La jueza Roxana Bernardelli dictó prisión preventiva sin plazo a una mujer de 45 años y nacionalidad brasileña por el presunto delito de “promoción y facilitamiento de la prostitución”. La medida se impuso en la mañana de ayer durante una audiencia imputativa, después de que se realizaran, durante la madrugada del viernes, dos allanamientos: uno en un privado ubicado en San Lorenzo al 3700, en cercanías de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, y el otro a 200 metros del lugar, en pasaje Potosí al 3600, en el domicilio de la mujer detenida. En los operativos fueron halladas dos trabajadoras sexuales, quienes recibieron asistencia de equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos.
Los allanamientos fueron llevados adelante por la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas (AITP) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en San Lorenzo al 3714, donde hallaron a dos mujeres en situación de prostitución –una de nacionalidad paraguaya, de 32 años y otra de nacionalidad argentina, de 38–, un cliente y un hombre que cumplía funciones de seguridad en el lugar. Este último, fue detenido pero puesto en libertad a las pocas horas, luego de que la Justicia investigara sus antecedentes. En cambio Doraci T. quedó detenida, y se allanó también su domicilio, de donde surgieron las pruebas que resultaron determinantes para que se le dictara prisión preventiva.
Durante los procedimientos estuvieron presentes los fiscales de la Unidad de Delitos Sexuales Marianela Martín y Alejandro Raigal, miembros de Fundación María de los Ángeles Verón en Rosario y personal de la Dirección Nacional de Migraciones, ya que una de las víctimas y la acusada son extranjeras.
Según establece el nuevo sistema procesal penal, las medidas cautelares deben dictarse dentro de las 48 horas de haberse producido las detenciones. En este sentido, la titular de la Secretaría de Delitos Complejos, Ana Viglione, dijo oportunamente a este medio que con el viejo sistema judicial podían pasar meses o hasta años antes de que los detenidos por delitos vinculados con la trata de personas o explotación sexual recibieran su imputación. “En cambio, en el nuevo sistema penal se ve reflejado nuestro trabajo muchísimo más rápido que antes porque en 24 horas por lo general se produce la audiencia imputativa de los involucrados en el delito que nosotros investigamos”, había expresado la funcionaria.
Durante 2014 el área a cargo de Viglione realizó veinte allanamientos en “privados” y domicilios particulares en Rosario, y asistió a 85 presuntas víctimas de explotación sexual, trece de las cuales eran menores.
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