Un abogado intentó cobrarle a una mujer 250 mil pesos en concepto de un contrato que la víctima nunca firmó, por lo cual fue procesado por tentativa de extorsión, estafa procesal contra la administración pública y tres hechos de estafa, según una resolución de primera instancia. La misma suerte corrió un transportista que figuró como firmante en el contrato y un comerciante acusado de tentativa de extorsión en calidad de coautor. Este último acompañaba al abogado hasta el campo de la víctima con el fin de “arreglar” el problema, se desprende del fallo.
Siempre según la acusación, Renné –una mujer de avanzada edad– denunció en Tribunales que Alfio A., representado por el abogado Christian D., le inició una demanda con la intención de cobrar 250 mil pesos con fundamento en un contrato de mutuo que la mujer había firmado y no cumplió. La víctima negó haber firmado tal contrato; incluso su hijo declaró que su madre se enteró de la demanda cuando le llegó una cédula en abril de 2006. Posteriormente, comenzó a visitarlos en el campo familiar el abogado del denunciante con un acompañante que luego fue identificado como Miguel Ángel G. con el objeto de “arreglar” el problema. Los visitantes le aconsejaban que resolvieran el tema sin abogados ni policías, y que por 100 mil pesos dejarían sin efecto el contrato. En otra oportunidad, el letrado y su acompañante volvieron, esta vez con una pericia caligráfica que sostenía que la mujer había firmado y un video donde teóricamente se observaba a la anciana firmando el contrato, filmación que ofrecieron por la módica suma de 10 mil pesos. Estas visitas se repitieron en varias oportunidades con un único fin: “Arreglar o perdían todo”.
Por su parte el Juzgado de Instrucción 9ª, a cargo de Javier Beltramone, ordenó un peritaje caligráfico sobre el contrato según el cual la firma atribuida a la mujer era apócrifa, por lo que los tres involucrados fueron citados a indagatoria. Alfio A. negó el hecho. Miguel Ángel G. también rechazó la imputación, dijo desconocer a la familia de la víctima y pidió que el expediente se acumulara en un juzgado de San Lorenzo donde se tramita una causa penal en la que está involucrado junto a Alfio A..
Un dato que sobresalió en este fallo de primera instancia es la indagatoria de Crhistian D., quien sostuvo que recién en el momento de la declaración supo que el documento era falso. Y agregó que no es su obligación investigar la veracidad del contrato y que por el trabajo realizado se generaron honorarios por 75 mil pesos que pretendió cobrar. El magistrado explicó que “no logra salir de su perplejidad” y sostuvo que el acusado, al querer cobrar honorarios surgidos de un hecho ilícito, “desconoce los mandatos de su ministerio, abdica de su profesión, va contra las propias normas de la buena fe y de las más elementales del Código de Ética de los abogados y el Código Civil”. Un profesional del derecho debe verificar los extremos invocados en una demanda, y querer cobrarhonorarios cuyo basamento es un hecho ilícito “bastardea la profesión por la cual juró”, refiere el fallo.
El juez entendió que el letrado y el transportista siempre supieron de la ilegitimidad del contrato y de modo extorsivo ofrecieron el mencionado video. Por eso, dispuso el procesamiento de Christian D. por tentativa de extorsión, estafas reiteradas y tentativa de estafa procesal contra la administración pública, y lo embargó por 100 mil pesos. Miguel Ángel G. fue procesado por tentativa de extorsión en calidad de coautor; y Alfio A. fue encausado por tentativa de extorsión y estafa contra la administración pública en calidad de partícipe necesario y le embargaron la misma suma.
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