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Costo de vida

Primeras protestas por el nuevo aumento de la tarifa de la EPE

Lamberto le solicitó “razonabilidad” a la empresa y pidió contemplar “la realidad socioeconómica de los usuarios”.


Desde el 1º de enero rigen las nuevas tarifas de la EPE y las primeras quejas no se hicieron esperar. El Defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, pidió “razonabilidad” a la empresa y reiteró la necesidad “de contemplar la realidad socioeconómica de los usuarios”, mientras que la diputada opositora Patricia Chialvo se lamentó de que el gobierno santafesino, al autorizar el nuevo cuadro tarifario, no haya tenido en cuenta “la participación ciudadana” en la audiencia pública realizada el 25 de noviembre.

A través de la resolución 109, firmada el 20 de diciembre de 2016, la Secretaría de Energía de la provincia autorizó el aumento desdoblado de la tarifa energética: 15% a partir del 1º de enero y otro 19,1% desde el 1º de marzo. Las nuevas tarifas fueron argumentadas desde la empresa para cubrir los mayores costos operativos por la inflación y tipo de cambio, ya que parte de Los insumos y repuestos se comercializan en dólares.

Antes de la autorización por parte del gobierno, hubo una audiencia pública en Santa Fe, en la cual organizaciones de consumidores y dirigentes de la oposición plantearon reparos al nuevo cuadro tarifario, sobre todo por los dos aumentos que hubo el año pasado: uno pedido por la EPE y el otro como consecuencia de la quita de subsidios por parte de la Nación. Pero, a pesar de los reparos, la provincia aprobó el cuadro tarifario tal como lo pidió la empresa.

“Gradualidad”

Ayer, el Defensor del Pueblo ratificó la postura que había planteado en la audiencia de noviembre, cuando pidió que la actualización de costos tuviera “gradualidad y razonabilidad” y que además se contemplara “la realidad socioeconómica de los usuarios, no pudiéndose perder de vista que el servicio público de energía eléctrica es esencial para las personas y considerado un derecho humano fundamental para un desarrollo digno”.

“No se puede soslayar que el usuario es un único sujeto que debe afrontar con sus ingresos la totalidad de los servicios públicos esenciales, por ende, la proporcionalidad, gradualidad y razonabilidad deben ser evaluadas bajo la óptica de la totalidad de los aumentos aprobados”, agregó Lamberto.

Por otra parte, el defensor del Pueblo planteó la necesidad de crear un ente de control para la EPE que debería contar “con capacidad técnica, autonomía funcional, autarquía y con representación de los usuarios”.

Participación ciudadana

Por su lado, la diputada provincial del PJ Patricia Chialvo valoró los mecanismos de participación ciudadana en la discusión de las nuevas tarifas, pero reclamó mayor apertura por parte del Ejecutivo sobre lo resuelto por las instituciones que participaron de la audiencia pública.

“Poder contar con instituciones que canalicen las demandas sociales es algo que debemos cuidar y valorar”, sostuvo la legisladora, a la vez que advirtió sobre el riesgo de invalidar su utilidad, haciendo caso omiso sobre lo que manifiestan: “Esto ya ocurrió con el aumento de las tarifas de la EPE, donde se autorizaron aumentos a pesar de los fuertes cuestionamientos de distintos sectores”.

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