predicamentos zonales e incluso acciones de venganza”.
Más allá de la gravedad de los hechos -continúa el fallo- “estos actos, en los últimos tiempos, han transformado las acciones emprendidas en una suerte de violencia costumbrista de todos los días, y en donde agrupaciones de personas o propiamente organizaciones delictivas no parecen registrar en sus códigos diferencias entre propios o extraños, justos o pecadores, culpables o inocentes, sino que estos se traducen en objetivos, planes o decisiones que deben cumplirse sin importar quiénes sean víctimas de estos”.
Un submundo real
Un marco especial y absolutamente ligado a transacciones relacionadas al tráfico de estupefacientes aparece como contexto de la minuciosa investigación sobre la masacre de villa Moreno.
En palabras del juez, “se puede determinar que varias personas y presuntamente algunos de los encartados de la causa, además de personal policial (hay dos uniformados procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y entre 3 y 4 que podrían ser citados a declarar próximamente) que se halla identificado con una seccional en particular, podrían tener una interrelación activa en maniobras relacionadas con el narcotráfico; hecho que además, impide o por lo menos entorpece cualquier acción de las fuerzas de seguridad, y más aún si éstas tratan de lograr un adecuado marco de investigación en miras a esclarecer los hechos”.
Por eso el juez consideró “ajustado a derecho” enviar copia de la resolución a la Justicia federal y al Ministerio de Seguridad provincial a fin de “coordinar esfuerzos en las investigaciones de hechos violentos con agrupaciones organizadas, que cuentan con una rentabilidad delictiva, poder económico y técnico que en muchos casos supera a las propias fuerzas policiales o de investigación, y están generando innumerables espacios peligrosos en el ámbito social”.
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