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Transparencia

PRO santafesino está en la mira por violar ley de financiamiento

Reflotan causa en la que Miguel Del Sel y el intendente de Funes, Barreto, podrían ser sancionados con inhabilitación electoral.


Un fallo de la Cámara Electoral que reflota una causa en la que se investigan supuestas violaciones del PRO santafesino a las normas de financiamiento partidario podría derivar en la inhabilitación electoral del dos veces candidato a gobernador Miguel Torres del Sel, en su rol de presidente del partido,  y a dos ex tesoreros del PRO que manejaron fondos del partido amarillo: Norberto Principato, quien ocupó el cargo hasta diciembre de 2012, y Diego León Barreto, quien asumió ese mes en reemplazo de Principato, luego fue concejal de Funes en el período 2013-15 y actualmente es intendente de la Ciudad Jardín, donde sucedió a la radical Mónica Tomei en diciembre de 2015.

La acusación

En una medida que no tuvo difusión mediática, los tres –Del Sel, Principato y León Barreto–fueron imputados por el fiscal Walter Rodríguez, por el manejo de los fondos utilizados del partido. Entre los considerandos de su acusación, el funcionario judicial explicó que “nunca se cumplió con la obligación del modo y forma indicado” por la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos y que “sólo fueron presentados ejercicios contables sin que sus «condiciones» permitan conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos del partido”.

También los acusó de “haber omitido informar sobre partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del año 2011, (…) aportes públicos para boletas de diputados generales, (…) y no acompañar la correspondiente documentación respaldatoria y un listado detallado de los aportes privados percibidos (…) conforme lo estipulado por la normativa”.

Rodríguez concluyó en su imputación que “ha quedado a la luz la existencia de un comportamiento deliberado, destinado a ocultar la situación financiera partidaria, máxime cuando además de los claros y taxativos extremos de la norma ritual, existen notificaciones del tribunal de instancia que permitan observar la existencia de incumplimientos que sistemáticamente y sin expresar causal alguna se negaron a cumplir”.

La prescripción

Pese a todo, el año pasado el juez federal con competencia electoral en Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, declaró extinguida la acción, ya que consideró que los hechos se encuentran sancionados “con inhabilitación temporal, por lo que el plazo de prescripción” de un año ya se había cumplido.

El turno de la Cámara

Finalmente, esta semana, la Cámara Nacional Electoral revocó la sentencia del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe. Los jueces Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Concuera consideraron que Rodríguez no contempló el segundo párrafo del artículo 63 del Código Penal que establece que la investigación de ilícitos “se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.

Los camaristas coincidieron con el fiscal Rodríguez, quien había destacado que en este caso, “no puede soslayarse la calidad de funcionario público que reviste el imputado pues significaría obviar el texto de la norma”.

Inhabilitación electoral

Caída la proscripción, si el juez considera culpable a Torres del Sel y Barreto, la sanción prevista en la ley es la inhabilitación electoral.

Así lo especifica el artículo 63 de la ley de de financiamiento de los partidos políticos: “El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financieros de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis meses a diez años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando: a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral. b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”.

Los descargos

Según el sitio fiscales.gob.ar “el actual embajador argentino en Panamá, Miguel Torres, calificó en su descargo los incumplimientos formales como «insignificantes» y consideró que en caso de aplicarse las graves sanciones que prevé el artículo 63, inciso b, de la ley N°26215 existiría “una desproporción entre la falta cometida y la pena”.

En el mismo sitio, se informa que “Barreto argumentó que asumió el cargo de tesorero del PRO santafesino el 14 de diciembre de 2012 y por lo tanto era Principato quien se encontraba en ejercicio efectivo de funciones al momento de haberse producido las supuestas inconsistencias. En tanto, Principato afirmó que no participó de la elaboración de los balances justamente por haber sido removido”.

Barreto: “No hay nada que ocultar”

El intendente de Funes, Diego León Barreto, se defendió del fallo de la Cámara Nacional Electoral. “No hay nada que ocultar”, afirmó el mandatario. En tanto, la intendencia funense difundió un comunicado defendiendo al titular del Ejecutivo.

Barreto afirmó: “Siempre estuvimos a disposición de la Justicia electoral, este fallo no cambia las cosas”.

“Está bien que la Justicia electoral investigue este tipo de infracciones”, declaró el jefe del Ejecutivo funense. Y destacó: “No hay nada que ocultar, voy a colaborar en todo lo necesario”.

En tanto, el comunicado indica que Barreto viene trabajando en el Partido Pro Propuesta Republicana de Santa Fe desde hace 10 años.

“Recién en la fecha 14 de diciembre del año 2012 obtuvo el cargo de Tesorero cuando, por decisión unánime de su Consejo Directivo (a solo 17 días de la finalización del ejercicio fiscal 2012), se decide la separación de su anterior Tesorero Norberto Principato, el cual fue intimado judicialmente a reintegro de los libros estatutarios y la documentación necesaria para la confección de los Estados Contables”, señala el texto. Y agrega: “En ese marco, y sabiendo que la designación de Barreto como tesorero se dio en los últimos días del mes de diciembre de 2012, entendemos que existe una intención política y no jurídica en la acusación al intendente”.

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